El Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración, el dispositivo ideado por el Gobierno para poner bajo control las viviendas turísticas en España y cuya activación ha propiciado la salida del mercado de más de 80.000 pisos y una drástica reducción de la oferta de este canal en unas 400.000 plazas, está en serio riesgo. Recurrido ante el Tribunal Supremo por un puñado de gobiernos autonómicos y asociaciones desde el momento de su lanzamiento, ahora ha sido la Comisión Europea la que ha instado de forma expresa al Gobierno español a poner fin en las próximas semanas a la anomalía regulatoria ocasionada por su puesta en marcha, que ha incumplido el único mandato que exigía Bruselas: que los propietarios «no...
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