La Ley de Memoria extingue la Fundación del Valle de los Caídos y un decreto posterior expulsará a los frailes
Esta es la historia de una norma necesaria, muy demandada y que busca la divulgación de la memoria democrática de España. Este martes llegará a la mesa del Consejo de Ministros la Ley de Memoria Democrática. Lo hará 14 años después de la aprobación de otra impulsada en 2007, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y con el objetivo de corregir algunos de los déficit del texto anterior con una doble finalidad. De un lado, la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria a través de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Y de otro, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Todo, con el objetivo de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.
El articulado de la norma, a la que ha tenido acceso elDiario.es, regula los lugares de Memoria Democrática, con funciones conmemorativas y didácticas y resignifica como tal el Valle de los Caídos, un recinto que suponía una anomalía en la Europa democrática en exaltación de la victoria y la ideología política y religiosa de quienes ganaron la guerra civil. Asimismo, reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes y declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que elimina de facto el poder que los frailes conservan en el recinto.
El Gobierno aprobará un Real Decreto, en paralelo a la tramitación parlamentaria de la ley, por el que se regulará el nueva marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determinará su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, ya que entiende que los fines de la fundación que gestiona Cuelgamuros son incompatibles con los principios y valores constitucionales. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva ley, la fundación dejará de percibir los 340.000 euros que recibía al año de Patrimonio Nacional. Es más, la congregación benedictina que gestiona el recinto no tendrá competencia alguna a partir de ese momento sobre el conjunto, si bien su salida definitiva queda pendiente ahora de una negociación entre el Gobierno y la Iglesia Católica "previa a la aprobación del mencionado decreto para alcanzar los acuerdos pertinentes", aseguran fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que consideran que la continuidad de los benedictinos "es incompatible con los valores democráticos y constitucionales y con los nuevos fines del Valle" y la voluntad del Ejecutivo para que no tengan continuidad es "inequívoca".
El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa de extinción de una fundación, pero el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), preceptivo pero no vinculante, aconsejaba que se incluyera en el encomio la humillación de las víctimas, una recomendación que el Gobierno ha aceptado finalmente.
Catorce años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno entiende que en estos años se han producido nuevos elementos a escala nacional e internacional que hacían preciso un nuevo impulso a las políticas públicas de memoria en España teniendo en cuenta las recomendaciones de distintos organismos internacionales de derechos humanos, especialmente los informes del Relator de la ONU Pablo de Greiff de 2014 y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e involuntarias. Ambos informes coinciden en situar las políticas de memoria democrática en el contexto del avance global de las culturas y prácticas de los derechos humanos y la necesidad de articular una verdadera política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El demoledor informe de Greiff concluyó que España hacía poco y mal en lo que respecta la búsqueda de la verdad y la justicia sobre la dictadura franquista y por la reparación a las víctimas, y denunció que nunca hubo una política de Estado en materia de verdad, ni existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento.
Los distintos avances de las leyes y disposiciones en el ámbito de la Comunidades Autónomas han instaurado además mecanismos que trascienden y enriquecen el régimen memorial establecido en la ley de 2007, por lo que el Ejecutivo de Sánchez consideró necesario mejorar los niveles de articulación de las políticas de memoria democrática a nivel estatal.
La nueva ley, que se vertebra en torno a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria del Derecho Humanitario Internacional, declara nulas las condenas y sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual. Las víctimas o sus descendientes obtendrán una declaración de nulidad que les evitará una tortuosa y larga vía judicial. Quedarán así anuladas todas las sentencias de los Consejos de Guerra, las del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, las del Tribunal de Orden Público, así como las depuraciones profesionales de gremio.
El texto establece también medidas para evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como distinciones, títulos, condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios concedidos a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la guerra o la dictadura. Al Gobierno le corresponde ahora hacer un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 –que fue cuando el dictador se otorgó la facultad de concederlos– y 1978 en exaltación de la guerra civil y la dictadura, si bien desde la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática calculan que afectará a una treintena de reconocimientos contrarios a los valores y principios constitucionales.
El texto, que fue impulsado por la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo y el hoy ministro de Presidencia, Felix Bolaños, incluye una mención especial al papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia, algo que se repara en la ley de una forma transversal en toda ella. También establece la apuesta clara por adoptar medidas necesarias para la reparación en cuanto a la represión y violencia que sufrieron por su actividad pública, política, sindical o intelectual durante la guerra o en la dictadura o como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados.