La primera jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) en defensa de un Estatuto Propio para la profesión médica se ha desarrollado con aparente normalidad en los centros sanitarios de la región. Una normalidad que, según los convocantes, es precisamente la prueba de lo que consideran unos servicios mínimos «abusivos» y «desproporcionados», hasta el punto de que, aseguran, « hay más médicos trabajando que un día normal». Decenas de facultativos se han concentrado a las puertas del Hospital Universitario de Toledo para visibilizar una protesta que se enmarca en la huelga nacional de médicos y que, en Castilla-La Mancha, se desarrollará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero, además de otras jornadas previstas en junio. El vicesecretario de CESM-CLM Toledo, Carlos Vicario, ha denunciado ante los medios que los servicios mínimos fijados por la Administración regional no han sido consensuados y que suponen, en la práctica, la desactivación de la movilización . «Hubo una reunión en la que planteamos nuestras alternativas a los servicios mínimos y nuestras quejas sobre el anterior decreto, pero ninguna de esas reclamaciones ha sido tenida en cuenta», ha asegurado. Como ejemplo, Vicario ha señalado que solo en el Hospital Universitario de Toledo hay «más de 300 médicos nombrados como servicios mínimos». «Hay servicios en los que hay más gente trabajando que en un día normal. En muchos casos hay muchísima más gente que durante el periodo de vacaciones», ha afirmado. A su juicio, la situación evidencia una contradicción: «Cuando hay servicios mínimos del 100% en determinados servicios, algo falla. O se están imponiendo servicios totalmente abusivos con el objetivo de desactivar la huelga o significa que a la población no se la está atendiendo bien en otros periodos». Desde el sindicato insisten en que la convocatoria no busca perjudicar a los pacientes, sino defender un Estatuto Propio que reconozca la singularidad de la profesión médica, su nivel de responsabilidad y su exigente formación. La huelga afecta a médicos, facultativos especialistas y residentes de todo el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y se enmarca también en la huelga nacional convocada en las mismas fechas. Vicario ha enmarcado la protesta en un contexto de deterioro progresivo de las condiciones laborales. «En los últimos años hemos visto una fuga inmensa de médicos a otros países y del ámbito público a la medicina privada. Las condiciones se han ido deteriorando y ahora somos una minoría cuantitativa en el ámbito sanitario», ha lamentado. Según ha explicado, las decisiones se adoptan sin contar con el colectivo médico y muchos de los esfuerzos para mejorar otras categorías «recaen sobre nuestras espaldas». En la concentración también ha participado el presidente del sindicato Simefyr, Juan José García Cruz , anestesista, quien ha defendido que la profesión médica tiene características «muy definidas» que la diferencian del resto. «No somos graduados normales. Somos graduados con 360 créditos, grado máster y además un examen MIR y cuatro o cinco años de especialidad. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que se nos considere por lo que somos», ha señalado. Entre sus reivindicaciones figuran una jornada laboral digna, una clasificación profesional acorde a la competencia y responsabilidad del puesto y el fin de la precariedad contractual. Denuncian jornadas de hasta 48 horas semanales en cómputo semestral, algo que consideran excepcional en el mercado laboral español. También reclaman la implantación de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha, que aseguran sigue pendiente pese a los compromisos adquiridos en distintas legislaturas. Frente a estas acusaciones, el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha defendido que los servicios mínimos «no han sido impuestos de forma unilateral, sino negociados con el Comité de Huelga y diseñados con criterios técnicos y de proporcionalidad». Según ha explicado, se ha buscado «el equilibrio entre garantizar la asistencia inaplazable y no vaciar de contenido el derecho de huelga». De acuerdo con la Resolución de 6 de febrero de 2026 de la Consejería de Sanidad, están garantizados al cien por cien los servicios de urgencias, las unidades de críticos, la diálisis, el Hospital de Día Oncohematológico y los tratamientos oncológicos en curso, entre otros servicios esenciales. En el resto de áreas, se han establecido refuerzos para evitar situaciones de saturación o impacto clínico en pacientes vulnerables. Jara ha subrayado la singularidad de esta convocatoria, que contempla cinco días consecutivos de paro. «Puede suponer en determinados servicios hasta nueve días sin actividad ordinaria, lo que obliga a una gestión especialmente rigurosa», ha explicado. A su juicio, esto tiene consecuencias asistenciales reales, como la rotación de pacientes hospitalizados o la disponibilidad de camas, que exigen extremar la planificación.
