El 'contagio' de las medidas anti COVID-19 preocupa a los expertos

Las enfermedades infecciosas no son el único fenómeno capaz de propagarse como una epidemia. Crisis económicas, bulos y miedo son susceptibles de seguir estos patrones, tal y como explica el matemático experto en epidemias Adam Kucharski en su libro Las reglas del contagio. ¿Puede darse la paradoja de que las medidas de salud pública destinadas a evitar contagios durante la pandemia también se contagien entre gobiernos, al margen de criterios científicos?

Fuentes de salud pública familiarizadas con la gestión de la pandemia aseguran a elDiario.es, bajo condición de anonimato, que esto ha sucedido en numerosas ocasiones desde marzo. Es el llamado “efecto arrastre”. El uso de mascarillas en exteriores, los cordones sanitarios y el cierre de colegios son algunas de las medidas que se vieron afectadas por este contagio.

“Está habiendo un montón de decisiones en cascada de distintas administraciones por miedo a ser acusadas y quedar las últimas”, asegura el sociólogo del CSIC Luis Miller, que considera este uno de los factores que explican la dureza de la segunda ola española.

Ese miedo a la críticas políticas y públicas favorecen el efecto arrastre. “Toda medida que no implique un enorme impacto económico se intenta adoptar, aunque parezca no acorde a la evidencia o incluso contradictoria, como con el cierre de parques”, añaden desde la administración. “Desconocemos la efectividad de las medidas no farmacológicas, pero se proponen cuando no hay otra cosa. Las regiones al principio dudan y luego, según quiénes se sumen, se suben al carro”.

Esta difusión de políticas es un fenómeno tan conocido como esperable: “A veces los gobiernos aprenden de otros y a veces simplemente copian”, explica Miller, que justifica este contagio en situaciones de crisis. “Aprender requiere un tiempo que no han tenido, por eso han copiado”. En este contexto, “necesitan decisiones que sean creíbles o justificables a posteriori”. A partir de ahí se invierte la lógica: “Primero se toma la decisión y después de racionaliza, como pasó con el cierre de parques”.

Uno de los primeros ejemplos de efecto arrastre tuvo lugar en los días previos al estado de alarma. “El lunes [9 de marzo] a primera hora se acordó no cerrar colegios, pero conforme empiezan a llegar los datos [del fin de semana] una Comunidad Autónoma, empezando por una ciudad, decide desmarcarse”, aseguran fuentes cercanas a la reunión. Esa ciudad era Vitoria, la primera en clausurar los centros educativos en España.

Esa decisión empuja a la Comunidad de Madrid a tomar la misma decisión que Euskadi. Mientras, técnicos como los del CCAES mostraban cautela: “Cerrar los colegios puede ayudar a la diseminación, pero no está claro que mantenerlos abiertos la amplifique”, asegura uno de los técnicos.

La decisión de estas dos regiones impactó en las demás: “Llegó al resto de Comunidades Autónomas, tuvieran infección o no, que se vieron obligadas a sumarse”. La clave del efecto arrastre en una medida de eficacia desconocida es “el miedo al qué dirán y la falta de alternativas entre las que poder escoger”.

El efecto arrastre está favorecido por muchos factores, y uno de ellos es la presión de los ciudadanos. “La opinión pública demanda siempre medidas más extremas de las que suelen recomendar los técnicos, que conocen su efectividad”, aseguran desde salud pública. Es lo que sucedió con el uso de mascarillas en exteriores.

Este ejemplo también pone de manifiesto el miedo a ser el primero en subirse al carro. “La Comunidad de Madrid podría haber sido de las primeras en introducirlas por su alta densidad demográfica, pero fueron los últimos”.

Muchos técnicos se resistieron a hacer las mascarillas obligatorias en exteriores, pero no lograron imponerse. Esto muestra otro de los problemas que estos profesionales sufren por el efecto arrastre: los deja “vendidos” ante la opinión pública con los cambios de criterio.

“Provocó una contradicción importante respecto a lo que se estaba comunicando, que era no dar relevancia a exteriores porque la transmisión es en interiores y durante el confinamiento no tenía sentido su introducción obligatoria más allá de medios de transporte”. La medida, dirigida inicialmente a evitar contagios en estos espacios, se fue distorsionando conforme, en el plazo de un mes, las Comunidades Autónomas se fueron sumando con independencia de su situación epidemiológica.

Esta distorsión es una consecuencia del contagio de políticas: provoca que medidas para un contexto determinado se intenten extrapolar. El ejemplo más claro, según los expertos consultados, es el cordón sanitario de Santoña (Cantabria): “Es un municipio pequeño y aislado y se puede hacer, pero en una gran urbe es muy difícil”. Señalan, por ejemplo, la dificultad de acordonar un barrio que no está confinado y rodeado de otros: “Es impopular y difícil, por no decir imposible, de aplicar”.

Un ejemplo reciente es la implantación de un sistema de PCR en puertos y aeropuertos de Canarias, que desde la administración no considerarían “extrapolable, factible, necesaria ni efectiva” en otras regiones, por mucho que se pueda valorar en las islas por motivos económicos de cara al turismo de invierno.

El problema de este copiar y pegar, “muy habitual”, es que se pierden los matices originales y, por lo tanto, parte de su efectividad. “El que inicia la medida la adapta a su entorno, pero termina creciendo y llegando a ámbitos para los que no se había pensado”. Esto provoca una distorsión a modo de teléfono escacharrado que se observó con los cierres y limitaciones a la hostelería, cuyas licencias varían entre regiones.

