El rey emérito paga 678.394 euros a Hacienda para impedir una investigación penal sobre sus tarjetas opacas
Juan Carlos I ha presentado este miércoles a través de su defensa una declaración voluntaria ante Hacienda por importe de 678.393,72 euros, según ha informado en un breve comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco. De este modo, el monarca regulariza las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas y con unos fondos cuyo origen forma parte de una investigación de la Fiscalía que adelantó elDiario.es el pasado 3 de noviembre. La declaración "sin requerimiento previo" se produce, por tanto, después de que se hiciera pública la existencia de estas pesquisas.
La cantidad abonada a las autoridades tributarias incluye "intereses y recargos", según confirma la defensa del monarca, que asegura que Juan Carlos I "continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos". El emérito ha dado a sus abogados la orden de presentar esta declaración desde Emiratos Árabes Unidos, país al que se trasladó el pasado 3 de agosto en medio de los escándalos sobre el origen de parte de su fortuna. Juan Carlos se refugió en el golfo Pérsico, con cuyas monarquías mantiene unas excelentes relaciones, sin aportar ninguna información sobre los procesos judiciales que le involucran directamente.
El intento de saldar sus cuentas con Hacienda pretende cerrar la investigación que abrió hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción al detectar el uso de las citadas tarjetas y que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado Juan Carlos I. El Ministerio Público trata de comprobar si entre 2016 y 2018 los gastos con esas tarjetas superaron los 275.000 euros en un solo ejercicio, que conllevarían pagos a Hacienda por 120.000 euros anuales, la cantidad defrauda a partir de la cual se abren investigaciones penales.
Juan Carlos I era inviolable –no podía ser investigado– por hechos anteriores a 2014 cuando era jefe del Estado, pero esos posibles delitos fiscales se habrían producido con posterioridad a su abdicación. La Fiscalía ya ha interrogado al millonario mexicano del que procedería el dinero gastado con las tarjetas, Allen Sanginés-Krause, y al teniente coronel retirado Nicolás Murga Mendoza, ya retirado, y que habría ejercido de vehículo para el uso de esos fondos. Murga Mendoza fue edecán del rey emérito.
La regularización fiscal de los gastos de las tarjetas, disfrutados por el propio Juan Carlos I y otros miembros de la familia real como la reina Sofía, allana el futuro judicial de Juan Carlos I, toda vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que los hechos relacionados con el dinero procedente de Arabia Saudí —objeto de otra línea de investigación en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía suiza— constituyen presuntos delitos amparados por la inviolabilidad del monarca. El Ministerio Público ultima una propuesta de archivo con una detallada exposición de las irregularidades cometidas por el monarca mientras era jefe del Estado.
Una vez elDiario.es desveló la investigación de Anticorrupción sobre las tarjetas opacas, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hizo pública una tercera vía de investigación sobre el emérito, que se suma a ésta y a la de los fondos de Arabia Saudí. Se trata de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey con varios millones de euros y que podría constituir un delito de blanqueo. Los movimientos de ese dinero con posterioridad a la abdicación son claves para saber si esta tercera vía puede concluir en una investigación en el Supremo, si bien el origen de la recepción de los fondos podría remontarse a 2005.