La revolución feminista que empieza a mover la justicia de Colombia
Por primera vez la Corte Constitucional de Colombia, el más alto tribunal del país, tiene una Sala Plena compuesta por una mayoría de magistradas: cinco mujeres frente a cuatro hombres. Un hecho trascendente e inédito en el país, al que se ha sumado en febrero la primera designación de dos abogadas como presidenta y vicepresidenta de la misma institución.
La designación para el Constitucional de la magistrada progresista Natalia Ángel Cabo, de 50 años, puede servir como ejemplo de algunos avances en la equidad de género en la esfera pública colombiana. Pero su incorporación refleja también la otra cara de la moneda: las carencias de un sistema judicial aún hoy condicionado por el machismo y refractario al equilibrio consignado en la ley.
Tras un tortuoso proceso de elección, que se decide por votación final en el Senado, Ángel logró imponerse con 57 sufragios contra 22 y 16 de los otros dos juristas en carrera, respectivamente. Natalia recuerda, en conversación con elDiario.es, que se trataba de su tercer intento de ser magistrada. Por eso, tras meses de tensión, su elección el pasado 4 de abril significó una bocanada de aire fresco dentro de un clima de renovación.
La imagen de la primera Sala Plena con mayoría femenina en 30 años de historia de la Corte lo dice todo. Allí, junto a los cuatro jueces hombres, aparece con las magistradas Paola Meneses, Diana Fajardo, Cristina Pardo y Gloria Stella Ortiz. Ángel, académica de largo recorrido en la Universidad de los Andes, graduada por la Universidad de Harvard y candidata a doctora por la Universidad de Nueva York, dice que el momento es “significativo” y “relevante”.
También probablemente breve, ya que una de las juezas finalizó su período en junio. Ahora, mientras se elige un relevo, el encargado como reemplazo temporal ha sido un hombre. María Adelaida Ceballos, abogada e investigadora de la universidad EAFIT de Medellín, destaca la relevancia de otro hecho que ha sucedido casi en paralelo: la elección, por un periodo de un año, de las juristas Cristina Pardo y Diana Fajardo como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, para la Corte Constitucional.
Ceballos destaca el hecho de que estos cambios se hayan producido en el Constitucional. A su juicio se trata de la única corte que ha conservado cierta credibilidad entre los colombianos. Los otros altos tribunales, entre los que se cuentan el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, forman parte de un sistema caído en descrédito y que pocos ciudadanos comprenden.
“Tiene, entonces, un valor simbólico doble”, asegura la también candidata a doctora por la universidad canadiense de McGill, “por un lado se trata de un refuerzo para la imagen de un tribunal que se ha convertido en referencia para todos los ciudadanos que creen en una democracia robusta y en un control serio de las cortes sobre el ejecutivo. Y por el otro, se trata de un mensaje de renovación muy importante dentro de una corte que en sus inicios estuvo muy rezagada en términos de inclusión femenina”.
Un informe de 2007 sobre desigualdad regional recoge el testimonio de la primera mujer en integrar la Sala Plena, Gloria Inés Vargas (2001-2009). Cuenta que, cuando llegó a la sede de la corte a finales de los 90, se encontró con que el edificio contaba con un único cuarto de baño para hombres. Eran otros tiempo no muy lejanos: “Nunca pensaron que llegarían mujeres”, concluye la exmagistrada.
El 50% de entre los egresados de los programas de Derecho en Colombia son mujeres, según diversos trabajos de investigación de la socióloga María Adelaida Ceballos. Una paridad que se mantiene dentro de la base de la pirámide del sistema judicial, donde un 51% son juezas. Pero al escalar más, el terreno comienza a ser farragoso.
En la cúpula del organigrama se ha impuesto un muro que para muchas mujeres, a pesar de tener méritos, parece infranqueable. La representación femenina en el conjunto de las altas cortes, por ejemplo, llega solo al 23%, según un informe elaborado en 2019 por el Consejo Superior de la Judicatura. Una realidad que se ha tratado de equilibrar, con avances desiguales, a través de una ley de cuotas expedida hace 22 años.
