El Gobierno logra su primera victoria política: pacta otra subida del salario mínimo con sindicatos y patronal
Han pasado ocho días desde que el Consejo de Ministros se reunió por primera vez y este miércoles ha logrado su primera victoria política: un acuerdo con los sindicatos y la patronal para la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales.
La expectativas que había fijado el Gobierno de coalición eran elevadas y las primeras decisiones pasaron casi desapercibidas puesto que eran medidas largamento anunciadas: la actualización de las pensiones conforme al 0,9% de incremento del IPC y la subida del 2% del sueldo a los funcionarios, que era un compromiso ya adquirido. La otra iniciativa fue el compromiso de llevar el plan contra la emergencia climática al Congreso en 100 días.
Todas las expectativas del arranque del nuevo Gobierno estaban fijadas en la subida del salario mínimo. Uno de los compromisos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo programático es que se sitúe en el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Desde el Ejecutivo aplacaron esas perspectivas dejando en manos la subida correspondiente a 2019 en manos del diálogo social. A ese encuentro los sindicatos llegaban con la exigencia nítida de un aumento mientras que la CEOE se resistía a pactar un incremento sustancial para situarlo en mil euros. También se ha opuesto a acordar una subida paulatina para los próximos cuatro años. "Estamos en el día a día", expresó su presidente, Antonio Garamendi.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado la foto de un acuerdo en cuya negociación ha contribuido el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, especialmente con el presidente de la CEOE. Y que se produce cuando la derecha política y mediática dibuja un escenario apocalíptico respecto a la marcha de la economía española y del futuro del país. Díaz, dirigente de IU que se bregó en el sindicalismo que aprendió en casa de su padre, Suso Díaz, un histórico de la lucha obrera en Galicia, compareció en la sede del ministerio pasadas las 19 horas sin ocultar la alegría por el incremento del salario mínimo en un 5,5%: "Somos un Gobierno fuerte, estamos siguiendo el mandato de una mayoría social que quiere que avancemos".
"Es el primer gran acuerdo social de esta legislatura –resumió la ministra–. Vamos a seguir adelante. No tengan dudas: este ministerio va a seguir trabajando y tomando medidas que mejoran la vida de la gente".
PSOE y Unidas Podemos ya habían pactado elevar el salario mínimo hasta los 900 euros, un 22% en la anterior legislatura, una medida que formaba parte del pacto de Presupuestos pero que finalmente acabó aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez.
Unas horas antes, en el acto de toma posesión de los secretarios de Estado de su área, el vicepresidente, Pablo Iglesias, había deslizado que el acuerdo, en el que ha trabajado desde la llegada al Gobierno, era inminente. "Muy pronto los trabajadores de este país van a tener una buena noticia", expresó Iglesias, que aseguró que en los últimos días había hablado con todas las partes implicadas: "Estos días he podido hablar con Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y he recibido de los tres muy buena voluntad". Recuperar la relevancia del diálogo con los sindicatos y la patronal era también uno de los objetivos que encomendó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al vicepresidente de Derechos Sociales.
La negociación de Iglesias partió de mil euros
La titular de Empleo cedió buena parte del protagonismo a sindicatos y patronal: "Los agentes sociales han sido responsables, han elevado la mirada y hemos alcanzado un acuerdo". "El acuerdo es positivo por la cuantía, pero también por la senda que iniciamos en relación al diálogo social y al diálogo tripartito para poder empezar a trabajar en acuerdos", expresó el líder de UGT, Pepe Álvarez. "Tanto CCOO como UGT hemos manifestado, repetidamente, nuestra voluntad de que el SMI se sitúe en España en el 60% de la media salarial (...) Este acuerdo nos sitúa en esta senda", dijo su homólogo de CCOO, Unai Sordo, que recordó que "el incremento de los salarios más bajos [que ascendió a 900 euros en 2019 tras un aumento del 22% pactado por Sánchez e Iglesias] no ha destruido empleo".
