¿A qué espera Batet?

Seis días después de la extraña votación que validó el pasado jueves la reforma laboral del Gobierno por un único y errático voto afirmativo del diputado del PP Alberto Casero, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sigue sin dar una sola explicación plausible y creíble de todos los puntos oscuros que rodean este episodio, más allá del error cometido por el parlamentario. Para empezar, ya es oficial que el Congreso autorizó el voto telemático de Casero vinculándolo a una regulación que sí obliga a la comprobación telefónica del sentido del voto. Pero no se hizo. De hecho, el diputado del PP había recibido un escrito del secretario general adjunto de la Cámara señalándole que su voto quedaba amparado por la norma del 2012, que es precisamente la que regula que la votación debe reafirmarse de modo telefónico para evitar posibles errores técnicos o interpretaciones equívocas. Sin embargo, cinco días después Batet sigue empecinada en que esa regulación ya no estaba vigente y que por eso no se hizo comprobación telefónica alguna porque aquella norma está superada por otra de 2020, lo cual no es del todo cierto. Más aún, cualquier diputado puede votar presencialmente aunque antes lo haya hecho de manera telemática, siempre y cuando lo solicite a la Mesa y esta lo autorice. Ocurre no obstante que ni un solo letrado se molestó en localizar a Casero para reafirmar el sentido de su voto, y que además Batet no dijo la verdad cuando afirmó que había consultado a la Mesa la posibilidad de que el diputado modificase su inicial voto. Lamentablemente, este episodio no va solo de la legítima y diferente interpretación jurídica que pueda hacerse de distintas normativas reglamentarias del Congreso, o de la jurisprudencia de la Cámara. Ni siquiera va del torpe voto de un diputado ante una de las votaciones más importantes de su vida parlamentaria. Tampoco va de las formas en que salió adelante la aprobación de la reforma laboral. Va, de nuevo, de los obstáculos que a través de la opacidad y la mentira vuelve a esgrimir Batet para evitar esclarecer los hechos. Y sobre todo, va de determinar si la votación debió haberse repetido, y en realidad no se hizo porque el PSOE y Podemos saben que habrían fracasado en su falsa «derogación» de la reforma laboral del PP de 2012. Además, Batet sigue sin contestar dos preguntas esenciales. Primero, por qué dio por rechazada la reforma y poco después por aprobada, como si su error fuese disculpable y el de Casero no. Y segundo, por qué dijo que consultó a la Mesa sobre si Casero podría enmendar presencialmente el voto telemático emitido horas antes si objetivamente no fue así. A Batet algunas mentiras ya le han salido caras, como cuando se enfrentó al Tribunal Supremo con el fin último de mantener el escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Pero es que ni siquiera ha avanzado si este martes reuniría a la Mesa para abordar el asunto, con lo que incurre en una sospechosa dilación. Aquí no hay auditorías independientes de nada, sino una apropiación del Congreso por parte de La Moncloa como si fuese una sucursal del poder ejecutivo en vez de un poder independiente del Estado. Y todo, basándose en que nadie sabe si realmente fue o no derogada la normativa del procedimiento excepcional de votación que se aplicó con motivo de la pandemia y el cierre físico del Congreso. Una cosa está clara: sigue vigente la obligatoriedad de los letrados de comprobar telefónicamente el sentido de un voto a distancia para ratificar su corrección y legitimidad. Y eso no se hizo. Por tanto, lo lógico es que un Tribunal impida de una vez por todas que Moncloa haga del Congreso su pequeño cortijo de votos a capricho, haya errores humanos o no en cada votación.