Salir con vida de un hospital después de haber sufrido una negligencia médica —o sobrevivir a un accidente que podía haberse evitado— no significa necesariamente que haya terminado el calvario. Para muchas víctimas, el vía crucis continúa cuando comienza una segunda batalla, menos visible pero igualmente devastadora: demostrar qué ocurrió, quién fue responsable y quién debe asumir el coste de una vida que ya nunca volverá a ser la misma. Un largo camino hasta que logra resarcirse finalmente el daño y los afectados reciben una indemnización. Primero están las lesiones, la discapacidad, las secuelas, el dolor y el impacto psicológico. Después llega la espera. Meses y años para que una Administración o un tribunal determinen responsabilidades y establezcan una reparación. Tres años de media, según la experiencia de los profesionales consultados por ABC, aunque los recursos pueden llevar algunos casos hasta una década. Para quien ha quedado gravemente discapacitado, el tiempo judicial no es una cifra abstracta: son años en los que hay que pagar tratamientos, adaptar una vivienda, contratar cuidados y mantener a una familia mientras la vida se ha quebrado de un día para otro. Es en esa distancia, entre la urgencia de las necesidades de la víctima y la lentitud del procedimiento aparece lo que algunos expertos denominan 'violencia institucional': acciones u omisiones de autoridades, funcionarios o agentes del Estado que pueden dilatar, obstaculizar o dificultar el ejercicio efectivo de los derechos. El caso de Raúl Miralles, trabajador del Ayuntamiento de Bacares (Almería), representa de forma especialmente cruda ese doble calvario. En septiembre de 2025, cuando tenía 47 años, un accidente laboral cambió radicalmente su vida. A primera hora de la mañana acudió al castillo de la localidad para realizar tareas de desbroce. Mientras trabajaba, cayó al vacío desde una altura de 25 metros. «Cuando se precipitó al vacío, iba totalmente desprotegido, sin medidas de seguridad. Solo llevaba una desbrozadora atada a la cintura y un casco de pega que salió volando antes del impacto», relata su esposa Marta Rodríguez, en declaraciones a ABC. El impacto le causó lesiones muy graves e irreversibles. Raúl sufrió un daño cerebral severo, quedó paralizado del lado izquierdo y perdió prácticamente toda la fuerza de la pierna derecha. La caída también le destrozó la cadera y le ocasionó un importante traumatismo craneal. Su vida ha quedado atada a una silla de ruedas. «Intentó caer de pie... el impacto fue tal que se destrozó la cadera, la pierna izquierda y sufrió un importante traumatismo craneal», reconstruye su mujer. La pierna derecha, que había quedado inicialmente mejor parada, tuvo que ser intervenida y sufrió una sepsis que todavía está siendo tratada. «No descartan tener que amputarla, es terrible», señala Marta visiblemente afectada. Raúl pasó un mes en la UCI de un hospital de Granada. Cuando dejó de estar en peligro su vida fue trasladado a la planta de Traumatología y continuó con su recuperación. Desde el pasado 10 de febrero, se encuentra ingresado en la clínica de Asepeyo en Madrid. Familia y defensa sostienen que el accidente se produjo mientras Raúl realizaba unas tareas para las que no disponía de las medidas de protección necesarias. Tampoco había sido contratado para realizar trabajos en altura ni había recibido la formación obligatoria para hacerlo. La Inspección de Trabajo ha considerado acreditada una exposición a un riesgo grave y evidente y ha señalado la responsabilidad del Ayuntamiento de Bacares como entidad empleadora. El caso fue encauzado por el gabinete jurídico Vosseler Abogados por una doble vía, laboral y penal. La primera, permanece a la espera de que exista estabilidad clínica para «determinar el daño final sufrido» y establecer la reclamación correspondiente. La vía penal, aún no ha arrancado. «La causa está paralizada en la vía penal debido a la vacante generada por la baja de un funcionario», denuncia Ámbar Zambrano , responsable del área laboral de Vosseler Abogados y directora jurídica del caso. La incorporación posterior de un nuevo trabajador tampoco ha permitido desbloquear el expediente, ya que, según la letrada, el juzgado mantiene congelados los procedimientos para concentrarse en una única causa ajena al accidente. Mientras las lesiones de Raúl avanzan y obligan a su familia a tomar decisiones inmediatas, el procedimiento destinado a determinar responsabilidades permanece prácticamente inmóvil. «Hay una espera media de unos tres años que, en algunos casos, puede convertirse en hasta diez», señala Zambrano. Para Raúl y su familia, esos años son «un segundo calvario». Cuando reciba el alta, necesitará asistencia continuada. Su vivienda deberá adaptarse y la familia deberá afrontar los gastos derivados de su dependencia y de sus lesiones. «En unos meses le dan el alta y no tenemos ni la casa adaptada ni la capacidad económica para procurarle los cuidados que necesita. Tiramos con la baja de él pero cuando le den el alta...», afirma Rodríguez. La defensa estima que garantizar sus cuidados podría costar alrededor de un millón de euros. Sin embargo, la póliza de responsabilidad del Ayuntamiento de Bacares sería muy inferior a esa cantidad. La abogada intenta ahora que el seguro realice un pago a cuenta que permita a la familia disponer de dinero de manera inmediata. Al mismo tiempo, se tramita el reconocimiento de la gran invalidez. «Ahora, nuestro segundo calvario es esa crueldad administrativa que nos aleja del resarcimiento del daño sufrido», lamenta Marta. El problema no se limita a los accidentes laborales. En los casos de negligencia médica, el retraso en el reconocimiento de la responsabilidad y en el pago de las indemnizaciones puede prolongar también durante años las consecuencias del daño. Carlos Sardinero, fundador del Despacho Sardinero Abogados y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, explica a ABC que, en numerosos casos de indemnizaciones, los intereses generados por la demora en el pago terminan superando la propia indemnización. La clave está, según señala, en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros, que establece que, si transcurridos dos años desde los hechos el asegurador «no hubiere realizado la reparación del daño o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuere imputable», la indemnización «se incrementará en un 20 por 100 anual». «La Ley establece los escenarios en los que pueden interrumpirse de manera justificada el pago de este tipo de compensaciones. Y un pleito no es motivo para retrasarlo», subraya Sardinero. El abogado pone como ejemplo un caso de negligencia médica ocurrida en Castilla-La Mancha en 2019. Una niña había sufrido graves daños durante el parto en un hospital de Ciudad Real. Condenaron a un ginecólogo y a una matrona por un delito de lesiones por imprudencia profesional, además de establecer responsabilidades para las aseguradoras. La indemnización inicial se situaba en 2,6 millones de euros. Los intereses derivados de la demora elevaron finalmente la cantidad hasta los 5,2 millones. «En el momento en el que la víctima cobra tarde se deja de impartir justicia», sostiene Sardinero. Recuerda, asimismo, un caso pionero que obligó al Ministerio de Justicia a indemnizar en 2023 a un paciente cuyo caso por negligencia médica prescribió por la dilación indebida de un Juzgado de Madrid a la hora de investigar. «Fue la primera vez que se castigó a la Justicia por esta causa. En el procedimiento, apelé al artículo 24 de la Constitución que establece que una paralización como la de este caso resulta inadmisible e incompatible porque se le prohibió al afectado un derecho fundamental como el acceso a la Justicia», arguye el abogado. La Justicia debería ser el mecanismo encargado de reparar el daño pero cuando llega demasiado tarde, corre el riesgo de convertirse en una nueva fuente de desamparo.
