Islandia se asoma a Europa entre el miedo al aislamiento y la defensa de su soberanía

¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea? Esa es la pregunta que los cerca de 400.000 islandeses responderán este sábado en un referéndum que, pese a su apariencia binaria, encierra una cuestión mucho más compleja: cuánto puede permitirse Islandia seguir sola en un mundo cada vez más dominado por las grandes potencias y cuánto está dispuesta a ceder de su soberanía para sentirse más protegida.

La respuesta llega, además, en un momento extraordinariamente delicado. A unos 290 kilómetros de Groenlandia, Islandia ocupa una posición privilegiada —y vulnerable— en el Atlántico Norte. La isla se encuentra en el centro del denominado GIUK Gap, el corredor marítimo formado por Groenlandia, Islandia y Reino Unido que constituye uno de los principales puntos de paso entre el Atlántico y las aguas septentrionales donde opera la Marina rusa. La OTAN considera hoy a Islandia un punto estratégico para la vigilancia del Atlántico Norte. Durante una visita reciente, la Alianza describió el país como “los ojos y los oídos” de la OTAN en esa zona.

Y al norte está Groenlandia. Las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio autónomo danés han introducido una variable que hace apenas unos años parecía impensable. Islandia sigue siendo miembro de la OTAN y mantiene un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos, pero la política estadounidense ha dejado de parecer una garantía tan previsible como antaño.

“No es un voto anti-Trump ni antiamericano”, advierte Karen van Loon, investigadora del instituto neerlandés Clingendael. Es, más bien, una cuestión de “diversificación de dependencias estratégicas” en un mundo mucho más volátil. La invasión rusa de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, la rivalidad entre Washington y Pekín y la creciente competencia por el Ártico han obligado a Reikiavik a preguntarse si su tradicional equilibrio entre Estados Unidos, Europa y los países nórdicos continúa siendo suficiente.

No todos, sin embargo, consideran que la respuesta sea Bruselas. “La UE no es un sustituto de la OTAN y la adhesión a la UE no es un escudo mágico contra los riesgos geopolíticos”, sostiene Gudrun Hafsteinsdóttir, líder del Partido de la Independencia, principal formación de la oposición. Su argumento es sencillo: la seguridad islandesa descansa sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, no sobre la pertenencia a la Unión.

La discusión, en realidad, es inseparable de otra mucho más doméstica: el dinero. Islandia disfruta de un nivel de vida elevado, pero su economía arrastra una combinación incómoda de inflación, tipos de interés elevados y una moneda pequeña y volátil. El Banco Central acaba de elevar el tipo oficial al 8%, mientras la inflación alcanzó el 5,3% en julio, más del doble del objetivo del 2,5%. En la eurozona, el tipo de referencia se sitúa en el 2,25%, aunque el Banco Central Europeo se prepara para elevarlo previsiblemente al 2,5% en septiembre.

Para los partidarios de Europa, la diferencia resulta demasiado grande para ignorarla. La eventual adopción del euro eliminaría el riesgo cambiario y podría abaratar la financiación. El ministro de Finanzas, Daði Már Kristófersson, sostiene que los intereses económicos y de seguridad de Islandia estarían “bien servidos” dentro de la Unión. En su opinión, Europa debe prepararse para valerse por sí misma ante la nueva competición entre potencias.

Pero hay una palabra que hace temblar el debate: pesca. Los productos marinos representaron en 2025 el 38,9% del valor de las exportaciones de bienes islandesas, según Estadísticas de Islandia. Para un país que durante décadas convirtió el control de sus aguas en una cuestión casi sagrada de soberanía, aceptar la Política Pesquera Común europea resulta especialmente difícil.

Islandia libró tres guerras del bacalao contra Reino Unido, en 1958, 1972 y 1975, y ganó las tres. Cada conflicto permitió ampliar su zona exclusiva de pesca y consolidó una idea que todavía forma parte de la identidad nacional: las aguas islandesas pertenecen a los islandeses.

La disputa por la caballa, ya en el siglo XXI, volvió a demostrar hasta qué punto el asunto sigue siendo explosivo. Entre 2009 y 2014, Islandia se enfrentó por las cuotas con la UE, Noruega y las Islas Feroe. Y el problema no ha desaparecido. La caballa se ha desplazado hacia el norte por efecto del cambio climático y Bruselas acusa a Reikiavik de asignarse capturas excesivas. En 2026 la UE y los países costeros siguen sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre el reparto de la cuota.

