El 2020 en los tribunales de Sevilla: El triple crimen de Dos Hermanas entre mamparas

El año 2020 entraba con un caso en el horizonte como protagonista. La Audiencia de Sevilla iba a sentar durante el mes de mayo en el banquillo a los siete acusados del conocido como triple crimen de Dos Hermanas. Pero en marzo irrumpió el coronavirus suspendiendo casi toda la actividad judicial, incluido este juicio con jurado. Hoy concluyen doce meses marcados por un juicio y una sentencia que no dejó satisfecho a casi nadie y un año vivido entre mamparas. El 22 de junio, finalmente, daba comienzo la vista oral. Fuertes medidas de seguridad en el exterior e interior de la Audiencia. Sin entrada de público, sólo periodistas acreditados. Protección de los miembros del jurado para no desvelar su identidad. Y por supuesto con mamparas, mascarillas y mucha distancia entre los acusados y los abogados personadas. En el banquillo los cuatro miembros del clan de los «Cabos» con el «Pollino» a la cabeza. Además, los dos sicarios contratados para secuestrar a las víctimas para cobrar una deuda vinculada a las drogas: el Turco, su mujer, Sandra Capitán, y Lucía, de seis años, y la intermediadora entre los «Cabos» y éstos. Los tres fueron asesinados y enterrados en una fosa cubierta con hormigón. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2017. El jurado tendría que dirimir el papel de cada uno de los siete acusados en el secuestro y asesinato. El 17 de julio se conoció el veredicto: «Culpables» de los asesinatos Ricardo García H., alias «Pollino»; su padre, Ricardo García G., alias «Cabo»; y su mujer, Elisa Fernández H. La madre del «Pollino», absuelta. Los otros tres, culpables del secuestro únicamente del «Turco». Entonces llegaba el turno del magistrado-presidente, Juan Romeo. Estaba ante su último juicio antes de jubilarse. Las acusaciones solicitaban una prisión permanente revisable por cada asesinato. Podría tratarse de la condena más dura en la historia de este país en las últimas décadas. Pero el juez, perteneciente a la progresista asociación profesional Jueces para la Democracia (contraria a la prisión permanente revisable por considerarla innecesaria e inconstitucional), dictó una sentencia que causó una «shock» entre las familias de las víctimas. Imponía 25 años de cárcel a los tres acusados por cada asesinato , quienes sólo tendrán que cumplir 40 años de cárcel y podrán obtener el tercer grado a los 20 años. Cuatro de los acusados ya están en la calle. De Sevilla a Granada Como era de prever, de la Audiencia el caso ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el día 20 de enero verá los recursos interpuestos por la Fiscalía, las acusaciones y algunas defensas. Si el TSJA decide enmendar la decisión de la Audiencia sería el tercer revés en poco tiempo ante decisiones de los magistrados sevillanos. El pasado mes de febrero, un jurado consideraba culpable a dos de las hermanas Navarro Salguero y al que fuera pareja de una de éstas por asesinar en 2016 en La Rinconada a la que era su cuñada. La Audiencia los condenó a 23 años de cárcel. El juicio estuvo marcado por las declaraciones de los testigos protegidos. Tanto es así que en septiembre el TSJA anuló el juicio del conocido como «crimen de las cuñadas» , y por ende también la sentencia. Los acusados fueron puestos en libertad provisional. Habrá que repetir el juicio. Algo similar ha sucedido con el caso del bebé de seis meses de edad de la barriada del Cerezo de la capital que murió en verano de 2017. Su padre fue condenado por asesinato a 20 años de cárcel, en una sentencia redactada por la magistrada Mercedes Alaya tras el veredicto del jurado. El TSJA, tras el recurso de su defensa, considera los hechos un homicidio imprudente y ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel. El condenado ya está en la calle al haber cumplido gran parte de su pena. Manuel González, conocido como «el loco del chándal», en el juicio celebrado en la Audiencia - Manu Gómez Otro de los asuntos que levantó la