Después de Camilo Rodríguez: ¿Qué implica para el país, su seguridad y por qué concierne a más que los comunicadores?
El asesinato del periodista Camilo Rodríguez resuena más allá del espacio en que ocurrió la monstruosidad; sus ecos llegan a los comunicadores que tienen tan solo un atisbo, un ligero pensamiento de preguntarse si decir lo que saben, investigar lo que sospechan o publicar lo que descubrieron.
El lunes 16 de noviembre, dos hombres en motocicleta interceptaron a Rodríguez en Santo Domingo de Heredia y dispararon contra su vehículo. Su homicidio se convirtió en el tercero ocurrido a un periodista costarricense en los últimos 25 años (la lista la completan Parmedio Medina e Ivannia Mora).
El asesinato de Rodríguez obliga a mirar más allá de un crimen, en un país donde asesinan a alguien cada diez horas, retrocede la libertad de prensa y seis de cada diez personas consideran peligroso ejercer el periodismo.
Rodríguez había denunciado amenazas y difundido informaciones sobre presuntos vínculos entre narcotraficantes y figuras públicas desde hace muchísimos años en redes sociales, por lo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y una veintena de organizaciones de comunicación y periodismo han exigido investigar prioritariamente si su asesinato guarda relación con su actividad periodística.
Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo los atacantes revisaron el lugar y se aseguraron de la muerte de Camilo (no era una amenaza; era una ejecución preparada, nada fortuita). Colegas que fueron a esa cobertura cuentan lo sorprendente: “Cuando me vi ahí tomando la foto, me di cuenta que hace veintipico de años estuve a 100 metros de ahí, registrando la misma cosa”, en referencia al asesinato del también periodista Parmenio Medina del 2001.
Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina, declaró que “el asesinato de Camilo Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado durante mucho tiempo un referente de libertad de prensa en América Central”. Unesco Costa Rica ha dicho que “ser periodista no debería ser considerado un trabajo de alto riesgo. La violencia contra periodistas equivale a un ataque contra la democracia”.
Además, Naciones Unidas ha dicho que “el silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico y lesiona el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y participar en el debate público”.
Romeu recordó que RSF ya había advertido sobre el aumento de las presiones contra periodistas críticos y las dificultades para ejercer el periodismo de manera independiente.
Eduardo Ulibarri, exdirector de La Nación, analiza el crimen desde la dimensión democrática. “Es una noticia realmente trágica por la pérdida de una vida humana, pero también por lo que esa vida humana representa desde el punto de vista del desenvolvimiento de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestra convivencia. Cuando se recurre a las armas, cuando se recurre al asesinato para acallar voces quiere decir que una sociedad entra en una etapa de la cual a veces es difícil salir”.
Hay una palabra que conviene recuperar para comprender esa advertencia: terror... El terror no consiste solamente en producir una víctima, sino que consiste en conseguir que otras personas modifiquen su comportamiento por temor a convertirse en la siguiente.
Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, estudió el terror como un instrumento de dominación que destruye los vínculos entre las personas y debilita su capacidad de actuar colectivamente, justo cuando la intimidación empieza a gobernar la vida pública.
El asesinato de un periodista tiene precisamente esa capacidad expansiva: sus destinatarios no son únicamente sus familiares o sus colegas, sino también quien investiga corrupción, narcotráfico, abusos de poder y redes criminales.
Un país que comienza a temer
Costa Rica construyó buena parte de su identidad internacional sobre una excepcionalidad democrática. En una región marcada por dictaduras, guerras civiles y persecuciones, el país se presentó durante décadas como un territorio donde las diferencias podían resolverse mediante instituciones, elecciones y debate público.
Pero hoy los indicadores obligan a revisar esa imagen. El país cayó del octavo al puesto 38 en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras entre 2022 y 2026. Perdió 30 posiciones en apenas cuatro años.
A esto se suma un dato de la cuarta Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, de la Universidad de Costa Rica: el 58,1% de los consultados considera peligroso trabajar como periodista. Es la proporción más alta desde que comenzó la medición en 2023. Y es bueno aclarar que quienes responden son ciudadanos; no se trata solamente de una preocupación gremial.
Cada vez resulta más difícil ignorar el temor que acompaña ciertas publicaciones. Inclusive no firmar a nombre de personal puede ser una opción, no necesariamente porque exista una amenaza concreta, sino porque el entorno ha cambiado.
