Después de 40 años el Estado reconoce a un adolescente desaparecido en 1986 en los registros oficiales de víctimas de la dictadura
Cuatro décadas tuvieron que pasar para que la familia de Luis Alberto Pino Soto (15), desaparecido en julio de 1986 en la ciudad de Arica, lograra que el menor fuera reconocido e incorporado en el registro oficial de personas desaparecidas que dejó la dictadura de Augusto Pinochet. Desde fines de 2024 el caso comenzó a investigarse como un crimen de lesa humanidad, abriendo una nueva etapa para esclarecer penalmente los hechos, conocer la verdad y dar con los responsables de su desaparición para que enfrenten a la justicia.
El reconocimiento se concretó tras una sentencia del 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporar al menor al listado oficial de víctimas, acreditándose que en su caso hubo dos errores: primero, incorporarlo en la lista de casos “sin convicción”, en lugar de incluirlo como víctima en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) en 1990; además, existió un error en la transcripción de su apellido.
La oficialización se realizó en febrero pasado en un acto encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Jaime Gajardo, en una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, donde se entregó a la familia de Luis Pino la carpeta del caso y el reconocimiento en la Comisión Rettig.
“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca se tomaron la molestia de escuchar a la familia, lo cual incrementó el dolor sufrido. Por lo tanto, el reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad a los padres y hermanos de Luis”, señaló Francisco Bustos, abogado de la familia de la víctima.
Bustos también expresó que “valoramos las palabras del exministro de Justicia y Derechos Humanos y políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda, que contribuyeron a hacer efectiva su inclusión en la nómina oficial de víctimas del Informe Rettig una vez detectado el error. Y por lo mismo, esperamos que el nuevo gobierno sepa mantener y apoyar el trabajo en materia de verdad y justicia”.
Las diligencias judiciales en esta causa se retomaron durante el segundo semestre de 2024 a manos del Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, quienes fueron contactados por la familia de Luis Pino por medio de la organización Mujer, Memoria y Derechos Humanos de Arica y del jurista Francisco Bustos.
En ese contexto se presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de secuestro calificado consumado (desaparición forzada), así como por otros ilícitos que se determinen durante la investigación, cometidos en perjuicio del joven estudiante.
En la oportunidad también se solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos información sobre el manejo del caso por parte de la Comisión Rettig, organismo que confirmó que Luis Alberto Pino Soto sí había sido reconocido como víctima calificada en la sesión 72 de la Comisión, realizada el 27 de diciembre de 1990, pero que por razones desconocidas su caso no apareció en el documento final, quedando registrado como “sin convicción”, una categoría usada cuando no se reunían antecedentes suficientes.
La acción judicial fue acogida a tramitación por el ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, quien investiga causas de derechos humanos y deberá establecer el paradero y la suerte corrida por el adolescente.
UN LARGO CAMINO A LA VERDAD
Luis Alberto Pino Soto tenía 15 años al momento de su desaparición y cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica. Según los antecedentes, se pierde su rastro cerca de las 14:00 horas del 1 de julio de 1986, cuando salió de su hogar con destino a la casa de un compañero de escuela, en la víspera de protestas contra la dictadura. Desde entonces se desconoce su paradero.
El periplo de la familia comenzó el mismo día de su desaparición. Pese a las diligencias realizadas por sus padres ante policías y tribunales, nunca se obtuvieron resultados, y además se registraron diversas irregularidades en la búsqueda.
La primera acción fue acudir a la Tercera Comisaría de Carabineros de Arica para dejar constancia de la desaparición, trámite que no se pudo concretar por las pocas horas transcurridas desde que se perdió su rastro. El 3 de julio de 1986, sus padres acudieron a la Policía de Investigaciones, específicamente al Cuartel Belén, donde presentaron una denuncia por presunta desgracia, iniciándose oficialmente la búsqueda del joven, sin resultados.
A lo largo de los años, la familia recibió dos antecedentes relevantes: que Luis habría sido visto subiendo a un camión militar en la esquina de la Avenida Tucapel, y que su cédula de identidad habría aparecido en la Tercera Comisaría de Carabineros, cercana a ese sector. Ninguna de estas informaciones pudo ser acreditada.
En esa época sus padres también presentaron un recurso de amparo y un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, pero pese a entregar los antecedentes requeridos, fueron amedrentados y amenazados para no continuar investigando.
Una esperanza surgió el 27 de mayo de 1990, cuando el diario La Estrella de Arica publicó una nota titulada “Coordinadora de Derechos Humanos entregó lista de desaparecidos”, donde aparecía el nombre de Luis, pero con su apellido mal escrito: figuraba como “Pinto Soto”.
Esto llevó a sus padres a acudir a la Comisión Rettig, donde entregaron todos los antecedentes. Sin embargo, cuando se publicó el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en febrero de 1991, el apellido volvió a aparecer erróneo y su nombre figuraba como “PINTO SOTO Luis Alberto”, dentro de la nómina de casos “sin convicción”.
En 2023, la familia recibió una citación y multa del Juzgado de Policía Local de Arica dirigida a Luis, por no presentarse a votar en una elección obligatoria, situación que incrementó la angustia familiar. Esto motivó a la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos a presentar el caso ante diversas instituciones, incluida la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, y ante la falta de respuestas impulsaron acciones judiciales en 2024.
Actualmente, Luis Alberto Pino Soto continúa desaparecido, pero ahora el Estado lo reconoce oficialmente como víctima de desaparición forzada, mientras su familia mantiene una búsqueda silenciosa, con la esperanza de conocer su destino final y de que los responsables enfrenten a la justicia.