PJ programa audiencia preliminar contra Francisco Sagasti para el 26 de marzo
El Poder Judicial programó para el 26 de marzo una audiencia preliminar virtual de control de acusación en el proceso contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, en el marco de un proceso por presunto abuso de autoridad en agravio del Estado.
La diligencia será conducida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y forma parte de la etapa de control de acusación, paso previo a una eventual apertura de juicio oral,
La imputación se originó tras la presentación de recursos legales por parte de los oficiales afectados, quienes cuestionaron la validez de los despidos y alegaron que estos no respetaron los criterios normativos internos de la institución.
En paralelo, la Procuraduría Pública ha solicitado que Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice asuman una reparación civil de S/400 000 si se confirma su responsabilidad penal, y ha intervenido como parte civil en el caso. La audiencia será un hito clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral.
¿Por qué el Estado reclama S/400 mil a Francisco Sagasti?
La Procuraduría argumenta que los retiros de generales de la PNP realizados durante la transición de 2020 se produjeron sin una motivación legal válida y en contra del marco normativo que regula la designación del comandante general. Para la entidad, este accionar habría quebrado la estructura interna de la Policía Nacional en un momento crítico.
Según el documento presentado ante el Juzgado Supremo, la remoción simultánea de 19 altos mandos generó un “daño extrapatrimonial” al Estado. No se trata de una pérdida económica directa, sino de un impacto institucional que, afirma, afectó la estabilidad, imagen y continuidad operativa de la PNP. Este tipo de perjuicio puede ser reclamado en un proceso penal.
La Procuraduría también advierte que los hechos atribuidos a Francisco Sagasti y sus entonces ministros contravinieron principios constitucionales y éticos. Entre ellos, el deber del presidente de cumplir la ley y la obligación de todo funcionario de motivar sus decisiones. Para la entidad, esta conducta justifica la reparación solicitada mientras continúa la investigación por abuso de autoridad.