Contratos fraccionados y gastos sin pruebas: la investigación que cerca a Alberto Casero
El error del diputado del PP Alberto Casero que permitió la aprobación de la reforma laboral ha puesto el foco sobre el secretario de Organización del partido, un cargo de desempeño discreto hasta entonces, porque su labor está orientada a que funcione la maquinaria interna del partido. Su inesperado e involuntario protagonismo ha aflorado de nuevo la investigación abierta contra el 'número 4' del partido por un juzgado de Trujillo, la localidad cacereña de la que fue alcalde entre 2011 y 2019, por un posible delito de prevaricación continuada.
Tras dos legislaturas con mayoría absoluta, hace tres años el PSOE recuperó el Ayuntamiento de esa localidad (8.821 habitantes) y se encontró una deuda de siete millones de euros y, además, con empresarios y autónomos –"la mayoría de fuera del municipio"– que reclamaban el pago de servicios con facturas "sin reconocimiento de gasto, sin expediente, sin registro de entrada y sin saber en base a qué llegan esas reclamaciones dos años después de que Casero dejara el Ayuntamiento", según explican fuentes municipales.
El Ayuntamiento se negó inicialmente a pagar a los empresarios que reclamaban dinero de las arcas municipales sin expediente que justificase por qué había que pagarles.
Los empresarios afectados acudieron entonces a la Justicia, que ha ido obligando al Ayuntamiento al abono de las facturas. Por este motivo, el alcalde, José Antonio Redondo, decidió en noviembre de 2020 dar traslado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de todas las facturas. Un año después, un juzgado de instrucción de Trujillo inició una investigación contra Alberto Casero por, según la acusación, saltarse la Ley de Contratación del Sector Público. Es decir, no cumplir con los requisitos legales mínimos para la contratación del servicio cuando estuvo al frente del Ayuntamiento; dispensar dinero público sin documentos de por medio que lo justificaran.
Aún se investiga el caso y una vez que concluya tendrá que valorar si eleva la causa al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del diputado del PP.
Según las fuentes consultadas, la mayoría de los contratos son menores de 15.000 euros más IVA "seguramente con el objetivo de adjudicarlos a dedo", pero también existen "contratos fraccionados, en todos los casos sin el procedimiento administrativo correcto y con reparos del interventor municipal".
Los sumarios de corrupción están llenos de ejemplos como estos. Los cargos públicos que en algún momento han querido otorgar adjudicaciones a dedo siempre han recurrido a estas dos vías: contratos menores de 18.000 euros en total, que la ley permite dar a dedo y sin publicidad, o fraccionar en contratos más pequeños grandes licitaciones.
Gürtel fue el gran ejemplo de esta práctica, que se ha repetido en infinidad de casos. Según un informe judicial, en esa trama la Comunidad de Madrid fraccionó más de tres millones de euros en una centena de contratos menores para otorgarlos a las empresas de Francisco Correa de manera directa.
El Consistorio contabiliza una veintena de facturas en esta situación y entre ellas, por ejemplo, se encuentra la contratación de la celebración durante los años 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye, que organiza asociación cultural Bon Vivant, por valor de 56.628 euros, las de mayor importe de las que hasta ahora se ha tenido constancia porque se incluyen las costas del proceso judicial.
El Ayuntamiento también ha recibido una factura por valor de 15.000 euros de una asesoría de turismo por un trabajo de promoción del municipio. Fuentes municipales explican que ese trabajo consistió en incluir "tres fotos de Trujillo en una guía que se ha repartido en hoteles de Extremadura". Otra factura, de 17.000 euros, fue por una "asesoría en la Feria del Queso cuando ese evento depende de la Institución Ferial", de la que forman parte el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz.
Otra de las contrataciones destacadas es la de un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, aunque "no se tiene constancia de qué hacía o de si llegó a reunirse con alguna de estas víctimas". El contrato, de 18.000 euros con IVA, no se aportó al Ayuntamiento "y nuevamente no se aprobó el gasto porque no existe el expediente", insisten las fuentes municipales.
En su última etapa como alcalde los gastos de Casero se dispararon. La partida de protocolo ascendió a 4.000 euros mensuales y en seis meses gastó 1.175.000 euros que el Ayuntamiento había ingresado por la plantas fotovoltaicas, "justo antes de las elecciones".