Reforma al sistema político pasa a Sala de la Cámara: eleva exigencias a partidos y castiga el discolaje

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara despachó a Sala el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. La iniciativa fue previamente aprobada por el Senado y forma parte de una reforma más amplia al sistema político y electoral, cuyo eje central es fortalecer el rol de los partidos y reducir la fragmentación parlamentaria.

El texto despachado por la Cámara Baja incorporó exigencias más estrictas para la constitución y funcionamiento de los partidos, nuevas reglas sobre financiamiento público y disposiciones orientadas a reforzar la disciplina partidaria.

Durante la sesión, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, explicó las indicaciones del Ejecutivo en materia de principios estatutarios. Entre ellas, se propuso que los estatutos de los partidos incluyan al momento de su constitución una condena explícita “a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia, al proponerla o incitarla a ella como método de acción política”. Asimismo, deberán condenar los actos de corrupción y reafirmar su compromiso con la pluralidad y la transparencia en la actividad política.

Otros de los puntos debatidos fueron la inhabilidad para los fundadores de partidos, los requisitos de afiliación para constituir partidos y las sanciones contra el discolaje. La secretaria de Estado sostuvo que estos ajustes buscan “reforzar estándares democráticos mínimos en la formación de colectividades políticas”.

Entre los principales reparos, el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) cuestionó duramente el proyecto. “No se ha explicado suficientemente por qué esta norma, por qué esta persecución a quienes fundan partidos”, sostuvo, calificándola como una “ley antidíscolo exacerbada” que impone desincentivos —como mayores firmas, restricciones y falta de financiamiento— sin que ello, a su juicio, mejore la calidad de la democracia.

Respecto de la disciplina partidaria, Lobos señaló que el Gobierno recogió parcialmente una indicación que avanza en esa línea, pero advirtió que no corresponde trasladar la regulación de los comités parlamentarios desde la ley orgánica del Congreso a la ley de partidos. “Nos parece importante legalizar los reglamentos, pero tampoco sobre regular desde la ley ni deslocalizar la regulación que está prevista en la ley orgánica”, argumentó.

En materia de financiamiento, el Ejecutivo propuso aprobar sin modificaciones lo despachado por el Senado. Entre los ejes, se establece la exigencia de contar con representación parlamentaria para acceder a financiamiento público; que si un parlamentario electo por un partido se desafilia, el aporte continúe íntegramente para la colectividad por la cual fue elegido; y que la nueva colectividad a la que eventualmente se incorpore no incremente su financiamiento por esa incorporación.

Lobos recordó que también se debatió la posibilidad de reducir los montos de financiamiento, pero sostuvo que el Ejecutivo no es partidario de innovar en ese punto respecto del régimen vigente.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) manifestó reparos. Señaló que el financiamiento público surgió como herramienta de transparencia y para erradicar el financiamiento ilegal, y advirtió que limitarlo solo a partidos con representación parlamentaria podría dejar espacios vulnerables. “El día de mañana pueden armarse partidos al alero de lo local (…) y a lo mejor no tener representación parlamentaria, pero estar expuestos a que los financie el narco”, planteó.

Por otro lado, se aprobó una indicación que facilita a los partidos afectados por los criterios de disolución en esta legislatura a poder fusionarse con otros partidos vigentes. La indicación temporal permitirá bajo determinados criterios la fusión de partidos políticos que no alcanzaron el umbral requerido en la elección parlamentaria de 2025 y que, por tanto, deberían perder su legalidad.

También durante la discusión, el diputado Jaime Mulet planteó reparos en cuanto a los requisitos para la subsistencia legal de los partidos y su eventual disolución. El parlamentario cuestionó la interpretación que —según señaló— estaría sosteniendo el Consejo del Servicio Electoral, en relación con la exigencia de elegir un determinado número de parlamentarios en la última elección para mantener la existencia legal y advirtió que la interpretación podría conducir a una “situación absurda”.

El diputado también vinculó este punto con el aumento de exigencias de afiliación que contempla el proyecto, que eleva el requisito hasta el 0,3% del padrón electoral —cerca de 46 mil firmas—, lo que, sumado a reglas estrictas de disolución, podría dificultar seriamente la viabilidad de nuevas colectividades.