Moncloa no aclara si Hacienda irá contra Zapatero por las joyas
El Gobierno ha optado por ganar tiempo ante una de las decisiones políticamente más incómodas a las que se enfrenta desde que estalló la investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreciera a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse como parte perjudicada en la causa que investiga las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte del expresidente, Moncloa evita aclarar si el Estado terminará ejerciendo la acusación contra uno de los principales referentes del socialismo español.
La decisión tiene una enorme trascendencia política. La Abogacía del Estado depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y, aunque sus actuaciones se rigen por criterios de independencia técnicos y jurídicos, una eventual personación sería interpretada como un reproche institucional del propio Gobierno socialista hacia quien Pedro Sánchez ha convertido en uno de sus principales apoyos políticos y morales durante los últimos años.
Por ahora, ningún miembro del Ejecutivo ha querido anticipar cuál será la posición del Estado. Preguntado expresamente por esta cuestión, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se limita a responder que se trata de una decisión que compete al Ministerio de Hacienda. Fuentes oficiales del Ejecutivo insisten en que será una decisión que deberán adoptar los servicios técnicos competentes, que están sopesando qué hacer. El núcleo duro del presidente reconoce a este periódico que desconoce cuál será finalmente el criterio que seguirá la Abogacía del Estado, en un intento por marcar distancias y apuntalar la imagen de independencia de los técnicos del Estado.
Pero el silencio no es casual. Lo cierto es que cualquier decisión entraña un elevado coste político para el Ejecutivo. Si Hacienda decide personarse, el Gobierno asumirá institucionalmente que la Hacienda Pública podría haber resultado perjudicada en una causa que afecta a uno de los dirigentes más influyentes del PSOE y al hombre en quien Sánchez ha depositado buena parte de su confianza política durante esta legislatura.
Si, por el contrario, renuncia a hacerlo, la oposición encontrará un nuevo argumento para acusar al Ejecutivo de utilizar la Abogacía del Estado para no ir contra uno de los suyos. La situación resulta especialmente delicada porque el presidente Sánchez ha cerrado filas con Zapatero desde que trascendió la investigación. En su última alocución ante el Comité Federal de su partido, el sábado pasado, volvió a reivindicar su legado político, defendió su honorabilidad y evitó tomar cualquier distancia respecto al expresidente, aunque en el Consejo de Ministros haya quien esté poniendo barreras a Zapatero. Pero ese respaldo de Sánchez convierte ahora cualquier decisión procesal del Estado en un gesto cargado de consecuencias políticas.
En Moncloa, mientras tanto, echan balones fuera. Sin embargo, el tiempo corre en contra del Gobierno. La oferta de personación formulada por el juez no puede quedar indefinidamente sin respuesta y la Abogacía del Estado deberá fijar una posición. Cuando llegue ese momento, el Ejecutivo tendrá que resolver un dilema para el que hoy evita ofrecer una respuesta: preservar la coherencia institucional del Estado o mantener la coherencia política con la defensa cerrada que Pedro Sánchez ha hecho de uno de los principales referentes del sanchismo.
El movimiento del juez Calama sitúa así al Gobierno ante una decisión de alto voltaje político. No se trata únicamente de un trámite procesal. La resolución que adopte la Abogacía del Estado será leída inevitablemente en clave política y servirá para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en la defensa de un expresidente al que sigue considerando una figura esencial.
En verdad, el silencio del Gobierno responde a un cálculo político evidente. En Moncloa son conscientes de que no existe una salida sin coste. El «caso Zapatero», quien pidió en un comunicado confianza en su inocencia, ha escalado desde que la policía encontró durante el registro de su oficina, sita en la calle de Ferraz, una caja fuerte con alhajas de las que no habría dado noticia alguna al fisco.
Todo apunta a que se trata de regalos de su época a los mandos del país. Pero las imágenes de las joyas han matado políticamente a Zapatero. Y así lo reconocen destacados miembros del partido durante su etapa al frente. El impacto del caso no deriva solo de la gravedad de las acusaciones (ser el cerebro de una trama de tráfico de influencias), sino de la identidad del afectado. Entre los socialistas predominan la desazón. En el PSOE no esconden que les atraviesa una sensación de pérdida simbólica.