Polla Chilena presenta querella contra exsocio del futuro subsecretario de Seguridad por asociación criminal y lavado de activos
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia contra Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quien ha sido cuestionado por sus vínculos comerciales con personas procesadas por delitos económicos.
Según informó La Tercera, la acción judicial es patrocinada por el abogado Isidro Solís y se dirige contra nueve personas vinculadas a plataformas de apuestas online, a quienes se les imputan los delitos de asociación criminal y lavado de activos.
Entre los imputados figura Salazar, identificado como representante y dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, conocida comercialmente como Pagadoor. En la querella, Polla Chilena sostiene que los acusados habrían conformado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos”, vinculados a la conducta del juego y las apuestas, operando mediante una estructura jerarquizada con distribución de funciones y contratos publicitarios y financieros para viabilizar el negocio.
El escrito detalla que los denominados proveedores de servicios de pago (PSP) se comprometían a seguir instrucciones de los sitios de apuestas para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias en Chile. Para la estatal, este sistema no sería autónomo, sino que estaría sujeto a contratos que permitirían canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Respecto del presunto lavado de activos, Polla Chilena sostiene que los montos recaudados a través del juego ilegal eran procesados por estas plataformas de pago y posteriormente remitidos a entidades extranjeras que dirigirían el mercado, además de financiar premios a apostadores chilenos con fondos que, a juicio del querellante, deberían ser objeto de comiso.
Tras la admisión de la querella, el caso fue derivado al Ministerio Público y quedó en manos de la Fiscalía Oriente, encabezada por la fiscal regional Lorena Parra, aunque aún no se ha designado a un persecutor a cargo de la investigación.