La tibieza de Sánchez con Cataluña: solo ha recurrido una ley catalana desde 2023
Si hay algo que caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez es su "estrecha relación" con los sucesivos gobiernos de la Generalitat desde 2023. Esta evidente sintonía se observa en los asuntos que tiene que abordar el Tribunal Constitucional.
Según el Informe de Conflictividad del Ministerio de Política Territorial, en esta legislatura el Gobierno central solo ha recurrido una de las 16 leyes catalanas que se han llevado ante el tribunal dirigido por Conde-Pumpido.
Esto se debe, por un lado, a que las leyes autonómicas que buscaban impulsar la independencia han disminuido, y por otro, al poco interés del Gobierno en recurrir normas relacionadas con los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.
Solo una de 16 leyes autonómicas
Tal y como se puede observar en el informe, el Tribunal Constitucional ha dejado de enfocarse tanto en Cataluña, especialmente en leyes relacionadas con el impulso del procés. Ahora, los asuntos principales que aborda están vinculados a disputas entre PP y PSOE en distintas comunidades autónomas.
Entre el 17 de agosto de 2023, inicio de la actual legislatura, y el 31 de enero de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha recurrido una ley catalana, la Ley del Govern 1/2022 del 3 de marzo sobre medidas para la emergencia en vivienda.
Aunque esta norma se aprobó en la legislatura anterior, el Gobierno presentó el recurso en 2024 después de que fracasaran las negociaciones bilaterales con la Generalitat para evitar el litigio.
Según el informe, el Tribunal Constitucional determinó "la desaparición de su objeto", que es lo que sucede cuando se modifican algunas disposiciones legales. Esta norma de vivienda, que se trataba de una adaptación de leyes anteriores, buscaba que los grandes propietarios ofrecieran un alquiler social antes de iniciar una demanda de desahucio. Finalmente, PP y Vox presentaron recursos en contra, y una parte de sus medidas quedó anulada.
Además de la ley autonómica, en 2024 el Gobierno impugnó un acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña aprobado en febrero, que permitía tramitar la iniciativa legislativa popular «Proposición de ley de declaración de la independencia de Cataluña». El Tribunal Constitucional falló a favor del Estado. No obstante, esta propuesta no fue presentada por el Ejecutivo catalán ni por los grupos parlamentarios.