El PP mantiene el veto al juez De Prada a pesar de que sí cumple los requisitos para acceder al Poder Judicial
El Partido Popular mantendrá el bloqueo que lleva imponiendo durante más de dos años a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, el pasado jueves, precisamente por los vetos impuestos por la dirección de Pablo Casado a dos de los juristas propuestos por el Ejecutivo, la actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia machista, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, que fue uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel y responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Ambos, Rosell y De Prada, fueron nombres puestos encima de la mesa de la negociación por Unidas Podemos, el socio del Ejecutivo al que Casado no reconoce legitimidad y al que siempre pidió dejar "fuera de la ecuación" para la nueva configuración del máximo órgano de gobierno de los jueces. De hecho, desde el PP siempre han asegurado que su negociación ha sido con el PSOE y no con el Gobierno, para remarcar que dejan fuera de las conversaciones a la formación de Pablo Iglesias.
El viernes, tras dar por zanjado ese diálogo sin cerrar un acuerdo, el PP aseguró que su veto a De Prada se debía a que "no fue elegido por sus compañeros dentro del turno judicial" –una de las dos vías de acceso al máximo órgano de los jueces, por la que los nombres son propuestos por los propios magistrados– "ni recogió avales para ello", por lo que, siempre según el equipo de Casado, "un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas", la otra vía de acceso, cuyos nombres son propuestos por los partidos políticos entre juristas de reconocido prestigio.
Como explicó entonces el PP, en 2018 el magistrado no pasó el corte en la lista de los 40 nombres que proponen los jueces para su órgano de gobierno ya que se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya, donde entonces prestaba servicio, no cumplía con el requisito de estar en servicio activo. Pero con ese razonamiento que impidió su elección dentro del turno judicial, el PP decidía vetar también la entrada de De Prada por el cupo de juristas. "Sería un fraude de ley", llegaron a asegurar a finales de la semana pasada fuentes de la máxima responsabilidad del equipo de Casado.
Fuentes del GGPJ consultadas por elDiario.es afirman que, técnicamente, De Prada sí podría ser elegido vocal por el llamado turno de juristas, siempre que pidiera una excedencia voluntaria, porque cumple con el resto de requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): ser un jurista —es decir, titulado en Derecho— de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El artículo 567.3 de esa norma establece expresamente que "podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional".
Estas mismas fuentes afirman que hay precedentes de otros jueces que estaban fuera de la carrera —ejerciendo la abogacía, por ejemplo— y que han sido nombrados vocales del CGPJ por el turno de juristas, que en teoría tiene como objetivo que entren en el CGPJ representantes de los diversos sectores del sistema de justicia y de las distintas profesiones jurídicas (fiscales, abogados, catedráticos de universidad...). No consta que haya ocurrido en otra ocasión que un juez en servicio activo haya pedido excedencia voluntaria para entrar por juristas, aunque técnicamente no habría impedimento para ello si cumple lo requisitos que marca la ley.
En 2018, cuando se inició el procedimiento para la renovación del CGPJ antes de que caducara su mandato, De Prada llegó a comparecer en el Congreso por ser uno de los miembros de la lista acordada por populares y socialistas a integrar el nuevo CGPJ en la negociación que saltó por los aires tras filtrarse un mensaje de WhatsApp en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado para la presidencia— se controlaría "por detrás" la Sala Segunda del Supremo.
Entonces también fue candidato por el turno de juristas, aunque en ese momento se encontraba en situación de servicios especiales como magistrado del Mecanismo Residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas que debía resolver la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. Es decir, no estaba en servicio activo en la carrera judicial, situación en la que sí se encuentra desde marzo de 2019, cuando regresó a su puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En esa comparecencia el juez reconoció que no se encontraba cómodo al integrar el CGPJ por la terna de juristas de reconocido prestigio en lugar que por la de jueces y recordó que fue precisamente su comisión de servicios para el fallo del TPI de La Haya lo que le impidió acceder la convocatoria del CGPJ como juez. La Junta Electoral había acordado por unanimidad excluir su candidatura por no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial, que es uno de los requisitos para acceder a una de las 12 plazas de vocal del órgano de gobierno de los jueces por el turno dedicado a los jueces y magistrados.
