El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ahorro energético con carácter obligatorio, para edificios administrativos, espacios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos. Para que ajusten sus termostatos y no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este lunes.

Las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser puestas en funcionamiento en los siete días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aprobado el plan para limitar termostatos en comercios y transporte público

Las adoptadas hoy se articulan sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas. Establecen un régimen sancionador «que se aplicaría» en caso de incumplimiento, ha recalcado.

El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Establece que los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.

Se trata de medidas de carácter inmediato, ha relatado Ribera, que ha anunciado que en septiembre se presentará el plan de contingencia y ahorro energético. Con otras nuevas, para seguir reforzando el ahorro y la eficiencia, el cambio de combustible, las renovables y la solidaridad con Europa.

No obstante, ha explicado la ministra, estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta «flexibilidades relevantes», con el objetivo de garantizar «los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas» de ciertos sitios públicos «siempre que quede justificado».

El paquete incluye medidas para agilizar «las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, reduciendo requisitos». También pretende facilitar la inyección de gases renovables en la red de gasoductos y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo energético.

Asimismo, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22.00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento. 

En cualquier caso, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.

«Es momento de ser solidarios, de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier presión a un socio de la Unión Europea lo es para todos», ha añadido.