¿Del diálogo a un nuevo Congreso educativo?
La reciente convocatoria realizada por el Ministerio de Educación para instalar mesas de trabajo destinadas a iniciar el análisis del cambio de la Ley 070 representa una nueva oportunidad para situar a la educación en el primer lugar del debate público. Sin embargo, es importante recordar experiencias recientes, como el Congreso Educativo del gobierno de Arce, que terminó en un fracaso debido a una inadecuada preparación del evento y al direccionamiento de las participaciones. El fracaso fue tan significativo que las conclusiones nunca se publicaron oficialmente.
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La historia de la educación en nuestro país ofrece lecciones importantes sobre lo que ocurre cuando los diálogos no son democráticos, participativos y auténticos en sus representaciones. El Congreso de Educación de 1992 se inició con una amplia y participativa convocatoria del Ministerio de Educación durante el gobierno de Jaime Paz Zamora; sin embargo, concluyó con un documento crítico a las propuestas gubernamentales, en el que se defendía el derecho a la educación, se rechazaba la descentralización y se exigía un mayor presupuesto para el sector. Estas conclusiones, surgidas de los sectores educativos y sociales, no fueron consideradas en la Ley 1565, de orientación neoliberal.
El año 2005, el Consejo Nacional de Educación estableció que, antes del Congreso Nacional, debían realizarse talleres temáticos cuyos insumos serían trasladados a los congresos departamentales y, finalmente, integrados en un Congreso general. Sin embargo, este último nunca llegó a realizarse. Pese a este importante esfuerzo de recopilación y sistematización de información, el proceso se detuvo y no logró concretarse en una reforma legal debido a la falta de condiciones políticas para su implementación. Este antecedente recuerda que contar con documentos y mesas de trabajo no garantiza el éxito si no existe una voluntad política real para transformar las demandas sociales en normas aplicables.
Posteriormente, en 2006, el gobierno de Evo Morales instaló un congreso educativo que abrió un periodo de intensos debates. Es importante señalar que ese proceso no fue inmediato ni sencillo; requirió cerca de tres años de discusiones y negociaciones entre distintos actores para alcanzar consensos básicos sobre el proyecto de ley. Finalmente, la Ley 070 fue aprobada en 2010 con la participación de todos los actores sociales, fue promulgada en la sede de la Confederación de Maestros Rurales y aprobada por consenso en la Asamblea Legislativa. Este ejemplo demuestra que una reforma educativa sólida no puede imponerse de manera rápida ni vertical, sino que debe ser el resultado de un proceso amplio de diálogo, participación democrática y ajuste entre las visiones del Estado y las necesidades de la sociedad.
Otro error histórico que se debe evitar es el modelo utilizado durante la elaboración de la Ley 1565 de Reforma Educativa (1994). En aquel entonces, la norma fue redactada principalmente por consultores que carecían de una comprensión profunda de la sociedad boliviana y de sus particularidades culturales. Se gastaron 400 millones de dólares en todo el proceso, la mayoría se destinó al pago de los equipos técnicos. Aunque el texto respondía a los estándares internacionales, ya que fue parte de las condiciones del FMI, su aplicación fracasó. Una ley educativa no debe ser únicamente un diseño técnico externo, sino una herramienta que recoja los intereses, aspiraciones y demandas de los maestros, padres de familia, estudiantes y de la sociedad en su conjunto.
Construir una ley educativa implica recoger propuestas reales y necesidades concretas de los actores educativos para transformarlas en políticas públicas. No se trata de imponer una visión desde arriba, sino de integrar cada demanda como un elemento fundamental para edificar una estructura normativa sólida. El Ministerio de Educación debe comprender que el respeto a los actores del sistema educativo es el único camino para lograr una reforma legítima. Si las mesas de trabajo se limitan a seguir un guion preestablecido, se perderá la oportunidad de abordar los problemas estructurales de la enseñanza y se correrá el riesgo de repetir los fracasos del pasado.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
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