El Gobierno ignoró los avisos sanitarios por una ley-trampa
Las frases de «el machismo mata más que el coronavirus» (pronunciada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo antes de celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer) o «si nos tenemos que contagiar por luchar por las mujeres, nos contagiamos» (de boca de simpatizantes de Podemos presentes en la marcha central de ese domingo y que recogió ABC en su edición del 9 de marzo) pasarán a los anales de la historia como «grandes imprudencias políticas» pronunciadas en democracia.
Sería fácil verter este juicio ahora, meses después, en la resaca de una pandemia que se ha llevado más de 27.000 vidas según la estadística nacional, pero ya la recién nombrada ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía claro el 9 de marzo que habían contraído un riesgo demasiado elevado para la población. Ella misma, que se turnó en brazos a su hija Aitana con su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias en diversos momentos del trazado por el centro de la capital, reconoce en un vídeo al que tuvo acceso ABC (pertenece a los instantes inmediatos a una entrevista concedida a la televisión vasca ETB) que la gente se acercaba a su hija y a ella, las tocaba y saludaba desdeñando la pandemia. «Había mogollón de peña, tía –le confiesa a la entrevistadora–; y decían: un beso ministra... el coronavirus da igual».
En esta grabación, Montero también atribuye al coronavirus la menor afluencia de gente a las marchas, totalmente deslucidas porque en la calle ya había temor a la enfermedad proveniente de China. Sin embargo, Igualdad, en su versión pública y con la luz roja de las cámaras encendida, atribuyó el tercio de asistencia inferior respecto a 2019 no al «miedo», sino «a la lluvia» registrada en ciudades como Madrid.
El 3M: la ley «del solo sí es sí»
Montero, como queda reflejado en este vídeo, sabía que el Gobierno tendría que haber adoptado medidas drásticas frente al patógeno, pero ella tenía un plan desde que entró en la cartera y lo acometió esta semana del 2 al 8-M.
El tándem Montero-Iglesias condicionó el apoyo morado a la coalición de gobierno a que se aprobase una iniciativa, redactada por Podemos en materia de Igualdad: «la ley del solo sí es sí». Tendría, para ello, una capitana: la ministra del ramo, y tendría que salir adelante la semana en que ella abanderase por primera vez las marchas feministas. Montero se jugó todas sus bazas a esta carta: en su debut como ministra asumió que su departamento carecía de presupuesto y grandes competencias, pero todo su empeño personal era promover la ley de libertades sexuales (se suprime el delito de abuso y se fusiona con el de agresión), la legislatura siguiente a la sentencia de la Manada. Este anteproyecto de ley se aprobó, a toda prisa, el 3 de marzo en un Consejo de Ministros donde Montero fue interpelada por los periodistas sobre cómo se plasmarían en el Código Penal ciertos artículos como la falta de consentimiento sexual. Ella no supo contestar. Pasaban las 13.00 horas y a las 9.00 Victoria Rosell, la juez encargada de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, explicaba en la sede del Ministerio los vericuetos legales del articulado de ese anteproyecto. Ambas coincidieron en una aseveración: «Con esta ley España va a ser un país más seguro». Es ya un hecho que no lo fue.
Se infravalora la emergencia sanitaria
Este mismo 3 de marzo, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades lanzaba un aviso a los países europeos sobre la virulencia con que aterrizaba en el Viejo Continente el patógeno de Wuhan. El centro, radicado en Estocolmo con una plantilla de 290 personas, instaba a mantener la «distancia social» y «evitar actos multitudinarios innecesarios». España ignoró esta advertencia, mientras Portugal y Grecia refugiaban a sus poblaciones y esquivaban ese primer embate del coronavirus. Otros países del este de Europa, como acaba de publicar la revista «The Economist», lograban aplacar el ataque porque confinaron antes a sus ciudadanos por una realidad, que asumieron sin pudor: sus sistemas de salud, paupérrimos, no podrían soportar una emergencia sanitaria. En cambio, sin material de protección suficiente, el Gobierno español mantuvo el 8-M y todos los eventos de masas y lanzó a nuestro sistema sanitario a la mayor embestida de su historia. Había incontables señales de emergencia: de hecho, el 31 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lanzó su primera alerta internacional por coronavirus; y el doctor responsable del Centro de Alertas del Gobierno español, Fernando Simón, declaró el 23 de abril que el virus «circulaba desde febrero».
Sin respaldo, mero trámite
La ley de Montero que pudo comprometer la salud de la población no será una realidad, tal y como está redactada. Fue una «treta propagandística» y una argucia de Igualdad, tras la información que ha podido recabar ABC. En realidad, y dada esta documentación, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se limitó a ser un mero inicio de la tramitación de la norma, de ahí que no se publicasen ni uno solo de los trámites previos que se exige para la aprobación de una nueva ley, y donde deben emitirse una serie de informes preceptivos para asegurar, entre otras cuestiones, la participación de colectivos que deben ser escuchados anteriormente «para garantizar el acierto y la legalidad del texto». Según ha podido saber este diario, además, el Ministerio de Igualdad tampoco dispone de «ningún informe de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios», requisito previo a la entrada de la norma a La Moncloa.
Desde Igualdad se argumenta que no es un trámite que se contemple en la ley, cuando la 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, lo deja claro en su artículo 26.4. El proyecto de Montero también carece de una «Memoria de Análisis de Impacto normativo» que, según Igualdad, «será publicada en el Portal de Transparencia una vez finalizada», pero que debería haberse realizado previamente si la ley hubiera llegado en su estatus auténtico al Consejo de Ministros, algo que no ocurrió y que hubiera evitado la invasión de competencias de otros ministerios, como Justicia. Asimismo, el departamento de Montero se negó en marzo y vuelve a hacerlo ahora a facilitar el informe elaborado por la Secretaría General Técnica de Igualdad, que debería estar redactado, alegando que es un documento auxiliar que no tiene razón para ser público, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que, muy al contrario, es un documento preceptivo que no tiene carácter auxiliar.
Cisma en justicia
El primero en detectar todas estas fallas fue un magistrado, a la sazón ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, que a punto estuvo de volar por los aires el acuerdo PSOE-Podemos en tiempos preCovid. Redactó un documento de 26 páginas y multitud de precisiones por preceptos de dudosa legalidad y, en una de las sesiones de seguimiento del pacto de gobierno celebrada en el Congreso, saltó el «recorte» de artículos que pedía Justicia. Desde este departamento se propusieron algunas enmiendas a una norma que ya salía del Ministerio de Igualdad plagada de incorrecciones legales e incluso faltas de ortografía, dando lugar a una norma que para los ministros socialistas no era más que una chapuza.
La artillería pesada de Podemos, con Pablo Echenique a la cabeza, tachó de «machista» a Campo; Montero arremetió contra quienes no querían que los derechos de las mujeres avanzasen. Campo cedió a lo que el PSOE vió como un chantaje de Podemos y la iniciativa llegó al Consejo de Ministros. Esa semana, el 11 de marzo, Italia había cerrado sus puertas al turismo extranjero con una Lombardía asediada. España dejaba entrar a los turistas. Se calcula que –partidos de fútbol mediante– esos primeros fatídicos días de marzo dos millones de viajeros fueron y vinieron de la zona de Milán.