Presidenta reduce a ¢11.000 millones recorte al Poder Judicial, pero condiciona liberación de recursos
La presidenta Laura Fernández Delgado anunció en cadena nacional que el Gobierno ya no aplicará al Poder Judicial una reducción presupuestaria originalmente prevista de ¢27.000 millones para el 2027, sino una de ¢11.000 millones.
La presidenta afirmó la noche de este domingo que las instituciones del Poder Ejecutivo asumirán la diferencia de ¢16.000 millones mediante rebajas institucionales, aunque dejó sujetas a condiciones legislativas las erogaciones.
En un mensaje divulgado esta noche, Fernández Delgado sostuvo que la rebaja sería menor a la anunciada previamente por el Ministerio de Hacienda y que se preservarán recursos para la compra de armas y chalecos antibalas, en una referencia directa a necesidades de seguridad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La mandataria indicó que los fondos cuya liberación quedaría pendiente solo podrán utilizarse después de cumplir tres condiciones: una revisión legislativa de las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica; una certificación de la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de disposiciones de auditoría relativas a esas obras; y una autorización de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y, posteriormente, del plenario legislativo.
La referencia de la mandataria a los ¢27.000 millones corresponde al recorte inicialmente propuesto por el Gobierno para el presupuesto judicial de 2027.
La controversia presupuestaria ha generado reacciones de autoridades del Poder Judicial por las consecuencias para el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el programa de atención y protección de víctimas y testigos.
Diputados de oposición propusieron convocar al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, a explicar las implicaciones del ajuste sobre esas dependencias, pero legisladores de Pueblo Soberano rechazaron la audiencia.