En otras ocasiones, el desmarque de una Comunidad Autónoma coloca en una situación difícil a otra. “Los test masivos en centros educativos suponen una presión sobre otras regiones que no tienen capacidad de hacerlo y que reciben la información por los medios”, explican. “Los órganos de coordinación deberían explicar que no comparten una decisión y que les impacta [negativamente]”.

 El efecto arrastre es para subirse, pero nunca para bajarse. “Impide vender a la opinión pública la bajada, que no es popular”, dicen desde salud pública. En el caso de las residencias para mayores, muchas Comunidades Autónomas adoptaron restricciones absolutas de visitas: “Sostener la medida tiene un impacto en esa población que precisa de estímulos para evitar el deterioro cognitivo, pero a ver quién se arriesga a dar un paso atrás”.

“Es un principio de precaución mal entendido, porque contradice el de proporcionalidad y te arriesgas a un impacto muy negativo por no querer desescalar una medida”. La solución, en este caso, puede venir mediante la movilización de los sectores afectados. En el caso de las residencias, algunos lugares han buscado soluciones intermedias como paseos terapéuticos y visitas controladas.

“En las dos olas vemos el mismo patrón en España”, comenta Miller. “Seguimos lo que hace el resto y, en cuanto los datos son peores, se ponen más estrictos”. Mientras tanto se adoptan políticas “que pueden tener efectos contraproducentes”. Al mismo tiempo, se evita dar marcha atrás: “Cualquiera cuestiona ahora la mascarilla al aire libre”, dice el sociólogo.

Romper el consenso, en ocasiones justificado por la situación de cada región, tiene la ventaja de que permite aprender de los errores y aciertos del resto de Comunidades Autónomas y generar información interesante. Miller considera que la diferencia entre aprender y copiar es fundamental: “En el primer caso el problema está bien definido y se busca una solución; en el segundo, solo se busca credibilidad o una justificación de la decisión”.

Es lo que pasó con las PCR iniciales a contactos estrechos para detectar cadenas de transmisión: “La puso el País Vasco, y Navarra y otras regiones se sumaron hasta que se generalizó”, dicen desde salud pública. Más adelante, Aragón las retiró porque no tenía capacidad: lo importante era diagnosticar al caso y poner en cuarentena a los contactos. “Permitió adaptar la medida en Comunidades Autónomas con gran estrés de laboratorio que no dan para más”.

Otro caso de aprendizaje vino con los test serológicos. “Las Comunidades Autónomas que adoptaron test serológicos que diferenciaban IgG de IgM se desmarcaron de la compra estatal de inmunoglobulinas totales. Esto permitió ver si aportaban algo y, por desgracias, se comprobó que no eran necesarios porque no permiten diferenciar una infección activa de una pasada”. En este caso, se generó un conocimiento importante que evitó malgastar más dinero.

Los técnicos consultados para este artículo tienen claro que “es vital” evaluar las medidas de salud pública, algo que “siempre” se olvida. Solo así es posible determinar si hay que reforzar medidas o retirar otras “absurdas”, como “llevar mascarilla en domicilios ajenos y no en medio de la montaña”. En ese sentido, consideran más interesante “copiar” medidas exitosas que modelos enteros de regiones como Asturias, difíciles de extrapolar.

Fuentes de salud pública aclaran que, aunque el efecto arrastre existe y tiene lugar, la percepción del público no siempre es real. “La coordinación es brutal aunque la gente no lo crea, los ‘Fernando Simón’ de las Comunidades Autónomas aprenden y se llevan bien”. Aseguran que a veces parece que una región “empieza”, cuando detrás hay un acuerdo general.

Por eso lamentan que la imagen que se transmite sea de descordinación, cuando en muchas ocasiones todo está hablado con antelación: “Cuando Baleares anuncia una medida y el resto no, lo ha explicado antes a los demás. Cuando Andalucía compra test de antígenos lo hace porque ya hay una decisión técnica y coordinada tomada, pero la coordinación no se ve”. Paradójicamente, esto provoca que la población “presione por medidas que no saben que ya se han hablado”.

Desde la administración creen que una solución es dar más visibilidad a los órganos técnicos y de coordinación para que compartan el foco con los decisores y puedan apoyarse entre ellos para “argumentar que deben resistir este tipo de medidas”. Por el contrario, “si la medida la anuncia un político, parece que es suya”.

Dar más protagonismo a estas estructuras permitiría explicar con mayor claridad por qué se toman una medida en un sitio y no en otro, por qué no siempre son extrapolables y por qué estas son temporales y pueden cambiar de un mes para otro.

Miller cree que el problema del efecto arrastre está potenciado por el clima de polarización actual. “Los decisores tienen miedo, por lo que esperan a que alguien aplique una medida y el resto lo copia de forma irreflexiva”. En su opinión, para “cortar estas cascadas” hay que “llevar el debate a la sociedad, poniendo la evidencia sobre la mesa, para tener políticas más racionales”.

Al sociólogo le gustaría ver un debate en el Parlamento sobre cada medida, con sesiones monográficas. “No se pueden aprobar las cosas y luego anunciarlas. No podemos seguir cada viernes sin saber qué va a pasar y con filtraciones”.

Es una de las medidas que propone la investigadora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) Helena Legido-Quigley en una carta publicada esta semana en The Lancet. “Para que las medidas de control funcionen, los gobiernos deben educar e interactuar con el público, generar confianza y seleccionar las medidas apropiadas que el público esté dispuesto a cumplir. El público debe participar directamente en el proceso de elaboración de medidas”, aseguraba en un tuit reciente. Miller, por su parte, confía en que haya mensajes más claros a partir de ahora. De momento, no lo parece.