Más de 9,2 millones de bajas el pasado año y un coste de 33.300 millones para la Seguridad Social y las empresas han hecho de la gestión de la incapacidad temporal el segundo gasto más elevado para el organismo que paga las pensiones, y el quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios. Fracasados los intentos de controlar los abonos, y cerrada la puerta a que las mutuas puedan dar altas, el Gobierno pone ahora sus esperanzas de un mayor control en fórmulas como las altas progresivas o la creación de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal (IT). Son medidas que ahora desempolva el Ejecutivo tras el informe de la Airef, en el que denunció la...
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