Por qué se desclasifican los papeles del 23F ahora: qué dice la ley sobre cuánto duran los secretos oficiales
El presidente del Gobierno ha adelantado a través de 'X' que mañana desclasificará los documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Sánchez ha señalado que "la memoria no puede estar bajo llave" y que las democracias deben conocer su pasado "para construir un futuro más libre".
La desclasificación será efectiva el miércoles 25, coincidiendo con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, los documentos podrán consultarse públicamente a través de la página web oficial del Gobierno, en el portal de La Moncloa, facilitando así el acceso directo de investigadores, medios de comunicación y ciudadanía en general.
Qué dice la Ley de Secretos Oficiales
La decisión se enmarca en lo que establece la Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, que regula la conservación y desclasificación de documentos del Estado. Según esta norma, los documentos clasificados como secretos oficiales pueden mantenerse bajo reserva hasta un máximo de 50 años, salvo aquellos considerados de "interés vital para la seguridad del Estado". En este caso, el tiempo transcurrido es de 45 años.
La misma ley establece que la desclasificación puede ser autorizada tanto por el Presidente del Gobierno como por el Consejo de Ministros, siendo este último el órgano que aprobará mañana levantar la reserva de estos documentos.
Además, la normativa contempla que los documentos secretos pueden hacerse públicos cuando el interés histórico o público supera cualquier posible riesgo para la seguridad. El 23-F, como intento de golpe de Estado, es un hecho de gran relevancia nacional e interés para la ciudadanía.
Una normativa más atascada en el Gobierno
El pasado 22 de julio de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada. El texto, que establece por primera vez la desclasificación automática antes de que se cumpla un plazo máximo de 60 años, pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968.
De esta manera, el tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15 años. Este proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
"Si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE en el último trimestre de este año, y entraría en vigor en el último trimestre de 2026", aseguró Félix Bolaños. Sin embargo, siete meses más tarde, la normativa sigue atascada en el Gobierno. Un hecho que ha cuestionado, una vez más, la ineficacia de sus decisiones.