Un diputado desmonta la petición del Gobierno de investigar a redes sociales: "Han pasado dos años y no han hecho nada"
El diputado del PP por Málaga Mario Cortés ha criticado con dureza al Gobierno por su ofensiva contra las redes sociales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cortés asegura que el Ejecutivo “llega dos años tarde” y que la petición a la Fiscalía para investigar a plataformas como X, TikTok o Meta “no es más que una cortina de humo”.
Según el diputado, el Gobierno “no ha hecho absolutamente nada” para aplicar la normativa europea que ya obliga a España a vigilar y sancionar a estas plataformas.
Cortés se refiere al Reglamento de Servicios Digitales (DSA), aprobado en 2022 y plenamente aplicable desde 2024. La norma exige que cada país de la UE cuente con un Coordinador de Servicios Digitales con capacidad sancionadora.
En el caso de España, ese papel corresponde a la CNMC, pero el Gobierno sigue sin reformar sus estatutos para darle las competencias necesarias. “Mucho más contundente hubiera sido habilitar a la CNMC, que puede imponer multas de hasta el 6% de la facturación”, escribió el diputado. “Pero no lo han hecho”.
Dos años de retraso y un regulador sin poderes: el vacío que señala la oposición
La crítica llega en un momento en el que el Ejecutivo ha intensificado su discurso contra las grandes tecnológicas. Pedro Sánchez anunció en Dubái su intención de sacar a los menores de 16 años de las redes sociales y perseguir penalmente a los “tecnobillonarios” que, según él, “socavan las democracias”.
Sin embargo, España es uno de los pocos países de la UE que sigue sin cumplir el DSA. Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por este retraso, en un caso registrado como C‑841/25.
La reforma de la CNMC se intentó aprobar en diciembre mediante un real decreto, pero el Congreso lo tumbó. Ahora, el Gobierno lo ha vuelto a incluir en un proyecto de ley más amplio, que mezcla la habilitación del regulador con otras medidas polémicas, como el listado de medios.
La oposición acusa al Ejecutivo de “enredarlo todo” y de bloquear, por su propia estrategia legislativa, la aplicación del DSA.
Mientras tanto, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, advirtió en el Congreso de que España corre “el riesgo de que en nuestro territorio se alojen plataformas indeseadas” si no se habilita al organismo, una irregularidad que justo este mes de febrero cumple dos años.