Cinco años de la Ley Rider sin cumplir su objetivo: Uber amplía hasta fin de año el plazo para dejar de operar con autónomos
La Ley Rider está a punto de cumplir un lustro, cinco años en los que la normativa impulsada por Yolanda Díaz ha conseguido que el trabajo autónomo en el sector del delivery caiga drásticamente, aunque sin lograr erradicarlo, uno de sus grandes objetivos. Uber Eats sigue, a día de hoy, repartiendo con riders autónomos, pese a que a mediados de enero anunció su transición hacia un modelo 100% asalariado, tras la amenaza de Trabajo de denunciar a la plataforma por vía penal. Esta transición no solo no se ha completado, sino que tardará más de lo previsto. Desde la compañía aseguran a LA RAZÓN que se dan hasta final de año como plazo máximo para dejar de repartir con autónomos, pese a que a inicios de junio fuentes de la compañía indicaban como meta el verano, un plazo del que también habían sido informados los sindicatos.
"Seguimos trabajando en el proceso de transición con el objetivo de completarla en verano", señalaron fuentes de Uber Eats en junio. UGT también aseguró que en el acuerdo alcanzado por la compañía con la Seguridad Social se fijaba el verano como plazo máximo. Según explica Diego Buenestado García, secretario general de Carreteras, Urbano y Logística de UGT, la compañía estaba ultimando en junio un documento de adhesión para que los repartidores que los deseen se integren en las flotas y "lo tienen que hacer ya", "en verano", porque así lo acordaron con la Seguridad Social.
"La transición se finalizará antes de final de año", señalan ahora. El trasvase, por lo tanto, será más tardío que el que acometió Glovo. La plataforma de las mochilas amarillas anunció que contrataría a sus repartidores el 2 de diciembre de 2024 y completó el proceso el 1 de julio de 2025, en siete meses. En cuanto a las cotizaciones impagadas, Uber Eats ya las reconoció. En concreto, a finales de marzo, la Inspección de Trabajo concluyó que unos 60.000 repartidores de Uber Eats operaron como falsos autónomos en España y reclamó a la empresa unos 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social tras dar de alta con efecto retroactivo a los afectados.
Lo que también puede traer de cabeza a la compañía es la vía por la que ha elegido laboralizar a sus repartidores. Mientras que Glovo efectuó contrataciones directas, Uber Eats se ha negado a tener una plantilla propia de repartidores y ha elegido derivar el proceso de regularización laboral a las flotas de subcontratas. Para CC OO y UGT, este mecanismo implica una cesión ilegal de trabajadores y reclamarán a la Inspección de Trabajo que intervenga para asegurar que el proceso cumple la legalidad. En cambio, con la entrada en vigor de la Ley Rider, el pasado 13 de agosto de 2021, Just Eat no se vio afectada, al trabajar ya exclusivamente con asalariados contratos de forma directa o mediante subcontratas.
Pese a todos estos riesgos, "Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider". "Seguimos trabajando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar una transición ordenada y responsable", señalan fuentes de la compañía, que además destacan que desde enero de 2026 más de 10.000 repartidores han sido contratados por una de sus flotas colaboradoras y que, como parte del proceso de transición al nuevo modelo, se encuentran en conversaciones con los sindicatos mayoritarios para alcanzar un "acuerdo justo para todos los repartidores".
Un sector más precario
La finalidad de la Ley Rider, además de conseguir que todos repartidores de plataformas de delivery sean asalariados, va más allá. El propósito de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores que presumía precarios, irregulares y sometidos a los algoritmos de unas plataformas que no les daban autonomía real. "No queremos jefes que griten ni dispositivos móviles que nos penalicen. [...] Un joven que va en una bicicleta con una app en un dispositivo móvil no es un emprendedor", dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la aprobación de la Ley Rider en mayo de 2021. Sin embargo, aunque la norma se ha vendido como una conquista de derechos, los perjuicios han pesado más: destrucción de empleo, pérdida de flexibilidad, salarios más bajos y costes de reparto más caros para los clientes.
Ahora, Díaz quiere extender estos beneficios y perjuicios de la Ley Rider a todos los trabajadores de plataformas antes de que acabe el año. El Ministerio de Trabajo abrió recientemente una consulta pública para adaptar la normativa española a la directiva europea y ampliar la regulación más allá del delivery.
El ministerio de Díaz argumenta que el avance imparable de la IA para organizar el trabajo humano y su impacto en las empresas, con sistemas que pueden vulnerar los derechos de los trabajadores, exige una regulación amplia y actualizada que tenga en cuenta esta gestión algorítmica.
Por ello, se fija como fecha límite para modificar la normativa española el 2 de diciembre de 2026, plazo máximo que tienen los Estados miembros de la UE para transponer plenamente la Directiva europea. En concreto, la Directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, obliga a los Estados miembros a introducir medidas para poder determinar la situación laboral de las personas que trabajan en plataformas y dar transparencia y seguridad a la gestión del trabajo mediante algoritmos.
Mientras que la Ley Rider española -que entró en vigor en 2021- se centra en el sector del reparto, introduciendo en el Estatuto de los Trabajadores la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios de reparto en empresas de plataforma y exigiendo a esas compañías transparencia algorítmica, la Directiva europea "resulta de mayor alcance, en términos de ámbito de aplicación y de derechos objeto de protección", defiende Trabajo, pudiendo aplicarse, por ejemplo, a las plataformas de empleo doméstico. Asimismo, Trabajo señala que la nueva regulación debe contemplar la regulación contenida en el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando así una nueva Ley Rider mucho más exhaustiva.