División de los padres ante la vuelta al cole: qué consecuencias civiles o penales pueden tener por no llevarlos a clase

Al margen de las críticas por falta de liderazgo o inacción, hay preguntas que el Ministerio de Educación no puede responder. La pandemia está siendo tan catastrófica como incierta. Y no solo porque no se sabe cómo evolucionará el virus (debate aparte merece la capacidad de previsión del Gobierno) sino porque la sociedad no estaba preparada para esto. Por eso, para la ley también es difícil responder qué pasará con aquellos padres que deciden no llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio o porque consideran que las medidas de seguridad son insuficientes. Esta semana, precisamente, empieza el curso en la mayoría de comunidades del país. Según el artículo 154 del Código Civil, dentro del conjunto de deberes que los padres deben asumir en el ejercicio de la patria potestad, se incluye el de «educarlos y procurarles una formación integral» pero, al mismo tiempo, el de velar por ellos, es decir, cuidar de su salud. ¿En el contexto de una pandemia de coronavirus se puede recriminarle a un padre que decida velar por la salud de su hijo y no llevarlo a clase y abrirse un expediente de inhabilitación temporal de la patria potestad? La pregunta ha llevado al ministerio de Educación a pedir un informe a la Abogacía General, tal como adelantó ABC. Cuidar a los hijos «Sería muy excepcional que cualquier administración instase un proceso penal por el delito de abandono familiar (artículo 226 del Código Penal), que incluye desatender gravemente los deberes inherentes a la patria potestad. Y ello por cuanto el progenitor podría alegar el cumplimiento del deber de velar por su hijo (que incluye cuidarlo y atenderlo). En consecuencia, de producirse alguna actuación contra estos padres sería más comprensible en el ámbito civil donde se tratarían de conocer las causas que han motivado la no escolarización del menor y valorar la apertura, en su caso, de un expediente de inhabilitación temporal de la patria potestad (artículo 170 del Código Civil)», señala Luis Centeno, especializado en derecho educativo. El letrado experto en Derecho Penal, Carlos Maroto, no descarta incluso la aplicación del artículo 556 del Código Penal (CP), que alude a un delito de desobediencia a la autoridad si, por ejemplo, «se incumple una sentencia que obliga al padre a escolarizar a su hijo». El abogado Borja Adsuara considera que «para aplicarse el Código Penal, concretamente el artículo 226, tendría que ser un abandono grave y prolongado y en este caso no lo sería y además justificarían no enviarles al cole justamente para velar por su salud» «El derecho está para castigar actos no razonables, no aquellos que lo son» La magistrada de la Audiencia de Madrid en familia y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Natalia Velilla, dice que el «derecho está para castigar actos que no son razonables, no aquellos que lo son». «En caso en que un progenitor por miedo insuperable a que su hijo padezca coronavirus si no le lleva al colegio no creo que prospere ninguna acción penal contra ese padre por delito de incumplimiento de las obligaciones familiares del artículo 226 del CP. Este artículo está pensado para casos en los que padres, desobedeciendo cualquier tipo de indicación de la autoridad, dejan de llevar a sus hijos sistemáticamente al colegio pero en un entorno normal. Existiendo un contexto de pandemia y de crisis sanitaria, es comprensible que se ponga en una balanza la obligación de llevarlos al colegio con el derecho a la integridad de sus hijos que también es un derecho fundamental, como el de la educación». La juez agrega que «aún en el supuesto hipotético se que se abrieran diligencias previas contra unos padres por no llevar a sus hijos al colegio creo que no llegaría jamás a condena puesto que existe un miedo insuperable e incluso un estado de necesidad, que es cuando existe un conflicto entre derechos. Por tanto, la vía penal la considero inabordable. Desde el punto de vista civil, podría haber algún tipo de incumplimiento de la patria potestad con la posible privación de la misma cuando esto sea injustificado, es decir, que no lo lleva porque no quiere, pero, insisto, en un entorno ordinario. Dicho esto habrá que ver cada caso concreto: no es lo mismo un padre con dudas razonables por la situación en la que se encuentra la población en la que reside, por las circunstancias del colegio o porque incluso en su casa hay una persona con patologías previas que un padre que estando en una población con poca incidencia, en un colegio que toma todas las medidas y además no hay riesgo real se empecine en no llevarlo. En cualquier caso el derecho está para castigar cosas no razonables, no cosas que lo son». Por su parte, la Fiscalía General ya se ha pronunciado al respecto y recuerda que «la asistencia presencial del alumnado constituye una obligación ineludible para los padres. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo». Añaden, sin embargo, que «solo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aún temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a los efectos de ejercitar la acción penal contra aquellos padres que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito». Hasta ahora, sobre el tema se pronunció el consejero de Educación catalán, Josep Bargalló que señaló que «Nosotros hemos optado por el convencimiento, como paso previo a cualquier actitud punitiva». «El absentismo voluntario y consciente, la ley lo persigue, y no tiene explicación si no se garantiza el derecho a educación de los hijos», informa Efe.