«La inseguridad jurídica es el resultado directo de una cascada de nuevas regulaciones, que traen consigo el aumento de los costes de cumplimiento y la dificultad para conocer el acervo legislativo verdaderamente aplicable». Es una de las conclusiones a las que llega una auditoría del Instituto Juan de Mariana (IJM) y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU) elaborada con un programa propio de inteligencia artificial con el que llegan a la conclusión de que el 84% de las leyes que han visto la luz durante la Presidencia de Pedro Sánchez podrían derogarse o reformarse por «ineficaces» sin provocar desajustes en España. Según sus cálculos, las modificaciones ahorrarían a España 90.000 millones anuales, alrededor del 5% del PIB...
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