Gobierno planteó rebajar a 815 millones la subasta del 5G pero por 20 años
El Gobierno presentó en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un proyecto de orden para la subasta de la banda de 700 Mhz que contemplaba un precio de salida de 815 millones de euros, un 18% menos que el establecido en las condiciones publicadas hoy en el BOE, pero para una …
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El Gobierno presentó en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un proyecto de orden para la subasta de la banda de 700 Mhz que contemplaba un precio de salida de 815 millones de euros, un 18% menos que el establecido en las condiciones publicadas hoy en el BOE, pero para una concesión de licencias por un periodo de 20 años.Así, se refleja en el informe de la CNMC, que data del 7 de abril, sobre el proyecto de orden para esta subasta de banda de 700 megahercios (Mhz) -una de las prioritarias para el 5G- que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales le presentó el pasado mes marzo, y que el organismo regulador ha hecho público este lunes.
El contenido de este proyecto de orden, al que se refiere la CNMC, es diferente al de las bases sobre esta subasta que el Gobierno sacó a información pública el pasado mes de diciembre.
El Gobierno rebaja un 15% el precio de salida de la subasta del 5G
EC
Estos 815 millones de euros de precio de salida fijados en el proyecto de orden presentado ante la CNMC se referían a una subasta de banda que contemplaba un periodo de concesión de licencias por 20 años, frente a lo publicado este lunes en el BOE, donde se fija un precio de salida de 995,5 millones de euros para una concesión de 20 años, prorrogables en otros 20 si los operadores cumplen ciertos requisitos.
La CNMC ha hecho público este lunes su informe sobre este proyecto de orden después de que el Gobierno publicara en el BOE las nuevas condiciones de esta subasta, que se celebrará antes del 21 de julio.
La CNMC ha hecho público este lunes su informe sobre este proyecto de orden
En las condiciones que salieron a audiencia pública en diciembre, el Gobierno había fijado un precio de salida de 1.170 millones de euros por un periodo de concesión máximo de 20 años, mientras que en las condiciones publicadas este lunes se establece un coste de salida de 995,5 millones de euros para un periodo de 20 años, prorrogables en otros 20 si se cumplen ciertos requisitos.
Sobre estos 815 millones de euros de precio de salida de la subasta que propuso el Gobierno en el proyecto de orden que presentó en marzo ante la CNMC, se pronuncia este organismo regulador en su informe, en el que plantea al Gobierno efectuar una revisión a la baja de este precio “en línea con las referencias del coste global en el resto de países europeos”.
No obstante, la CNMC reconoce una “gran dispersión” en el precio de salida de los distintos países europeos, “siendo muy difícil obtener una referencia clara”.
En el informe, la CNMC comenta que si se tienen en cuenta el precio de salida propuesto, junto con las tasas a satisfacer durante la duración de la concesión -20 años-, el precio por Mhz en España “sería de los más altos de Europa”.
El organismo regulador recuerda que el Gobierno se ha comprometido en la Estrategia de Impulso de 5G a rebajar la tasa anual por uso del espectro radioeléctrico, pero entiende que la concesión es por 20 años y el compromiso del Gobierno se limita a tres.
La CNMC, que siempre se refiere al proyecto de orden que le remitió el Gobierno en marzo, también recomendó ampliar las obligaciones de cobertura propuestas por el Gobierno y que estas guarden coherencia con las ayudas públicas para el despliegue de las redes 5G que plantea el Gobierno.
El organismo regulador hizo otra serie de consideraciones como que estima adecuado el mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas. Además, planteó la posibilidad de revisar la demanda real en el mercado de algunos de los bloques que saldrán a subasta.
La CNMC recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones establece que este organismo debe ser consultado por el Gobierno en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en aquellas que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado.
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