Sánchez anuncia que el martes desclasificará los documentos del 23-F
El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una decisión con la que el Ejecutivo pretende cerrar una deuda pendiente en materia de transparencia institucional y acceso a la información histórica.
La medida permitirá levantar el secreto oficial que aún pesaba sobre parte de la documentación vinculada a aquellos hechos.
La desclasificación será efectiva el miércoles 25, coincidiendo con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, los documentos podrán consultarse públicamente a través de la página web oficial del Gobierno, en el portal de La Moncloa, facilitando así el acceso directo de investigadores, medios de comunicación y ciudadanía en general.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá los detalles de la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde previsiblemente explicará el alcance del material que se hará público y el procedimiento seguido para su liberación.
El régimen jurídico de los secretos oficiales en España se rige todavía por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo y modificada parcialmente en 1978 para adaptarla al nuevo marco constitucional.
Esta ley permite clasificar como “secretos” o “reservados” aquellos asuntos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Sin embargo, no establece un plazo automático de desclasificación, lo que ha provocado que numerosos documentos permanezcan protegidos durante décadas si no media una decisión expresa del Consejo de Ministros.
En los últimos años, distintos grupos parlamentarios y asociaciones de memoria histórica han reclamado una reforma integral de esta legislación para fijar plazos claros y homologables a los estándares europeos, así como para evitar que la clasificación se prolongue indefinidamente.
El Gobierno ha trabajado en sucesivos borradores de una nueva ley de información clasificada que sustituya a la normativa de 1968, aunque el texto aún no ha culminado su tramitación parlamentaria.