Denuncian abusos y farsas judiciales contra presos políticos en Venezuela
MIAMI, Estados Unidos. – No solo opositores y ciudadanos comunes pueden ser víctimas de la represión en Venezuela. Altos mandos chavistas que han dado la espalda al régimen también pueden enfrentar el peso del terror.
El portal digital Infobae denunció este miércoles varios de los métodos empleados por los órganos represivos en Venezuela, con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a la cabeza.
En la oscuridad, el chavismo suprime los derechos de los presos políticos, sometidos a tratos degradantes, más si se trata de figuras que alguna vez juraron lealtad a la llamada revolución bolivariana.
“Los presos políticos son cambiados arbitrariamente de un sitio de reclusión a otro, sin orden ni conocimiento del juez de la causa. Si un tribunal ordena que un detenido sea enviado a Ramo Verde, no es garantía de que la orden se cumpla. Tampoco lo es si un juez cursa la boleta de excarcelación de uno de ellos”, señaló el medio argentino.
Infobae refiere los casos del Mayor General (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien fuera ministro del Interior de Nicolás Maduro y uno de los hombres claves para la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, y del Capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga. preso desde mayo 2018 y único del grupo de los Comandos del Mar recluido en la Casa de Los Sueños, en los sótanos de la DGCIM.
Ambos oficiales fueron trasladados sin anuncio previo, sin orden del juez y sin conocimiento de la familia desde la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna hasta los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en lo que por ley debe ser considerado como una clara violación de sus derechos esenciales.
El testigo es otro de los actores empleados por la justicia chavista para “sentenciar” a los imputados.
Explica Infobae que “una de las características de los fiscales militares es presentar como su testigo principal a quienes hacen las actas de investigación contra los imputados”. El medio argentino agrega que, en la mayoría de los casos, “esas actas son fabricadas, sin prueba alguna, muchas cargadas de comentarios o de débiles testimonios de personas dispuestas a venderse como delatores”.
Algo similar ocurre en los tribunales. Uno de los casos representativos es el del juez militar Jofre Javier Chacón Ramírez, quien, según el propio Infobae, no ha cumplido con sus obligaciones desde la apertura del juicio al grupo de Comandantes del 2 de Marzo, también llamado Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, iniciado el 6 noviembre de 2020.
El diario argentino señala que Chacón Ramírez no ha cumplido con la normativa del juicio público, aportando la excusa del COVID-19.
Otra de las violaciones del proceso consiste en que el comandante Igber Marín Chaparro ha permanecido en los sótanos de la DGCIM sin que se cumpla su traslado al centro de reclusión de Ramo Verde, que le fue asignado desde la presentación.
Se especifica además que los tribunales militares en Venezuela ignoran las denuncias de torturas hecha por los algunos de los imputados, claras violaciones de derechos humanos ante las cuales la Fiscalía Militar no quiere actuar.
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