La reforma contra el abuso de interinos afronta la recta final todavía con diferencias con los sindicatos
Una semana para aprobar la reforma legal contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas. El Ministerio de Función Pública, dirigido por Miquel Iceta, afronta la recta final de la negociación con los sindicatos y las Comunidades Autónomas para intentar consensuar los cambios legislativos que, en cualquier caso, llevará al Consejo de Ministros este mes de junio. Así lo ha comprometido el Gobierno en Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. Tras una nueva reunión este lunes, los sindicatos valoran los avances del último planteamiento del Ministerio, pero insisten en que aún son "insuficientes".
La negociación se centra en dos aspectos principalmente. Por un lado, la reforma legal para evitar la temporalidad excesiva y fraudulenta de empleados públicos en el futuro. Y, por otro, medidas que también den solución al abuso presente sobre trabajadores temporales.
El sector público tiene una tasa de temporalidad que supera el 28%, más alta que en el sector privado (25%), y hay muchos casos de personas que han ocupado puestos temporales durante años. El Gobierno cifra unas 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos que en realidad son estructurales.
La reforma que ahora se negocia viene a responder a un problema enquistado en España desde hace años y al que no se ha puesto solución. La justicia europea resolvía justo este mes de nuevo que, en la actualidad, España carece de medidas de prevención y de sanción para los abusos en la temporalidad en el sector público, algo que exige la normativa comunitaria. El Pleno del Tribunal Supremo analizará este martes la sentencia europea, muy crítica con la doctrina del órgano judicial en este tema.
Ante los abusos y la ausencia de soluciones, se han creado movimientos de interinos que reclaman la fijeza tras años sus puestos. Es decir, que la Administración les haga fijos sin que la plaza salga a concurso público. Aunque algunas sentencias reconocen esta opción, la mayoría de tribunales ha invalidado la fijeza, siguiendo el criterio del Supremo, al considerar que no respeta los principios constitucionales de acceso al empleo público.
El Ministerio de Función Pública presentó a los sindicatos el pasado mes de mayo su propuesta de la reforma, que señalaba por primera vez responsables en la Administración por el abuso de la temporalidad para los que se contemplaba "la exigencia de responsabilidades". También planteaba el cese automático de los interinos a los tres años como máximo, entre otras medidas.
Los sindicatos devolvieron al Ministerio varias propuestas al respecto. Entre ellas, figuraba la concesión de alguna medida de compensación o resarcimiento para las personas que han sufrido un abuso de su condición de trabajadores temporales. También abordar ya los procesos de estabilización para reducir la elevada temporalidad actual que había anunciado el ministro Iceta, y que estos trataran de facilitar el acceso a los puestos fijos de los interinos que ocupan a día de hoy las plazas temporales. Eso sí, siempre dentro de los límites legales de "igualdad, mérito y capacidad" que exige la Constitución para acceder al empleo público.
Función Pública presentó hace unos días una nueva propuesta a los sindicatos, que recoge algunas propuestas. Entre las novedades, se propone una indemnización de 33 días por año trabajado para los interinos que estén en sus puestos más de los máximos establecidos. La "compensación económica" solo se plantea para los nombramientos de trabajadores a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Fuentes sindicales valoran de manera muy positiva que el Ministerio se haya abierto a conceder una indemnización para sancionar el abuso en la temporalidad, una opción que el Gobierno rechazaba en un inicio, pero consideran que no se puede ceñir solo a los futuros nombramientos. CCOO y CSIF han difundido este lunes comunicados en este sentido, que reclaman que la indemnización se reconozca a todos los interinos en fraude de ley en sus puestos. UGT ha enviado una nota que se centra en los avances conseguidos, aunque reconoce que aún queda "margen" para seguir mejorando el texto final.
Desde la representación de trabajadores consideran que el abuso en la temporalidad actual, que afecta a miles de personas, debe conllevar algún tipo de sanción. Como se apuntaba, Europa ha resuelto que a día de hoy esta no existe. Si se decide que la sanción no sea la indemnización para los trabajadores hoy en día afectados, por el elevado coste para las arcas públicas después de años de abusos, fuentes sindicales consideran que debe acordarse alguna otra solución. Este es el punto más espinoso para poder llegar a un acuerdo social, indican en los sindicatos.
La última propuesta de Función Pública también aborda los procesos de estabilización para las plazas ocupadas hasta el momento por interinos. El Gobierno propone el acceso a las plazas fijas a través de concurso-oposición, en el que la fase de concurso valga lo máximo contemplado: un 40%. En los sindicatos, de nuevo, reconocen el avance, pero piden más claridad con estos procesos y que, dentro de los márgenes legales, premien la experiencia para facilitar el acceso a las plazas fijas de las personas interinas.
Entre las propuestas para la estabilización del personal interino plantean que se eviten exámenes eliminatorios así como privilegiar exámenes práctico-teóricos, entre otras. La clave pasaría por hacer más sencillo a las personas que hoy en día ocupan estos puestos que consigan la plaza fija, pero sin negar la posibilidad de concurrir y acceder a la plaza pública a cualquier ciudadano que esté interesado en participar para así preservar los principios constitucionales. UGT apuesta por "una cláusula social" para "reubicar" a los interinos que no logren estabilizar su plaza.
La reforma de Iceta debe estar aprobada este mes de junio, confirman a este medio en Función Pública. En los anexos del Plan de Recuperación y Resiliencia español, que validó Bruselas la semana pasada, figura como uno de los hitos para lograr la financiación de ayudas europeas no reembolsables. "Entrada en vigor del acto legislativo para reducir el empleo temporal en las Administraciones Pública", recoge el documento, con el límite temporal del segundo trimestre de 2021.
El último Consejo de Ministros de junio tendrá lugar la semana que viene, el martes 29, por lo que el Ejecutivo tendría que dar luz verde a los cambios legislativos como tarde en esta fecha. Se prevé que la fórmula para aprobar la reforma sea el real decreto-ley.
Este martes, 22 de junio, el Ministerio abordará la reforma con las Comunidades Autónomas, otro de los agentes clave afectados por la legislación. El jueves hay fijada otra reunión con los sindicatos para seguir negociando. Si el Ministerio accede a incluir más cambios en su propuesta, o los sindicatos ceden en sus demandas para alcanzar un consenso, o la medida se aprueba sin acuerdo, se comprobará previsiblemente en los próximos siete días.