Montero rechaza la semana de cuatro días de Iglesias: «La prioridad ahora es crecer»
La reforma laboral vuelve a constituir un elemento de tensión en el seno del Gobierno de coalición. Siempre se ha tratado de un asunto que ha generado puntos de vista discrepantes entre el PSOE y Unidas Podemos pero hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha certificado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que cualquier modificación legal de este calado tendrá que sustanciarse en el marco del diálogo social. La portavoz volvía a canalizar así una reforma de estas dimensiones al necesario acuerdo entre el Gobierno con los agentes sociales.
Además, Montero ha enfriado la idea implantar una semana laboral de cuatro día tal y como había insinuado el vicepresidente Iglesias al asegurar que ni el consejo de ministros ni el «paraguas» del área económica del Gobierno ha abordado este esquema y ha pedido no perder el foco de las prioridades del país. «La prioridad del Gobierno es volver a las tasas de crecimiento previas y establecer un marco de estabilidad para que los inversores decidan venir a España», ha dicho. «No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa», ha subrayado.
Montero intentaba zanjar así varias polémicas abiertas esta semana. Por una lado, la abierta por unas declaraciones del presidente del Gobierno en una entrevista concedida al Periódico de Cataluña este fin de semana en las que planteaba que sin acuerdo en el diálogo social no habría derogación de reforma laboral. Estas declaraciones han sido entendidas por los sindicatos y por la parte morada del Gobierno como la concesión de un derecho de veto al sector empresarial. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, recordaba ese mismo día que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE Y UP se especificaba lo siguiente: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012». Santiago planteaba que «en democracia los derechos de los trabajadores son irrenunciables» y que «diálogo social no es derecho de veto». Y apuntaba a que si no hay acuerdo la reforma debe llevarse al parlamento.
La portavoz del Gobierno ha negado que tal derecho de veto exista, abriendo la puerta en el futuro a una reforma de carácter unilateral. Pero dejando claro al tiempo que por el momento se han marcado la necesidad de alcanzar un acuerdo en este ámbito: «Los asuntos que tienen que ver con materias tan importantes se tienen que discutir y consensuar en el marco del dialogo social», ha dicho Montero, defendiendo la necesidad de «volver al marco donde hemos encontrado los mejores acuerdos» y como método para «lograr el equilibrio justo».
La prioridad ahora mismo es terminar de sellar la aprobación de los PGE. A partir de aquí se abrirán nuevos debates, pero la parte socialista del Gobierno deja claro que su apuesta difiere de los planteamientos de Podemos que quieren ejecutar a toda costa los puntos firmados entre ambos partidos en el acuerdo de Gobierno de coalición. En el sector socialista se considera que las circunstancias económicas se han modificado sustancialmente durante la pandemia, y que hay que abordar alguno de los asuntos acordados de una manera diferente, con un enfoque nuevo a como previamente se había acordado. Este punto enlaza también con la rotundidad con la que Montero ha descartado hoy una posible modificación legal para promover la jornada laboral de cuatro días en nuestro país.
Montero ha asegurado que este debate no se ha sustanciado en el Consejo de Ministros, y que tampoco ha sido objeto de debate entre los ministros de la parte económica del Ejecutivo. La portavoz ha sido muy tajante al plantear que en este momento las prioridades deben ser recuperar las tasas de crecimiento previas a la pandemia y generar un marco de estabilidad que permita la vuelta de los flujos de inversión a nuestro país.
La polémica respecto a la posibilidad de trabajar cuatro días y librar tres estallaba la semana pasada cuando el vicepresidente Iglesias fue preguntado por una enmienda de Más País que apuntaba precisamente en esta dirección. Iglesias eludió criticar la medida y, por el contrario, aseguró que el ministerio de Trabajo estaba «explorándolo» en el marco del «diálogo social». «Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. La propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco del diálogo social se va explorar porque favorecería sin duda la generación de empleo», dijo.
La enmienda de Errejón planteaba en concreto que se habilitara una inversión de 50 millones de euros en incentivos a las empresas que se acogieran a esta semana laboral de 32 horas. Y, según avanzó Errejón, la volverá a plantear esta semana en el trámite que actualmente viven los Presupuestos Generales en el Senado.