El absentismo por trastorno mental ha crecido un 375% en jóvenes menores de 35 años
"Miles de millones de coste para las empresas -que podría aproximarse al 5,8% del PIB cuando se agregan todos los componentes directos e indirectos-, cientos de millones de días de baja perdidos al año, alrededor de 1,1 millones de personas ausentes del trabajo cada día, un aumento cercano al 200% decrecimiento del absentismo en algunos sectores y bajas disparadas por salud mental". Esta es la magnitud de un problema "que no solo interpela a la Seguridad Social, sino al conjunto del sistema productivo y al sistema sanitario, que soportan una saturación creciente". Así lo expresa la Fundación Economía y Salud en su informe "La incapacidad temporal en España", en el que señala que el absentismo se encuentra hoy en una "zona cero" en la que "confluyen tensiones sanitarias, estructurales, económicas, laborales, productivas, demográficas y organizativas. El sistema de protección, el sistema sanitario, las empresas, los agentes sociales y la ciudadanía entera se ven interpelados por una realidad que crece en intensidad y complejidad", lo que puede provocar el colapso del sistema de salud y el cierre de miles de empresas.
Las cifras bastan para tomar conciencia de la magnitud del problema. El gasto en IT por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, un 14% más que en 2024, con más de un 60% de incremento en la última década, aunque en algunos ámbitos y sectores productivos concretos llega a rozar el 186%. Ese volumen representa en torno a un 1,4% del PIB y se reparte prácticamente a partes iguales entre la Seguridad Social y las empresas, que soportan tanto el mantenimiento de las cotizaciones durante estos períodos suspensivos como las frecuentes mejoras voluntarias, hasta casi el 100% del salario e incluso, en los casos de IT de carácter común, el pago a su costa de los primeros días de baja. En este sentido, el informe subraya que este modelo puede ser tachado de "antiprevencionista", al resultar más costosa para la empresa la IT de origen común que la profesional.
El propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, reclamó esta misma semana que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos. En concreto, defendió la necesidad de adoptar medidas para corregir el incremento de las bajas laborales. Por eso advirtió de que, "mientras no se adopten otras reformas", la Seguridad Social debería asumir el pago de la cotización y la prestación por IT que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja.
Los analistas de la Fundación Economía y Salud recogen en su estudio que la duración media de los procesos, estabilizada en torno a los 41 días, ha crecido un 15% en diez años y "se mantiene en niveles muy elevados". En 2025, España registró una prevalencia diaria cercana al millón de trabajadores en situación de IT por contingencias comunes, lo que significa que uno de cada 20 trabajadores activos falta al trabajo cada día por esta causa. Son, pues, más de 377 millones de jornadas laborales perdidas al año, una cifra inédita e histórica, que sitúa a España "como el país con mayor incidencia de IT del mundo".
El informe constata que estas cifras se producen por factores demográficos y epidemiológicos -por el envejecimiento de la población activa, el aumento de las enfermedades crónicas o el notable incremento de los trastornos de salud mental (con crecimientos de hasta un 175% en general y de un 375% en jóvenes menores de 35 años)-, pero también se producen efectos poco conocidos referidos al impacto de la digitalización, la conectividad permanente y la fatiga informática, a lo que se unen las cargas diferenciadas que soportan las mujeres, asociadas a dobles jornadas y cuidados, así como las presiones específicas en sectores con alta demanda física o emocional. Junto a todo esto, la Fundación recalca que también pesan sobre esa realidad el deterioro del sistema público de salud, los déficits estructurales de profesionales, la precariedad y los bajos salarios en determinados segmentos del mercado de trabajo, así como la transformación de la IT en una suerte de contingencia refugio. "Ante la falta de respuestas adecuadas a problemas de conciliación, climas laborales tóxicos, hostilidad en el trabajo o insuficiencia de otras prestaciones, la baja médica termina en ocasiones funcionando como válvula de escape allí donde el sistema no ofrece otras salidas", inciden.
Junto a estos elementos estructurales y sociales, emergen datos que obligan a mirar de frente la cuestión del eventual fraude, sin estigmas, pero sin ocultaciones ni condescendencia. Un 25% de los trabajadores en IT acumula el 50% de los procesos, aunque citan estudios en los que ese porcentaje se reduce incluso hasta un 7% de los trabajadores. "Se trata de fenómenos de 'hiperfrecuentación' o de repetición de procesos patológicos sin parangón en los países de nuestro entorno y que tampoco se compadecen con eventuales singularidades de nuestro mercado de trabajo o nuestro estado de salud, por lo que son exigibles análisis rigurosos, no tanto para criminalizar, cuanto para entender qué disfunciones del sistema explican estas recurrencias y para proponer mejoras".