La patronal no fue tan eufórica, pero dejó claro que se mantendrá en la mesa para futuras negociaciones, como la del Estatuto de los Trabajadores y la reforma laboral. "Hemos llegado a un acuerdo que pensamos que es mejor que la oferta que teníamos", admitió Garamendi. "Para las pymes subir a 950 no es bueno, pero es mejor que subir a mil", subrayó el responsable de Cepyme, Gerardo Cuerva. En el inicio de la negociación, que ha pilotado Iglesias con Garamendi, el planteamiento del Gobierno era una subida hasta los mil euros.
Durante los prolegómenos de la coalición, los empresarios habían azuzado el "miedo" a las medidas económicas que pondría en marcha. Desde la parte socialista del Gobierno, habían emitido ya mensajes de tranquilidad a inversores y patronal. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha apostado este mismo miércoles por "que suban los salarios sin poner en riesgo la creación de empleo". Carmen Calvo había descartado el incremento hasta los mil euros: "Se hace sin que la empresa tenga ningún tipo de riesgo para lo que nosotros es preciado que es el crecimiento económico".
La reunión con los agentes sociales coincidió precisamente con la presencia de Sánchez en el Foro de Davos, una de las cumbres del capitalismo, en el que aprovechó para tranquilizar a inversores y grandes empresas respecto a los planes del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "Nos disponemos a demostrar que la extrema derecha y el populismo solo pueden ser combatidos mediante la política del bien común proporcionando respuestas a los problemas de los ciudadanos", dijo en su discurso en el que recordó el compromiso de España con el equilibrio presupuestario.
Unas horas después llegaba el acuerdo que ha celebrado el Gobierno y que supone su primera victoria en una legislatura en la que Sánchez se ha rearmado frente a la bronca que anticipa y en un momento que el Ejecutivo está envuelto en la polémica por su intención de reformar el Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. Esa medida, que abrazan los independentistas porque allanaría la salida de prisión de los condenados del procés, ha provocado los reproches de PP y Ciudadanos, que lo consideran un "indulto encubierto".
Un logro en un arranque hostil
El primer entendimiento en el marco del diálogo social se produce en el inicio de un mandato que tanto PSOE como Unidas Podemos prevén que esté plagado de altibajos. De hecho, en el arranque ya se han enfrentado a las críticas desde distintos sectores. Sánchez se ha preparado contra la hostilidad que anticipa de la oposición pero también de otros sectores como el mundo judicial. En ese sentido, tomó la primera decisión polémica: la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ese nombramiento le provocó, además de las duras críticas de PP y Ciudadanos, un cuestionamiento por parte de las asociaciones profesionales. En la defensa de esa decisión de Sánchez, el ministro de Consumo y líder de IU, tuvo el primer encontronazo con los fiscales, que criticaron sus palabras sobre la dependencia jerárquica de la Fiscalía, en tanto que es el Ejecutivo quien decide quién ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
El Gobierno palpó el ánimo a la contra del Consejo General del Poder Judicial cuando emitió un comunicado inédito contra las palabras de Iglesias. El vicepresidente dijo que había sido una "humillación" para España que el Tribunal de Justicia de la UE le diera la razón a Oriol Junqueras sobre su inmunidad. Moncloa salió cerró filas con el vicepresidente y lleva desde entonces instando a los conservadores a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de un año.
El PP no está por la labor de llegar a un entendimiento y la derecha ha desatado la guerra contra el Gobierno en distintos frentes. La coalición no tendrá el camino fácil ni en Congreso, ni en los tribunales. Tampoco las distintas administraciones del Estado le van a dejar pasar una: varias comunidades han anunciado que recurrirán ante la Justicia la decisión de Hacienda de no devolver a las autonomías las liquidaciones del IVA, que tendrán que computar como endeudamiento. Con los gobiernos autonómicos en pie de guerra, el Gobierno consigue con el salario mínimo su primer logro.