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Familia de Jaime Guzmán valora revocación del estatus de refugiado de Galvarino Apablaza

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La familia del asesinado senador Jaime Guzmán recibió con esperanza el reciente fallo de la justicia argentina que revoca la calidad de refugiado de Galvarino Apablaza. El exfrentista es requerido por los tribunales chilenos como el autor intelectual del homicidio del legislador y del secuestro de Cristián Edwards, ambos delitos perpetrados en 1991. Para el entorno del fundador de la UDI, esta resolución representa el inicio del fin de un “largo período de impunidad y protección internacional”.

Francisco Moreno, sobrino del senador y vocero de la familia, destacó que, si bien aún no han sido notificados oficialmente, la confirmación del cese del estatus de refugiado político es un paso de enorme relevancia. Esta condición era el principal obstáculo legal que impedía materializar la extradición concedida hace más de una década por la Corte Suprema Federal de Argentina, permitiendo que Apablaza finalmente enfrente a la justicia en territorio nacional.

El largo camino hacia la extradición

El proceso para traer a Apablaza de regreso a Chile ha estado marcado por décadas de trámites diplomáticos y judiciales. El abogado de la familia, Pablo Toloza, recordó que han pasado siete años de tramitación desde que el exfrentista presentó recursos contra la resolución de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que inicialmente le quitó la protección. El rechazo de esta última apelación por parte de la Cámara de Apelaciones argentina destraba un nudo crítico en la causa.

Un anhelo de justicia tras 35 años

Desde la familia Guzmán manifestaron su confianza en que este avance judicial permitirá avanzar en el cumplimiento de las sentencias pendientes. Moreno, quien se desempeñó como subsecretario de Hacienda, recalcó que el objetivo siempre ha sido someter al implicado a los tribunales chilenos para que asuma su responsabilidad en el comando extremista que atacó al senador a la salida del Campus Oriente de la PUC.

A pesar de las complicaciones y el tiempo transcurrido, los querellantes sostienen que la colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países es clave para cerrar una de las heridas más profundas del periodo de transición a la democracia en Chile. Con la revocación del refugio, la defensa de Apablaza agota sus instancias para evitar el traslado, situando al Gobierno argentino ante la decisión final de ejecutar la entrega del procesado.















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