La polémica por las viviendas protegidas adjudicadas en el residencial Les Naus de Alicante ha provocado en apenas unas semanas una sacudida política e institucional con efecto dominó. El Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno han ido anunciando medidas, revisiones y promesas de mayor control. Pero, más allá del ruido, el caso deja una pregunta útil para cualquiera que trate de entender cómo funciona (y cómo debería funcionar) el acceso a una vivienda pública: qué cosas dicen ahora las administraciones que van a cambiar para que no vuelva a pasar y qué incongruencias siguen intactas en el sistema, aunque nadie las haya tocado todavía.