Por eso, la posibilidad de que los negociadores islandeses tengan que aceptar algún día un régimen pesquero europeo es el gran fantasma de la campaña. La ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha insistido en que Reikiavik exigirá “un buen acuerdo”. Y desde Bruselas se han enviado señales de flexibilidad, aunque nadie garantiza que sean suficientes.

Para los europeístas, sin embargo, el problema es precisamente el contrario: Islandia ya está integrada en buena parte de Europa, pero sin participar en las decisiones. Pertenece al Espacio Económico Europeo desde 1994, forma parte de Schengen y de la EFTA y aplica una gran cantidad de legislación comunitaria. Aproximadamente dos tercios del comercio exterior islandés de bienes se realizan con Estados miembros de la UE. La paradoja es evidente: Islandia está dentro del mercado único, pero fuera de las instituciones que lo gobiernan.

“Ahora no tenemos ninguna influencia”, afirma la diputada socialdemócrata Dagbjört Hákonnardóttir. “Esto afecta al mercado interior. Afecta a la energía y a las cuestiones medioambientales. Y las autoridades islandesas no están velando por esos intereses”.

Magnús Magnússon, profesor de Ciencias Políticas y defensor del acercamiento europeo, introduce además una dimensión más inquietante: la guerra híbrida. “Estamos sometidos a constantes ataques por parte de bots rusos, de la desinformación rusa y de todo tipo de actores que intentan influir en nuestra infraestructura”, sostiene, citando ataques contra páginas web e infraestructuras energéticas. A su juicio, la cooperación europea puede proporcionar herramientas que un Estado de apenas 400.000 habitantes difícilmente puede desarrollar por sí solo.

La cuestión ha llegado a dividir incluso al Gobierno de Kristrún Frostadóttir. La Alianza Socialdemócrata y Reforma son claramente europeístas, mientras que el Partido Popular acepta reabrir las negociaciones pero rechaza la adhesión. En la oposición, el Partido de la Independencia encabeza el rechazo.

Y la sociedad está partida prácticamente por la mitad. Un sondeo de Maskína realizado entre el 21 y el 25 de agosto, con 1.019 entrevistados, daba un 51,3% al sí a reanudar las negociaciones y un 48,7% al no. Apenas unas semanas antes, otro sondeo mostraba un empate perfecto: 46% a favor, 46% en contra y 8% de indecisos.

La geografía también importa. En las zonas rurales y pesqueras el rechazo es considerablemente mayor que en Reikiavik, donde pesan más las ventajas económicas y la apertura internacional. La pregunta sobre la soberanía refleja la misma fractura: en el último sondeo de Maskína, alrededor del 40% declaró tener muchas preocupaciones por la pérdida de soberanía en caso de adhesión, mientras casi el 47% dijo tener pocas o ninguna.

Hay, además, una ironía histórica. Islandia ya recorrió este camino. Solicitó entrar en la UE en julio de 2009, en plena devastación provocada por la crisis financiera. Las negociaciones comenzaron en 2010 y, cuando fueron suspendidas en 2013, se habían abierto 27 de los 33 capítulos sustantivos, con 11 provisionalmente cerrados. La pesca ni siquiera había llegado a negociarse. En 2015 Reikiavik pidió que dejara de considerarse candidato.

Ahora podría volver al punto de partida. Pero este sábado los islandeses no decidirán todavía si quieren convertirse en europeos de pleno derecho. Decidirán si quieren averiguar qué precio tendría hacerlo.

Esa diferencia es crucial. Un “sí” abriría negociaciones que podrían avanzar rápidamente, dado el alto grado de integración de Islandia con la UE. Un eventual acuerdo tendría que someterse después a otro referéndum. Un “no”, en cambio, cerraría por ahora la puerta y confirmaría la preferencia histórica por una fórmula peculiar: estar muy cerca de Europa sin pertenecer políticamente a ella.

Tinatin Akhvlediani, directora del programa de Ampliación del Centre for European Policy Studies, advertía que ni la invasión rusa de Ucrania ni el ascenso de China habían sido suficientes hasta ahora para reabrir definitivamente el debate islandés. Pero hay algo que sí ha cambiado: el mundo alrededor de Islandia.

Y quizá esa sea la verdadera cuestión que se vota el sábado. No tanto Europa o Islandia, ni siquiera Bruselas o Washington, sino cuánto margen conserva una pequeña nación de 400.000 habitantes para seguir escogiendo por sí sola sus dependencias estratégicas en un Atlántico Norte donde las grandes potencias vuelven a disputarse el espacio.

El resultado dirá si los islandeses prefieren asumir el riesgo de estar solos o el de sentarse a negociar cuánto de su soberanía están dispuestos a compartir.