Prevaricación y obstrucción a la justicia: las claves de la imputación de la cúpula de la Guardia Civil
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, declaran este miércoles en la Audiencia Nacional como imputados en las pesquisas sobre una supuesta trama organizada por la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
En ambos casos, tanto el juez Santiago Pedraz como la Fiscalía les atribuyen presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El primero se refiere a la posible adopción de decisiones arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público a sabiendas de que son injustas. El segundo hace referencia a posibles actuaciones dirigidas a dificultar el normal funcionamiento de una investigación o procedimiento judicial.
La imputación no implica automáticamente una condena, sino que el magistrado considera que existen indicios que deben ser indagados. La investigación trata de esclarecer si desde la cúpula de la Guardia Civil se impulsaron actuaciones internas que pudieron tener como finalidad interferir en investigaciones en curso o condicionar el trabajo de determinados agentes.
El papel de Mercedes González
El juez Pedraz investiga los encuentros que mantuvo Mercedes González con Leire Díez, después de que la UCO señalara que ambas se reunieron en varias ocasiones y que esos contactos habrían podido dar lugar a actuaciones internas contra la propia unidad de élite de la Guardia Civil.
Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados con la jefa política del Instituto Armado. En concreto, se habrían reunido el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025.
González terminó admitiendo esas reuniones en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, pero hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales. No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía.
La implicación de Manuel Llamas
Manuel Llamas, por su parte, está investigado por presuntas presiones para frenar la actuación de la UCO en algunas investigaciones judiciales. En concreto, el juez imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló presiones del DAO y de Leonardo Marcos para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La Fiscalía sostiene que las actuaciones atribuidas al director adjunto operativo pudieron "generar un efecto de desaliento" sobre los agentes encargados de las pesquisas, un extremo que deberá esclarecer ahora el juez.
La situación judicial de ambos deja una sensación de "estupefacción" en la Guardia Civil. "Estamos en una situación que todavía no nos la terminamos de creer", confiesa un mando consultado por este periódico. Unas palabras que reflejan el impacto de una imagen que quedará grabada para siempre en la Audiencia Nacional: uno de los días más negros de la historia del Instituto Armado.