Ceuta abandonada: el postureo y efecto llamada de Pedro Sánchez hacen la próxima invasión migratoria inevitable
La invasión migratoria de Ceuta no es un episodio puntual. Es el resultado de años de políticas de blanqueo e incentivo a la inmigración ilegal con regularizaciones y subsidios masivos. El Gobierno de Sánchez se dedica al postureo, a recomendar canciones y libros, a dar sensación de preocupación e imagen de normalidad mientras 10.000 inmigrantes toman las calles de una ciudad con menos de 85.000 habitantes, generando un enorme problema de seguridad y salud. Pasan los días y el desastre sanitario, social y de seguridad se enquista. Toda la ciudadanía de Ceuta se une en un clamor pidiendo soluciones eficaces e inmediatas, no promesas, mientras el gobierno anuncia 65 efectivos más –no es broma– y “estudiar” opciones.
Los titulares se han centrado en los 80.000 inmigrantes que asaltaron la frontera e invadieron una ciudad abandonada desde hace tiempo por el gobierno de Sánchez. Sin embargo, lo que ya sabe todo el mundo es que se ha demostrado que es fácil, cómodo y rentable entrar ilegalmente, ya que una parte sustancial termina quedándose. Por eso solo tienen que esperar, asaltando las playas y parques. La ola de inmigrantes busca la nacionalización y regularización de facto, con un gobierno débil y un Estado que ha sido maniatado.
El Gobierno primero dijo que ningún ilegal permanecerá en Ceuta y ya va adelantando que se acogerán a unos 5.000. Esto crea, de nuevo, un “efecto llamada” donde los ilegales saben que lo único que tienen que hacer es esperar y recibirán papeles. Además, merece la pena entrar ilegalmente, ya que el Estado español es frágil por diseño y ha demolido sus mecanismos de control y devolución. La amenaza para Europa sería una ola de inmigración que se extienda, generando un problema social, sanitario, presión en las cuentas públicas, en sanidad, educación y vivienda y demoliendo la sociedad europea desde dentro con una inmigración que no se adapta ni tiene contribución económica neta.
El Gobierno de España está ausente, el presidente de vacaciones, y los ministros van de visita a Ceuta. Se hacen la foto y se vuelven a Madrid, dedicando los recursos del Estado a propaganda, fingiendo compromiso con Ceuta, rigurosidad y eficacia. Mientras, generan otro “efecto llamada” afirmando que acogerán a 5.000, que luego serán muchos más, con la excusa de que son "refugiados" cuando en Marruecos no hay ningún conflicto ni crisis humanitaria.
El objetivo de una parte de la izquierda es claro. Demoler la sociedad española desde dentro, importando pobres sumisos que, en el futuro, les sirvan como peones políticos y votantes. El uso de la inmigración ilegal no es una casualidad. Busca crear una subclase sumisa y dependiente y a la vez amedrentar y expoliar a los contribuyentes que corren con las consecuencias sociales y económicas de una estrategia suicida.
El gobierno de Sánchez ha quedado expuesto por una gestión reactiva, propagandística y claramente insuficiente. Ha intentado proyectar una imagen de normalidad y control, pero esa narrativa choca con los hechos. Mientras, se consolida la percepción de que la entrada ilegal termina, eventualmente y con certeza, en permanencia efectiva. La llamada desesperada del presidente Juan Vivas es la viva imagen de la dignidad y compromiso de una ciudad española que pide ayuda y soluciones reales, pero que está abandonada por el Estado.
La presión sobre Ceuta venía creciendo mucho antes del episodio de finales de julio. Según datos del Ministerio del Interior, las entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta ascendieron a 3.835 entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, frente a 1.452 en el mismo periodo de 2025, un aumento del 164,1 por ciento. Antes, a 15 de junio, ya sumaban 2.493, un 215,2 por ciento más interanual.
La llegada irregular de inmigrantes se ha disparado con Sánchez. Según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press, en 2017 entraron 8.317 inmigrantes ilegales en España entre el 1 de enero y el 31 de julio. En 2024 la cifra fue de 29.031 y en 2025, la cifra fue de 20.271.
Ese deterioro demuestra que el problema no es solo una entrada masiva concreta, sino la consolidación de la entrada ilegal como viable y rentable. El gobierno transmite debilidad operativa, lentitud administrativa y nula capacidad de retorno, generando el incentivo para nuevas entradas. La expectativa del migrante irregular y de las redes que facilitan el cruce es que el coste de entrada es bajo y la probabilidad de permanencia alta.
El argumento no es solo jurídico o de seguridad, sino presupuestario. Ceuta no puede asumir el coste de un aumento de población de tal magnitud. Ceuta aprobó para 2026 un presupuesto consolidado de 423,9 millones de euros, con 20,39 millones destinados a educación y cultura y 12,27 millones para sanidad y servicios sociales. Toda la infraestructura y recursos de la ciudad han sido demolidos con la entrada de 10.000 inmigrantes que no se van.
El mensaje político es decisivo en una crisis fronteriza. Cuando el Gobierno pasa de afirmar que no permitirá que se quede un solo inmigrante irregular a asumir públicamente que hasta 5.000 personas podrían ser acogidas en el sistema, traslada debilidad y una señal de expectativa positiva para quien logra entrar y esperar. La falta de decisiones rápidas, retornos ejecutables y criterios estrictos multiplica el efecto llamada.
En marzo, el gobierno de Sánchez respondió a una pregunta parlamentaria confirmando que solo cinco de los 426 inmigrantes llegados ilegalmente en enero habían sido devueltos. Marruecos no ha repatriado a un solo menor inmigrante ilegal en diez años. Esto resume la distancia entre el discurso oficial de control y seriedad y la voluntad y acción real.
La saturación de recursos de menores, la necesidad de despliegues extraordinarios y la apelación de Vivas a una emergencia humanitaria y de seguridad reflejan que la ciudad ha llegado a una situación inaceptable. Fingir normalidad no reduce el problema, lo agrava, y retrasa las decisiones, transmitiendo al mundo la inacción del Estado. El postureo del Gobierno también afecta de manera significativa a los ciudadanos españoles que llegaron como emigrantes de manera legal, buscando adaptarse y contribuir. El coste económico, social y de erosión de salarios recae sobre todo en ellos, en la clase media y baja.
Ceuta es una frontera española y europea. Se ha generalizado la idea de que entrar de forma irregular en una frontera exterior de la Unión Europea termina en muchos casos en acogida, estancia prolongada y futura regularización de facto. Con ello, el problema de Ceuta se convierte en un precedente para todos los países de la Unión Europea. Una respuesta seria exige abandonar el postureo político y pasar a la gestión efectiva. Hay que declarar el estado de emergencia, reforzar de manera seria medios policiales y logísticos, llevar a cabo un proceso inmediato de identificación y expedientes, ejecutar retornos urgentes con garantías jurídicas y coordinar con la Unión Europea una estrategia de control real de frontera.
Ceuta no necesita propaganda, visitas fotográficas ni frases de tranquilidad para la galería. Los que se pasan el día hablando del estado de bienestar deben entender que la inmigración ilegal lo dinamita desde dentro. No pueden hablar de Estado y abandonar su principal función, que es la defensa de la nación. La frontera española no se maquilla, se defiende. La política migratoria inútil y de postureo socialista tiene un coste económico, institucional y social que siempre paga el contribuyente.