atención de los medios fue el juicio contra el conocido como «el loco del chándal» por quemar la casa de la hermana del exalcalde de Almadén de la Plata en marzo de 2017, cuando era juez de paz del pueblo. Fue condenado a 18 años de cárcel. Una pena que se sumaba al amplio currículum delictivo de Manuel González González, quien fue excarcelado a finales de 2013 merced a la derogación de la doctrina «Parot» tras haber sido condenado a 169 años de cárcel por matar a una mujer y violar a dieciséis en Barcelona. Acuerdos: Valme y tapones El 2020 también ha estado protagonizado por dos acuerdos con los que se cerraba dos sucesos muy sonados. El 14 de diciembre de 2013 un matrimonio y una de sus hijas, de 14 años, vecinos de Alcalá de Guadaíra, fallecían al sufrir una intoxicación por inhalación de fosfina, un derivado de un plaguicida, del que almacenaban gran cantidad de tapones de envases en su cuarto de baño. Otra de las hijas se recuperó tras estar hospitalizada. El caso judicial llegó a su fin con una condena de dos años de cárcel para la encargada de la empresa responsable de gestionar residuos peligrosos, entre ellos los tapones. Además del pago de 675.000 euros a la familia. La indemnización recibida por la familia de Rocío Cortés, la joven sevillana que perdió la vida en agosto de 2017 después de dar a luz como consecuencia del accidente que sufrió cuando iba en un ascensor del hospital de Valme, llevaba al juzgado que instruía la investigación a decretar el archivo de la misma. Palmete y Los Pajaritos: violencia machista Lamentablemente la violencia de género volvió a rellenar páginas judiciales en este 2020. Dos jurados enjuiciaron y consideraron culpables a sendos asesinos de su exparejas en las barriadas sevillanas de Palmete y Los Pajaritos. Además de acabar con la vida de sus exparejas como señal de dominación sobre ellas, dejaron huérfanos a los niños de las víctimas. En el caso de Palmete, el hijo menor fue testigo del brutal ataque. En el segundo episodio machista, el hijo fue quien encontró a su madre muerta en el rellano del bloque en el que vivían. Miembros del clan de los chorizos, de Estepa - Manu Gómez Y por supuesto, drogas. Decenas son los juicios por tráfico de sustancias estupefacientes que se han celebrado en la Audiencia. El «clan de los chorizos», de Estepa, que volvía otro año al banquillo de los acusados, o el militar brasileño pillado en el aeropuerto de Sevilla con 37 kilos de cocaína. El Covid-19 y los juzgados de Sevilla Pero si algo ha marcado el año que termina hoy ha sido el coronavirus, que ha agravado la delicada situación de la Justicia en Sevilla. A la sobrecarga de asuntos por falta de medios humanos y juzgados, se le añade más retraso en la tramitación de las causas. Los asuntos laborales ya se fijan para 2025. ¿Y la Ciudad de la Justicia? El coronavirus también ha supuesto un freno en el deseo de la Junta de hacer realidad un viejo anhelo de la capital. López Adán, sentado en el banquillo de los acusados - Manu Gómez La gestión de IU en la Fundación DeSevilla, a juicio Una década después de los hechos, el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla vio el fraude de subvenciones en la Fundación DeSevilla entre los años 2007 y 2011, un «instrumento» público al servicio de IU. Un caso del que extrañamente se libraron Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez, ex primer teniente de alcalde y exdelegado de Economía, respectivamente, en el Ayuntamiento de Sevilla que gobernaba Sánchez Monteseirín. Extrañamente porque durante la vista oral el propio fiscal anticorrupción, la defensa del único acusado y los peritos judiciales apuntaron a los dos exdirigentes comunistas. Pero sólo ha sido juzgado por el presunto fraude de una subvención cercana al millón de euros destinada a proyectos sociales en países en vías de desarrollo como Cuba, Palestina o el pueblo saharaui, sólo ha sido juzgado Miguel López Adán, exgerente de la Fundación colocado por Carlos Vázquez. Le piden cuatro años y medio de cárcel.