En un análisis detallado, los datos revelan que no todas las bajas contribuyen por igual al problema. "La mayoría de los procesos son cortos -de uno a quince días-, pero un pequeño porcentaje de bajas muy largas, apenas un 2,4%, llega a explicar más de un tercio de todos los días perdidos. Junto a ello, emerge la figura de las personas que presentan repeticiones: personas que
encadenan varias bajas en un mismo año y cuya contribución al volumen total de jornadas ausentes es desproporcionada". En este punto, la Fundación cree que el núcleo del problema no reside solo en los factores externos, sino también en "el propio diseño del modelo de gobernanza de la IT. Se trata de un modelo dual, complejo y, en buena medida, descoordinado, en el que los servicios públicos de salud, dependientes de las comunidades autónomas, son quienes reconocen las bajas médicas y con ello generan el gasto, pero el coste lo asumen la Seguridad Social y las empresas".
Según detalla el texto, esta separación entre quien decide y quien paga genera un sistema de incentivos perverso, en el que quien reconoce la prestación carece de motivación directa para controlar su incidencia y su duración y quien tiene interés en ese control por soportar su coste apenas tiene capacidad para efectuarlo con eficacia. A ello se suman la complejidad funcional y territorial, propias de una protección multinivel, porque "una autoridad sanitaria autonómica y una autoridad gestora estatal comparten responsabilidades que no siempre se coordinan adecuadamente. El resultado es un cuello de botella en el sistema sanitario y un diseño de gobernanza que no alinea las competencias ni los incentivos con el objetivo de una protección eficaz y sostenible. La falta de un sujeto claramente responsable de todo el ciclo -reconocimiento, seguimiento, alta y pago- se traduce en ineficiencias, demoras y prolongaciones artificiales de las bajas".
Por tanto, con los datos sobre la mesa, el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, entiende que el control de las bajas médicas es "claramente insuficiente. La escasez de profesionales, la sobrecarga de los servicios de atención primaria y especializada, los retrasos diagnósticos y la falta de seguimiento sistemático favorecen el aludido alargamiento injustificado de los procesos". Además, señala que
El marco laboral y la negociación colectiva también juegan un papel relevante. La derogación de la causa de despido objetivo por absentismo laboral puso fin a prácticas que generaban situaciones inaceptables para muchos trabajadores, pero al mismo tiempo eliminó un mecanismo de autocontención cuyo impacto real sobre el absentismo no ha sido suficientemente estudiado. Por otra parte, las mejoras convencionales de la IT concebidas inicialmente para proteger procesos largos y graves, se han generalizado hasta el punto de garantizar, en muchos casos desde el primer día, el 100% del salario durante bajas de muy corta duración.
Por la magnitud del fenómeno, por su carácter multifactorial y por su impacto sobre el conjunto del sistema de protección social, Gimenéz Artés estima que la IT exige "una respuesta de país, que lleve un cambio cultural y más trabajo en prevención para lograr un modelo integrado de salud laboral. No bastan ajustes marginales ni reformas parciales, se necesita una estrategia integral, apoyada en un diagnóstico compartido y en un amplio consenso político y social. Hay que insistir en la necesidad de un gran pacto de Estado que involucre a gobierno, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, comunidades autónomas, mutuas, servicios de prevención y, por supuesto, el mundo académico".
Para el presidente de la Fundación, ese pacto "debería partir de varios principios rectores: a corto plazo, simplificar la compleja normativa actual, simplificar los procesos de actuación y mejorar los mecanismos de control, para lograr un seguimiento en tiempo real, pero sin erosionar derechos ni estigmatizar a las personas enfermas; a medio plazo, una reforma de la gobernanza para preservar la función protectora de la IT como derecho social fundamental y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, diseñando con claridad los incentivos y unificando los procesos; y ya a largo plazo, el desafío consiste en controlar sin recortar, mejorar la gestión sin debilitar la cobertura y actuar sobre el fraude sin convertir la sospecha en regla". El objetivo debe ser "reducir el gasto público y el coste empresarial, lograra un incremento de la productividad y la competitividad de nuestras empresas, una mejora de la salud y del bienestar profesional y un refuerzo de la equidad y de la confianza de la ciudadanía en el sistema público"
Denegaciones de IP
Los datos muestran que alrededor de la mitad de las IT que se agotan a los 365 días terminan con una denegación de incapacidad permanente (IP), lo que obliga a un retorno al trabajo tras un año de ausencia prolongada. "Este desenlace es especialmente inquietante en el ámbito de la salud mental. Entre quienes han estado de baja por este motivo durante más de 545 días, cerca del 80% no accede a una incapacidad permanente y ha de reincorporarse a su puesto o a algún tipo de actividad laboral", explica el informe. Desde la perspectiva de la psicología del trabajo, esta situación "resulta demoledora: reincorporar a una persona que ha estado año y medio separada de su entorno profesional exige un esfuerzo de readaptación enorme, a menudo difícilmente recuperable según la edad, la cualificación y el tipo de tarea".