Los jueces reclaman medidas para frenar la fuga de magistrados de Cataluña
De un tiempo a esta parte, los jueces se han convertido, sin quererlo, en la cara de la noticia. Ellos, que estaban acostumbrados a que las cámaras buscaran al malo de la película, a la víctima o al abogado mediático, denuncian ser el blanco de ataques de ciudadanos que no comparten sus sentencias. Sobre todo, en Cataluña, a partir de 2015, cuando se abrió el procedimiento judicial contra Artur Mas, por la convocatoria del referéndum del 9-N. Lamentan que se les falte el respeto de manera habitual, que jueces y fiscales han recibido ataques personales, y que estos se han intensificado desde el otoño de 2017. Hasta el punto, de que más de un centenar ha pedido el traslado a otra Comunidad Autónoma. «21, en 2017; 48, en 2018, y 38, en 2019», calcula la sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
«Estamos mal. Hay compañeros con pareja e hijos catalanes que no quieren que sus niños crezcan aquí, que temen que cuando digan que su padre es juez, sean objeto de críticas», lamenta la magistrada Bea García-Valdecasas. «Los jueces nos podemos equivocar», admite. «Pero para revisar una decisión, existen los recursos, si no, no habría justicia», matiza.
Con la idea de defender su trabajo, que la justicia es independiente e imparcial y hacer más humana la figura del juez, la sección catalana de la APM ha reforzado su presencia en las redes sociales, desde donde hoy cualquiera opina sobre una sentencia sin conocer la Constitución. Tienen cuenta en Twitter e Instagram específica de la sección territorial catalana desde donde hacen pedagogía para combatir lo que consideran «una campaña de desprestigio que trata de atemorizar a jueces y fiscales». En su primera entrada en Instagram, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Luis Rodríguez Vega, por ejemplo, defiende la imparcialidad de los jueces ante la campaña de acoso a la que se han visto sometidos tras la fallida declaración de independencia. También enseñan qué hace un juzgado de guardia o denuncian el mal estado de los edificios. «En Badalona, los juzgados están en barracones llenos de polvo y un juez tuvo que pedir la baja por asma, en Sant Feliu tienen ratas y en Sant Boi hacen juicios a 40 grados en verano», lamenta García-Valdecasas.
La campaña de desprestigio y acoso contra el colectivo judicial subió de tono coincidiendo con el inicio del juicio del «procés», que obligó a adoptar medidas de seguridad a las sedes judiciales. «Los edificios se llenaron literalmente de mierda –estiércol, basura y heces– y pintadas», recuerda García-Valdecasas. «Ahora, la presión ha bajado», dice, «pero aún y así, Cataluña sigue sin ser un destino atractivo para la carrera judicial». Los catalanes no tienen tanta cultura de opositar como los andaluces o madrileños. Y pese a que la Escuela Judicial está en Barcelona, hay pocas solicitudes. El 30% de las vacantes está en Cataluña. La APM propone medidas para atraer a jóvenes magistrados y frenar el goteo de jueces que piden traslado. Por ejemplo, que la plaza vaya acompañada de bonificaciones como en el País Vasco, con abonos de tren o que sume puntos para la carrera judicial.