El final de la legislatura ahonda la brecha en la coalición y refuerza a Irene Montero sobre Díaz

En el discurrir de cualquier legislatura, los distintos ministros ganan o pierden protagonismo mediático y peso político según se aborden leyes o reformas que afecten, o no, a su cartera. Así, si entre finales de 2021 y principios de 2022 fue el momento culmen de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hasta que a principios de febrero se aprobó (carambola parlamentaria mediante) la reforma laboral cuya negociación con los agentes sociales pilotó en calidad de titular de Trabajo, ahora el momento político pone en el ojo del huracán a Irene Montero.

Se trata de un movimiento pendular dentro del gabinete nada baladí, teniendo en cuenta la 'guerra fría' cada vez más indisimulada entre Díaz y Unidas Podemos. Ayer mismo, en la clausura de la Fiesta de la Primavera de Podemos celebrada en Valencia, se hizo patente. Díaz había dado plantón al evento, alegando razones «personales», y Montero y la líder podemita, Ione Belarra, la ignoraron en sus discursos. A ella y a su proyecto estrella, la reforma laboral, que ni siquiera fue citado como logro del Gobierno, dentro de una pléyade de elogios a las leyes de la «agenda feminista», como la del aborto, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde la semana pasada, o la de libertad sexual, conocida como la del 'sí es sí', que esta misma semana será aprobada en el Congreso. Belarra, además, pidió «pisar el acelerador» de la legislatura, habló de la «generosidad» de su partido, poniendo lo ocurrido en la candidatura para Andalucía (donde Podemos renunció al cabeza de lista, puesto designado por Díaz) como ejemplo y, en síntesis, definió a su organización como «el principal motor de todos los avances que se están produciendo en el Gobierno de coalición». Y ni una sola mención a Díaz.

Lo cierto es que Irene Montero gana peso como integrante del gabinete y eso agranda también la brecha con el PSOE, siempre muy preocupado por las materias de su competencia que se insertan en la agenda feminista. Y muy en particular, como se ha vislumbrado los últimos días, por todo lo referente a la prostitución y su abolición, el mayor objetivo de máximos proclamado por el Ejecutivo, desde el acuerdo que permitió en enero de 2020 la investidura de Pedro Sánchez. Hasta el punto de que la número dos del PSOE, Adriana Lastra, se descolgaba el pasado jueves anunciando una proposición de ley propia para castigar, incluso con cárcel, tanto a proxenetas como a clientes. Y dirigiéndose al PP, pero también a Unidas Podemos, afirmó que «ahora no tendrán excusas» para respaldar esa norma contra la prostitución, que los socialistas confían en poder votar en las Cortes a final de este año.

Las palabras de Lastra se producían apenas veinticuatro horas después de que el Grupo Socialista se viese obligado a retirar, el miércoles, una enmienda a la ley del 'sí es sí' en la que se planteaba aumentar el castigo a los propietarios de clubes de alterne. La enmienda contaba con el apoyo del PP, pero llevarla adelante habría puesto en peligro el conjunto de la ley promovida por Igualdad, a la que hubiesen retirado su apoyo -y así se lo hicieron saber al PSOE- grupos como el PNV y ERC, habituales socios del Gobierno, e incluso Ciudadanos (Cs). Montero, preguntada por la iniciativa del PSOE, dijo que «sumaba» pero, dejó claro, dentro de su ley, la del 'sí es sí'. El choque de trenes entre Lastra y la ministra se producía tras jornadas de mucha tensión. Una diputada de peso del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos acusaba al PSOE ese día de «ir a por todo lo que hace Irene Montero, indiscriminadamente». El cabreo en los pasillos del Congreso de miembros del partido morado era importante en esos momentos: «No superan que tengamos la cartera de Igualdad y la posibilidad de hacer leyes feministas». Esta misma voz insistía además en que el PSOE tiene «una pulsión» para «desgastar» a los ministerios morados y, sobre todo, a Montero. Se quejan de que les han torpedeado con todas las iniciativas: la reforma del aborto, la abolición de la prostitución o, en su día, con la 'Ley Trans' y con la de libertades sexuales.

Sin duda, Igualdad ha sido el área que ha desatado los enfrentamientos más feroces en el seno de la coalición, antes incluso de que se constituyese formalmente. El PSOE y, en concreto Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, intentó de todas las formas posibles que Irene Montero no asumiera el departamento. Hasta el punto de que, cuando el presidente Sánchez le pidió que ofreciese la cartera como una posibilidad para Podemos en el reparto del gobierno de coalición, ella no lo hizo. Se calló. La misma Calvo a la que en Unidas Podemos acusan de «tránsfoba» por frenar la 'ley Trans'. La autodeterminación de género sin informe médico desde los 16 años que defiende Unidas Podemos es inconcebible para un sector socialista y del feminismo.

Otro dirigente de Podemos acusa a los ministros socialistas y al PSOE de «filibusterismo» con los proyectos legislativos de Igualdad. Hay un momento clave de 2020 para ilustrarlo: el primer gran enfrentamiento del Ejecutivo. Calvo y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, frenan la ley de libertad sexual señalando problemas de redacción y fallos jurídicos del ministerio de Montero. Y Pablo Iglesias estalla contra Campo: «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», espetó veladamente al ministro. Dos años después, como evidencia el episodio de la enmienda sobre el proxenetismo, esa norma sigue generando tensión.

Dos partidos, tres sectores

La distancia entre Montero y Yolanda Díaz ha ido acentuándose en los últimos meses, empeorando, de hecho, desde que la vicepresidenta segunda empezó a desvelar que su proyecto electoral, bautizado como 'Sumar', pretende mantener a los partidos en un segundo plano y superar los márgenes de Unidas Podemos. Apenas hablan entre ellas y hay tensión.

Díaz y su equipo entienden que la marca morada está desvalorizada y aspiran a ampliar las bases sumando a colectivos civiles y perfiles independientes. Algo que, inevitablemente, desplazará a los dirigentes de Podemos de los primeros puestos. Precisamente lo que el partido morado quiere evitar: no perder poder ni representantes. La líder de Podemos y ministra, Ione Belarra, y Montero saben que la supervivencia de la izquierda alternativa al PSOE está en contribuir al proyecto de la vicepresidenta, pero teniendo cuidado de que su marca no desaparezca. Un difícil equilibrio. Además, los ministros de Consumo y Universidades, Alberto Garzón y Joan Subirats, son más próximos a Díaz que a Montero y Belarra. En definitiva, tres sectores en una coalición de gobierno de dos partidos políticos. Y ya se sabe que dos es compañía y tres, multitud.