La norma exige una representación mínima del 35% de mujeres en los “cargos decisorios” del sector público. Pero en los entresijos de los despachos judiciales se reproducen todo tipo de enredos para frustrar su aplicación. Paula Robledo, magistrada auxiliar del Consejo de Estado, sostiene que existe “falta de compromiso en la corporación”. Y agrega: “El proceso solo se cumple hasta la conformación de las listas de aspirantes a los cargos, en los que se incluye a mujeres muchas veces como una formalidad; pero no en la elección y composición de las distintas instancias”.
Cuenta también que muchos magistrados aún no comprenden la razón de ser de la ley de cuotas. De esta forma, no resulta extraño que la Procuraduría haya abierto 1628 procesos disciplinarios contra diversas instituciones por incumplir su parte a lo largo de 2020. Lucía Ramírez, investigadora de género del centro de pensamiento DeJusticia, explica que el discurso político transita por un camino y la realidad por otro: “El presidente Iván Duque anunció en su toma de posesión que el 50% de sus ministros serían mujeres. Hubo mucho entusiasmo y en principio se cumplió. Pero al poco tiempo el gabinete fue cambiando de nombres y la ley de cuotas rápidamente quedó en segundo plano”.
Para la magistrada Natalia Ángel es claro, sin embargo, que la norma de cuotas ha abierto el acceso a posiciones que de otra forma habrían sido vedadas para las mujeres: “Yo misma no habría llegado a ser magistrada”, opina con firmeza. También señala que se trata de un instrumento legal que ha servido como inspiración para colectivos de mujeres que se han movilizado para resaltar la importancia de que haya mujeres en los puestos de mando de la judicatura.
La expectativa hoy se centra en la llegada del presidente electo, Gustavo Petro, y en especial de la vicepresidenta Francia Márquez. El respaldo de los colectivos feministas a la ambientalista y su entusiasmo a la hora de hablar de políticas de género ha abierto la perspectiva de que con la anunciada creación del Ministerio de la Igualdad se doble la apuesta en este campo.
La postura de la investigadora María Adelaida Ceballos apuesta por la prudencia. Recuerda que la llegada del primer Gobierno progresista en la historia del país no significa ninguna garantía de que las posturas judiciales de las magistradas que aterricen en las cortes serán garantistas o liberales: “Las mujeres somos un grupo diverso. No somos un grupo ideológicamente monolítico. Eso quedó demostrado en la votación para la despenalización del aborto, que se logró gracias a la posición a favor de cuatro hombres y una mujer de la Corte”.
Se trata, apunta, de un estereotipo clásico dentro del menú de sesgos que se han normalizado en el sector judicial. La académica Paula Robledo, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, coincide y recuerda otros mitos “reduccionistas”, como podría ser que “hay que nombrar más mujeres porque son más organizadas", o bien porque “es más fácil llegar a acuerdos”. También rescata la anécdota del día en que un reportero le aconsejó a una magistrada no sonreír tanto durante las ruedas de prensa bajo el argumento de que “nadie la iba a creer".
Igual de “humillante”, agrega Natalia Ángel, resultó para ella el mensaje de abogados que, durante el proceso de elección de magistrados, la presionaron con mensajes en los que le pedían “a la niña que se retirara de la terna para darle los votos a otro de los candidatos”. Paula Robledo recuerda asimismo los chascos que vivió en sendas entrevistas que tuvo que pasar para ser magistrada auxiliar, donde le preguntaron con total desenfado si ya había hablado con su marido “para ver quién iba a cuidar a mi hijo de cinco meses en caso de ser elegida”.
Para dar respuesta a los interrogantes acerca de por qué es importante la paridad de género en los altos tribunales, y cómo enriquece las deliberaciones judiciales un enfoque de género, la nueva magistrada Natalia Ángel se remonta a la historia de violencia del país, donde las mujeres y las niñas han sufrido marcas pavorosas.
“Hay decisiones que impactan de manera diferencial a las mujeres”, argumenta Ángel, “y la presencia de una jueza, generalmente, ayuda a advertir esos puntos. En las discusiones que se han dado, por ejemplo, sobre desplazamientos forzosos en el conflicto armado, el imaginario giraba en torno a la idea de que el desplazado era un hombre. Y no, la mayoría de la población desplazada eran mujeres. Para darse cuenta de esas realidades, y encontrar una respuesta sensible a sus necesidades, es necesario contar con unas cortes plurales, con experiencias vitales diversas y que enriquezcan la experiencia del país en el que vivimos”.