El exilio y las amenazas
La violencia contra la prensa no siempre termina en un asesinato (de paso, cabe subrayar que en Costa Rica una persona es asesinada cada diez horas, según el OIJ). También adopta formas de vigilancia, hostigamiento, amenazas y desplazamiento forzado.
Semanario Universidad reportó en setiembre que los periodistas Sylvia Ziesing y Erick Sojo están en exilio por persecución política. La comunicadora nicaragüense exiliada Cindy Regidor, por su parte, recibió advertencias para que abandonara el oficio y se dedicara a otra actividad ante las amenazas que recibía de represión trasnacional.
No está de más reflexionar que, cuando un periodista abandona su país, además de todo el conflicto personal, se desplazan sus fuentes, sus investigaciones y su capacidad para fiscalizar a quienes ejercen el poder.
Hablemos de más datos: Revista Dominical reveló que más de 1.800 costarricenses solicitaron refugio en el extranjero durante 2025. Entre los testimonios conocidos por este medio figuran personas que alegan persecución y amenazas después de denunciar irregularidades. Uno corresponde a un funcionario público que afirma haber denunciado anomalías en el otorgamiento de permisos estatales y haber recibido presiones para guardar silencio.
Otro involucra a una persona que señala haber sido perseguida después de negarse a determinadas acciones y atribuye las amenazas a un policía presuntamente relacionado con actividades del narcotráfico.
La historia del periodismo nacional tampoco permite tratar estas preocupaciones como algo nuevo. Para la conmemoración de los 80 años de La Nación, el periodista Guillermo Fernández recordó las amenazas que recibió durante una extensa serie de investigaciones en los años 80.
“Fueron 16 días seguidos publicando hasta cinco páginas diarias”, relató. Aquel trabajo le valió amenazas contra su familia, el exilio y el hallazgo de dispositivos GPS ocultos en su automóvil.
Hoy, esas amenazas se pueden sentir multiplicadas con la inteligencia artificial, los programas de espionaje (como “pegasus”, que se infiltra en teléfonos y extrae datos sin que el usuario lo note), así como las múltiples herramientas de reconocimiento y rastreo digital amplían posibilidades de vigilancia.
Esta misma semana, en Panamá, incendiaron la casa del periodista Rolando Rodríguez. Costa Rica, por su parte, alberga a decenas de periodistas que han tenido que abandonar sus países, muchos de ellos debido a la persecución de regímenes como los de Nicaragua y El Salvador. El periodista Sergio Araúz, de El Faro, contó a RD cómo llegó a Costa Rica para participar en un foro sobre periodismo y, al día siguiente, ya no podía regresar a su país.
La presencia de estos comunicadores en territorio costarricense recuerda que las amenazas contra la prensa no son una realidad lejana (previamente, en el 2019 Teletica tuvo una alerta de explosivo y ese mismo año se quemaron periódicos en las afueras de Grupo Nación). De hecho, en el país funciona la Casa para el Periodismo Libre, un espacio creado para acoger y brindar apoyo a periodistas en situación de desplazamiento forzado o exilio.
Vilma Ibarra, exdirectora de Hablando Claro, subrayó que “tenemos que reforzar, por todos los medios posibles, la protección y la garantía constitucional del derecho a la vida, así como de las libertades de expresión, de ideas y de opiniones en general de todas las personas”.
Yanancy Noguera, directora del Colegio de Periodistas, reflexiona que este órgano debe estar más cerca de los colegas independientes. “El paso que sigue es tratar de blindar a los medios que están todavía haciendo periodismo independiente y además defenderlos, señalar claramente que hacen periodismo independiente, solicitar una acción social de apoyo a esa prensa independiente y tratar de blindar eso con soporte internacional”.
Inclusive, Noguera no da un atisbo optimista. “Yo creo que la autocensura se va a duplicar, triplicar y las consecuencias de eso creo que el país tiene que aprender a a medirlas y entenderlas porque son muy serias. El miedo se instaura y automáticamente todo cambia. El silencio se vuelve la norma”
Si después de un asesinato los periodistas comienzan a callar, los responsables habrán conseguido, además de que quitar una vida, que el miedo empiece a ocultar las noticias. Y con las noticias, la posibilidad de vivir en una sociedad verdaderamente libre.