Con la intención de presentarse al CGPJ, solicitó volver a su puesto en la Audiencia Nacional, pero la Comisión Permanente del Consejo se lo denegó "por no haber justificado" su cese en la situación de servicios especiales que cumplía en La Haya. Esa decisión motivó que la Junta Electoral acordase por unanimidad excluir su candidatura. Esta resolución contó con el aval del Supremo, que falló que su exclusión había sido conforme a derecho. La sentencia, que no fue por unanimidad, recordó que el artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la "regla general y básica" para acceder al CGPJ por el turno de jueces es "estar en servicio activo" y señaló además que De Prada "nunca" había "formalizado su renuncia" a su cargo en La Haya.
Esa resolución contó con el voto particular de dos magistrados, que consideraron que su candidatura debió ser aceptada. Según el voto particular, la Junta Electoral realizó una interpretación errónea de la LOPJ y el compromiso manifestado por De Prada de solicitar el reingreso al servicio en activo en caso de ser elegido equivalía "fáctica y jurídicamente a la manifestación de compromiso de renuncia al cargo" en el que se encontraba en ese momento.
Aquella comparecencia en el Congreso ya evidenció los recelos del PP ante el que considera una de sus ‘bestias negras’ judiciales. Y eso a pesar de que entonces los conservadores sí habían aceptado que tuviera una silla en el CGPJ. El portavoz del PP, Carlos Rojas, calificó de "muy políticas y controvertidas" posiciones públicas de De Prada como su apoyo a la justicia universal. "Hay muchos con más prestigio que usted. Es bueno que usted pase a la política y deje de poner sentencias", le dijo el diputado, que también cuestionó su independencia y su entonces futura labor en el CGPJ.
"Mi independencia queda acreditada en toda mi carrera profesional, desde la primera hasta la última resolución. En España y en la justicia internacional", respondió De Prada. El magistrado recordó que entonces tenía a sus espaldas "más de 32 años de función jurisdiccional" y que, de ellos, 28 años los había pasado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el caso de Victoria Rosell el veto del PP se debe a que actualmente ocupa un "cargo político" en el Gobierno. Según el equipo de Casado, incluirla como vocal del nuevo CGPJ sería incurrir en las "puertas giratorias entre la política y la justicia" con las que los populares dicen ahora querer acabar.
El propio PP lleva, sin embargo, décadas nutriendo el Poder Judicial con cargos públicos de diferentes gobiernos. El ejemplo más flagrante es el del actual presidente del CGPJ a propuesta de los populares, Carlos Lesmes, cuyo mandato caducó en 2018 pero que permanece en el cargo gracias al bloqueo de los de Casado. Lesmes ocupó puestos políticos en los ejecutivos de José María Aznar. Otro paradigma de esas puertas giratorias que Casado dice querer combatir es el del secretario de Justicia de su propia dirección y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que también ha transitado de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años, siempre bajo el paraguas del PP.
Antes de ser fichado en 2019 primero por Isabel Díaz Ayuso y luego por el propio Casado para ser parte de su Ejecutiva, López fue vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Constitucional –de donde tuvo que dimitir en 2014 tras triplicar la tasa de alcohol permitida en un control policial que se le realizó en Madrid mientras conducía su moto– en ambos casos a propuesta del Partido Popular. "El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ", argumenta ahora el propio López.
Sus palabras chocan con otros casos como el de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ entre 2008 y 2014, que antes de ser nombrado miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP había sido cargo público en la Generalitat valenciana durante los gobiernos del 'popular' Francisco Camps. O el de José Merino Jiménez, que pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, un cargo en el que permaneció de 1997 a 2001, a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP.
A pesar de sus vetos tanto a Victoria Rosell como a José Ricardo de Prada, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, aseguraba este lunes que "si Sánchez quiere, se puede desbloquear el proceso de renovación de los órganos judiciales". Él insistió en que las condiciones del PP pasan por "avanzar hacia la despolitización de la justicia", la retirada de la reforma planteada por el Ejecutivo para limitar la labor del CGPJ cuando está en funciones y que Unidas Podemos no esté en la negociación "porque está intentando erosionar las instituciones".
"Nuestras condiciones están claras y cuando Sánchez solucione sus líos internos, ponga orden en el Consejo de Ministros y logre acabar con la batalla interna que tienen en el seno del Gobierno, que nos llamen. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo", zanjaba, en una entrevista en Antena 3.