Juristas, sobre la desclasificación del 23-F: "Detrás irán los GAL y la Monarquía"
Juristas y catedráticos consultados por LA RAZÓN sostienen que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar todos los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F es perfectamente factible a tenor de lo recogido en la ley de secretos oficiales de 1968, aunque consideran que tiene una "intencionalidad política muy clara". Los expertos vaticinan que este movimiento, que responde a una histórica reclamación del PNV, empujará el relato hacia un único sentido en el que saldrán mal parados Juan Carlos I y el Gobierno de Felipe González.
Las voces consultadas precisan que "nunca debería haber ningún problema en desclasificar información" para facilitar el trabajo a los historiadores. Ahora bien, consideran que tras este anuncio dado a conocer por el presidente del Gobierno a través de su cuenta personal de X, hay una clara táctica política. "Se trata de embarrar y no clarificar. Estoy seguro de que el rey emérito no va a salir bien parado de esta desclasificación. Me parece que es un intento de desviar la atención", precisa uno de ellos. Al hilo, sospechan también que el Ejecutivo de Felipe González, con el que Moncloa marca distancias, tampoco saldrá ileso de esta desclasificación.
Cabe recordar que con este movimiento Moncloa contenta a socios como ERC, Bildu el PNV. Esta última de hecho, ya avanzó el lunes que "hay que seguir" por este camino. La portavoz de la formación nacionalista vasca en el Congreso, Maribel Vaquero, solicitó desclasificar también los documentos relativos a la muerte de Mikel Zabalza en 1985 como víctima de presuntas torturas policiales o los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, tras el fallecimiento de Francisco Franco. Precisamente, los catedráticos consultados alegan que uno de los aspectos donde se va a poner ahora el foco es en la Transición Española, aunque prevén que a partir de ahí se abra la veda para desclasificar también todo lo relativo a los GAL.
"La desclasificación no va a ser objetiva"
En ese sentido, la propia portavoz del PNV en la Cámara Baja dejó claro en su mensaje que seguirán adelante para que vean la luz más documentos protegidos por la ley de secretos oficiales. "A partir de ahí, todo lo demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo", escribió en su cuenta personal de X. Cabe recordar que el Gobierno introdujo en la Ley de Memoria Democrática, de 2022, el compromiso de estudiar "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia". Así lo establece la disposición adicional decimosexta que delimitó el periodo de estudio entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, esto es el periodo de la Transición.
Por todo ello, los juristas consultados vaticinan que la desclasificación "no va a ser objetiva" y entienden este anuncio más como un gesto con sus socios políticos. El Gobierno de Sánchez justifica esta desclasificación amparándose en el proyecto de Ley de Información Clasificada, con el que se pretende sustituir a la norma preconstitucional de 1968. Entre las principales novedades que incluyó el nuevo texto (que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados) destaca el hecho de que se ponga fecha límite para las materias reservadas.
En concreto, el texto determinó que se desclasificaría automáticamente el material considerado como "alto secreto" transcurridos cuarenta y cinco años de su clasificación. Se trata de un supuesto que se da en lo relativo al golpe de Estado de 23-F de 1981, del que este lunes se cumplieron 45 años. Sin embargo, los expertos consultados matizan que la actual ley de secretos oficiales no prevé ningún plazo automático de desclasificación, como así tampoco la reforma que se aprobó el 7 de octubre de 1978. "Lo hacen sobre lo contenido en su propuesta, pero la misma no tiene base legal", precisan.
La ley en vigor no marca plazos
Fuentes de la Cámara Baja indican en relación con el proyecto de ley que se registró en agosto del año pasado que "está parado" y que todavía no ha pasado por la Comisión de Justicia. El texto establece en su artículo 16 que la clasificación de las materias reservadas no podrá superar los 45 años, pudiendo prorrogarse "únicamente en una ocasión de manera excepcional y motivada".
Por su parte, la información clasificada en la categoría de secreto se desclasificará automáticamente transcurridos 35 años desde su clasificación, mientras que la información "confidencial" y "restringida" se desclasificará automáticamente transcurrido el plazo específico que señale la autoridad de clasificación, que será de entre siete y nueve años y entre cuatro y cinco años, respectivamente.
En lo que respecta a la documentación del 23-F, que saldrán a la luz mañana miércoles, los mismos se encuentran bajo el control del CNI (antiguo Cesid) y también del Tribunal Supremo. Este último custodia todo el material judicial relativo al golpe de Estado de 1981. Fuentes del alto tribunal confirman a este medio que se ha facilitado su consulta a quienes lo han reclamado a través de la Sala de Gobierno. No obstante, esta será la primera vez que se conozcan públicamente todos los documentos íntegros, ya que se publicarán en la página web de Moncloa.