No correr es de cobardes

Me pasma la cobardía oportunista que se calzan algunos próceres de nuestra patria y entre ellos encuadro a un puñado de ellos miembros del Tribunal Constitucional. Me refiero a estos magistrados que hoy nos dicen que parte del decreto ley de alarma, la que nos confinó en casa en marzo del año pasado, era inconstitucional pero que tuvieron a bien confinarse ellos mismos en sus domicilios con buen cuidado, son de edad provecta, mientras morían cientos de personas cada día. No sólo es que ellos mismos aceptaran con sumisión absoluta las circunstancias y la respuesta jurídica que les dio el Gobierno español -como el francés, el alemán, el británico o el resto de los occidentales- sino que no dieron una guerra: ni una declaración o apunte clamando por sus derechos pisoteados hicieron. 

Lo mismo o peor hemos de proclamar de los valientes defensores de libertades y derechos de los españoles que viven bajo las siglas de Vox. No contentos con votar afirmativamente en el Congreso para respaldar la declaración del estado de alarma y su prórroga, no fue hasta noviembre de 2020, pasado el verano y aplanada la curva, cuando pensaron que esta podía ser una bonita manera de hacerle lawfare al Gobierno. Resumiendo: que los que nos traen ahora en bandeja este bonito fallo que va a permitir a mucho jeta tener un arma contra el Gobierno, respaldaron como corderitos la necesidad de confinarnos cuando la gente moría como chinches y cuando no teníamos aún ni el conocimiento ni los medios para protegernos de otra forma. Vox, que pedía en Twitter oficialmente el 12 de marzo al Gobierno "que valore decretar el estado de alarma". Valientes con causa, vamos. 

Tampoco voy a hacer mucho hincapié en el hecho de que el TC nos lance un 14 de julio, como a los perros un hueso, un fallo polémico, ajustado, un fallo con un componente técnico prolijo y muy discutido y discutible del que nos dejan ayunos de argumentos y de contra argumentos, porque hay mucha prisa en poder dar el titular que sirva para decir que el Gobierno, el que se acaba de renovar, lo hizo como el orto en la pandemia. En realidad a poca gente le va a llegar el tenso debate sobre si los derechos fueron suspendidos o limitados y si el estado de alarma permite suspender derechos o el de excepción ser usado para una crisis sanitaria. 

Lo cierto es que por decencia el Tribunal Constitucional tendría que haber dicho que ni el Gobierno ni el Parlamento tenían en sus manos hacer otra cosa. La ley 4/1981 deja claros los casos en los que pueden ser usados los estados de excepcionalidad constitucional y entre ellos el estado de excepción, que ahora determinan como propio para limitar esas libertades. El camino previsto es el de analizar el supuesto de gravedad excepcional y ver a qué estado corresponde. Era la alarma el que correspondía, el que de una forma clara se refiere en la ley a las crisis sanitarias. Esa misma ley reserva para el estado de excepción las situaciones de crisis de orden público en las que el libre ejercicio de los derechos fundamentales o el funcionamiento de las instituciones se vea gravemente alterado. Todos sabemos que eso no sucedía en marzo de 2020. Creo que hasta los seis magistrados del Constitucional se enteraron de ello. Así que me gustaría saber cómo argumentan en esa resolución que no conocemos -y que cuando llegue, a la gente le traerá al pairo- que sí, que se debía haber recurrido a él.

Cosa distinta es si todas las restricciones que el virus obligó a hacer -eran las características de la transmisión y la necesidad de aplanar la curva de contagios las que mandaron sobre las medidas- entraban y estaban previstas dentro del estado de alarma. Podrían dudar del amparo del confinamiento domiciliario, pero no asegurar que habría que haber decretado el estado de excepción. Han optado según cuentan por esta aberración.

La cuestión es tan ásperamente política que hasta el magistrado Andrés Ollero, que fue 17 años diputado del PP, ha tenido la vergüenza intelectual y jurídica de no poner su firma en esa resolución. Es la segunda vez que se desmarca de una tropelía semejante. El propio presidente conservador del tribunal, González Rivas, se ha unido a él para mantener junto a los progresista Xiol, Conde-Pumpido y Balaguer que el estado de alarma era el adecuado. Pero Pedro González-Trevijano, nombrado a propuesta del Gobierno de Rajoy, ha conseguido muñir esta extraña mayoría que ha contado al final con el voto de la "progresista" vicepresidenta del TC y que marcará en el futuro las posibilidades de nuevas declaraciones del estado de alarma. O sea, que más vale que no venga otro bicho y más vale que no tengamos que aplanar una curva que llegó a tener más de 900 muertos al día, porque con la decisión que ahora nos sirven no nos meten en casa ni para atrás. Recuerden que la alternativa que el TC da es inapropiada y claramente imposible. 

Pero los seis del TC no han querido hacerle un agujero al Estado -vale sólo con darle estopa al Gobierno, sin darse cuenta de que se la dan igual a la mayoría de la Cámara que lo respaldó- y salvan la posibilidad de que haya que indemnizar a nadie por esta restricción inconstitucional, según ellos, de un derecho fundamental. Se quedan en anular las multas. Otra cuestión que será de gran utilidad para futuros gobiernos si desgraciadamente nos vemos en circunstancias de riesgo extremo. No van a poder usar el instrumento constitucional y no les va a hacer caso ni Dios. Espero no verlo. 

Un tribunal caducado y fracturado ha emitido un fallo, que no una resolución aún, que tiene como principal objetivo dar metralla a los que pretenden seguir disparando contra el Gobierno. No les va a importar que ellos mismos, con sus diputados, respaldaran tal medida, porque aquí ya no importa nada. 

Yo doy gracias porque implementáramos un mecanismo legal, refrendado por los representantes del pueblo, que ahorró muchas vidas. Otros prefieren llegar tarde y enmendar lo que no hubieran tenido los redaños de hacer mientras la muerte nos acechaba. Llegar tarde con remilgos muy discutibles y cuando ya no importa es de muy cobardes. Tomar las medidas cuando fueron necesarias, un ejercicio de responsabilidad que ellos no tuvieron que asumir. Menos mal.