Funerarias clausuradas por Profeco se regularizan en León
Las siete funerarias que fueron clausuradas la semana pasada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en León, ya se encuentran realizando sus trámites de regularización para poder volver a prestar sus servicios.
Dichos establecimientos fueron suspendidos por presentar una falta de contrato de adhesión a dicha dependencia, tarea que es obligatoria para poder operar.
La semana pasada la Profeco desplegó un operativo a nivel nacional para monitorear y verificar el comportamiento comercial de los servicios funerarios.
En la región de zona del Bajío, y de manera aleatoria, se estuvieron verificando 10 establecimientos que prestan ese tipo de servicios. El resultado fue que 7 de ellos no contaban con dicho documento.
"Desafortunadamente tuvimos que colocar sellos de suspensión de comercialización hasta en tanto pudieran ellos subsanar el error y venir a hacer el trámite para la inscripción del contrato para la prestación de servicios que celebran con sus clientes y que tendría que estar necesariamente validado por la Profeco", compartió el director de Profeco León, Armando Guzmán.
Señaló que durante esta semana ya se encontrarán quitando los sellos de suspensión a las funerarias que han subsanado su error, y así podrán seguir laborando.
Además señaló que como consecuencia, se espera que los demás establecimientos del mismo sector se percaten de las suspensiones y así realicen los trámites que les faltan.
"Es importante comentarles que independientemente de las que no salieron verificadas, han estado viniendo de manera voluntaria para realizar su trámite, que al final del día ese es el efecto importante que se busca en un operativo de esta naturaleza. Para efecto de que en el mismo gremio se comuniquen esta situación y vengan a hacer los tramiten correspondientes aquí en la Profeco para llevar a cabo la inscripción de su contrato de adhesión", explicó.
Sin embargo, recalcó que estas suspensiones no implican que estén involucrados en un proceso por infracciones a la ley. De ser así, el proceso tarda aproximadamente mes y medio y hay sanciones económicas desde los 600 pesos hasta el millón y medio, eso depende de la capacidad económica del infractor y se va determinando durante el proceso correspondiente.