El Gobierno vasco, presidido por Imanol Pradales, defiende que únicamente «cumple» con el ordenamiento jurídico a la hora de conceder terceros grados y autorizar el artículo 100.2 a los presos de ETA. Antes, en un tenso debate en el Parlamento de Vitoria, el portavoz del PP, Javier de Andrés, ha acusado a Pradales de «engañar a la Fiscalía y a los jueces» y de actuar como el «carcelero» del plan pactado entre Pedro Sánchez y Otegi. Un mensaje similar al que ha trasladado directamente Amaia Martínez, única diputada de Vox, a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, que tiene atribuidas las competencias sobre Administración penitenciaria. «Me han pedido que la ponga en la...
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