El infierno chapín

Desconozco si estoy utilizando la interpretación correcta, pero en muchas ocasiones he escuchado referirse como “el infierno chapín” a la situación en la que, aunque se resuelve un problema, inmediatamente aparecen muchos problemas más.

Utilizo este título porque desde hace poco más de dos años he atestiguado cómo se han ido agregando problemas en lugar de soluciones. La carencia y mal estado de la red vial “sigue siendo uno de los desafíos más complejos y sentidos por la población”, es una frase textual tomada del informe de Gobierno 2025: “La Segunda Cosecha”, pero los resultados se siguen haciendo esperar.

No quiero ser quien ponga el dedo en la llaga, ya que mi fin no es exigir “soluciones mágicas” a un problema con “décadas de abandono”, pero sí quiero destacar que el actual Gobierno cuenta con herramientas que simplemente ha decidido no utilizar.

Las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones acarrean una serie de deficiencias estructurales que complican de sobremanera el poder planificar, ejecutar y supervisar proyectos, lo cual se traduce en períodos sumamente largos para hacer que las obras sucedan.

¿En qué me baso para afirmar esto? De un presupuesto vigente a diciembre de más de 7,500 millones de quetzales, la ejecución en 2025 fue del 68.19%. Aunque, si queremos ser precisos, el presupuesto total se vio reducido a lo largo del año en aproximadamente 2,400 millones de quetzales, por lo que la ejecución hubiera sido de apenas 51.69%. ¿Esto no es suficiente? Al mes de febrero de 2026, para una ejecución esperada de más o menos 16%, el CIV reporta tan solo un 3.63% de ejecución (Q360 millones de un presupuesto de casi Q10,000 millones).

Pero, insisto, esto podría ser muy diferente si tan sólo hubiera voluntad. En enero de 2025 entró en vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, siendo un mecanismo moderno para acelerar la ejecución de recursos en la red vial primaria del país, contando con herramientas financieras y administrativas acordes a los mejores estándares regionales. Incluso, se crea una entidad desconcentrada complementaria al CIV, la cual permitiría adquirir un recurso humano competente para hacer frente a la magnitud del reto.

Sin embargo, parece que el Gobierno se mete zancadilla a sí mismo:

• Hubo ley, pero no se nombraba el Directorio
• Se nombró al Directorio, pero no existía una clasificación administrativa
• Se crea la figura administrativa, pero no se asignan los fondos
• Se identifican los fondos en el presupuesto, pero no se contaba con Gerente
• Se nombró a la Gerente, pero a la fecha no se le ha definido un salario
• La Gerente inicia a trabajar sin un salario, pero no hay un Reglamento para la Ley
• Se presenta una propuesta de Reglamento, pero no sesiona el Directorio
• Sesiona el Directorio, pero no hay quórum para aprobar el Reglamento
• … y así sucesivamente.

A la fecha, ni siquiera se ha podido evaluar el estado actual de la Red Vial sobre la cual se crearán contratos para que se garantice la servicialidad de las carreteras. Y conforme pasa el tiempo, pareciera que nuevamente llegará el invierno y nada nuevo podrá hacerse.

Según la Inteligencia Artificial, la desidia es “la falta de ganas, interés, cuidado o aplicación al realizar tareas, caracterizada por la negligencia, el abandono y la inercia. Implica un estado de inactividad, a menudo ligado a la pereza, la apatía o la desmotivación, que puede llevar a descuidar responsabilidades personales o laborales”. Se habla de la dignidad del pueblo al que se está obligado a servir, pero parece que la narrativa se cae del diente al labio.

Estamos a la mitad de camino de una gestión que puede cambiar el rumbo si así lo desea, pero hace falta mayor compromiso en la toma de decisiones. Cinco cambios de liderazgo y de equipos no aportan a la construcción de institucionalidad, pero es más importante lo que falta por hacer que lo que no se ha hecho. La invitación es a usar las herramientas que este mismo Gobierno propuso y aprobó, y que pueden ser un detonante significativo en la construcción de un ecosistema favorable a la inversión en infraestructura en todo el país.