Uruguay acelera una decisión clave sobre sus patrulleros oceánicos y abre un frente inesperado con España
La relación contractual entre el Estado uruguayo y el astillero gallego Cardama atraviesa su momento más delicado desde la adjudicación del programa de patrulleros oceánicos. El Ejecutivo confirmó su intención de rescindir el contrato para la construcción de dos unidades OPV 87 destinadas a la Armada Nacional, una decisión que se apoya en informes técnicos y en la existencia de indicios considerados graves por las autoridades.
Según datos oficiales, Uruguay ya desembolsó cerca del 30 % del valor total del contrato en concepto de hitos de construcción. Esa inversión previa, estimada en unos 30 millones de dólares, no ha evitado que el Gobierno cuestione la viabilidad del proyecto ni la solidez jurídica del acuerdo firmado con la empresa española.
Un contrato bajo sospecha desde su origen
La adjudicación del programa OPV generó controversia desde sus primeras etapas. El Frente Amplio, hoy en el poder, ya había manifestado su rechazo cuando se encontraba en la oposición, señalando dudas sobre el proceso y sobre la estructura financiera presentada por el constructor.
La situación se agravó tras la caída de la garantía de fiel cumplimiento por 4,2 millones de euros, emitida a través de una firma británica que posteriormente se comprobó que no existía. Cardama sostuvo haber sido víctima de una estafa, pero el episodio debilitó la confianza institucional en el contrato.
Las garantías financieras en el centro del conflicto
Posteriormente, el foco se desplazó hacia una segunda garantía, por 8,2 millones de euros, supuestamente respaldada por una aseguradora estadounidense. Mientras el Gobierno uruguayo consideró que dicha póliza no cumplía con los requisitos exigidos, desde el entorno del astillero se defendió su plena validez y vigencia.
Estas discrepancias técnicas y legales terminaron por instalar un clima de desconfianza que fue escalando hasta el actual escenario de rescisión contractual, con consecuencias aún difíciles de dimensionar.
Retrasos técnicos y hitos incumplidos
Más allá de las garantías, el desarrollo industrial del proyecto comenzó a mostrar señales de retraso. El contrato establecía una serie de hitos vinculados al avance de la construcción, cuya validación habilitaba nuevos pagos por parte del Estado.
Uno de los puntos críticos fue el tercer hito, relacionado con la recepción de los motores principales fabricados por Caterpillar. Este paso debía completarse en diciembre de 2025, pero no pudo ser certificado, lo que bloqueó un desembolso adicional de ocho millones de euros.
Impacto en el calendario de entrega
El cronograma original fijaba la entrega del primer patrullero a los 18 meses del primer pago, un plazo que se cumpliría a mediados de 2026. La falta de componentes clave y la imposibilidad de validar avances técnicos pusieron en duda el cumplimiento de esa fecha.
Aunque el contrato contemplaba la figura de los retrasos autorizados por causas de fuerza mayor, el Gobierno entiende que las demoras acumuladas exceden ese marco y afectan directamente al objetivo estratégico del programa.
Escalada política y camino judicial
La decisión de avanzar hacia la rescisión no se limita al plano administrativo. El astillero ya inició acciones legales, mientras Uruguay se prepara para un proceso que podría derivar en instancias de arbitraje internacional si no se alcanza una solución en sede local.
El contrato establece que los tribunales uruguayos son competentes para los aspectos jurídicos, mientras que la supervisión técnica corresponde a la sociedad de clasificación Lloyd’s Register. En caso de desacuerdo, el conflicto podría escalar hasta la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El rol de las auditorías externas
En paralelo, el Ejecutivo recurrió a la firma internacional Bureau Veritas para contar con un informe independiente que respalde su posición. Ese documento, según fuentes oficiales, ya estaría en manos del Gobierno y serviría como fundamento técnico para la decisión final.
Desde Cardama, en cambio, se insiste en que los trabajos nunca se detuvieron y que cada avance fue inspeccionado y certificado conforme a los estándares internacionales.
Un proyecto estratégico en suspenso
La eventual ruptura del contrato trasciende el conflicto comercial. Los patrulleros oceánicos estaban destinados a reforzar la capacidad de control y vigilancia de Uruguay sobre su extenso espacio marítimo, clave para la protección de recursos naturales y el ejercicio de la soberanía.
Autoridades del Ministerio de Defensa subrayaron en reiteradas ocasiones que el país posee una superficie marítima incluso mayor que su territorio terrestre, lo que exige medios adecuados para la vigilancia, el control de actividades ilícitas y la protección de intereses estratégicos.
Con el programa OPV en pausa, Uruguay enfrenta ahora el desafío de redefinir su estrategia naval, evaluar nuevos proveedores o relanzar el proceso de contratación, todo ello en un contexto de tensión política y posibles litigios internacionales.
La decisión final sobre el contrato con Cardama marcará un precedente relevante para futuros programas de defensa y para la relación del país con la industria naval internacional, en un momento en el que la presencia en el mar se ha convertido en un factor central de la agenda de seguridad nacional.