AP: Nuevas denuncias contra excongresista de Miami contratado por Pdvsa
Un excongresista de Miami que firmó un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen socialista de Venezuela no sólo no […]
Un excongresista de Miami que firmó un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen socialista de Venezuela no sólo no hizo ningún trabajo aparente, sino que canalizó una gran parte del dinero a una compañía de yates en nombre de un multimillonario fugitivo, según nuevas acusaciones en una demanda civil.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Las acusaciones contra el ex diputado David Rivera aparecen en una nueva presentación el viernes en un tribunal federal de Nueva York por parte de opositores a Nicolás Maduro que ahora controlan las filiales con sede en Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de la nación sudamericana.
La empresa Interamerican Consulting de Rivera fue demandada en 2020 por PDV USA, una filial con sede en Delaware de la empresa venezolana Citgo. Alega que Rivera no realizó ningún trabajo por el contrato de 50 millones de dólares que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” destinada a tender puentes con actores clave de Estados Unidos.
El mismo contrato ha sido objeto de una investigación penal en curso por parte de los fiscales federales en Miami que investigan, entre otras cosas, si Rivera no se registró como lobista extranjero como lo exige la ley.
Rivera no ha sido acusado de ningún delito, pero los nuevos archivos ofrecen una visión detallada de sus relaciones con la industria petrolera estatal de Venezuela y de cómo supuestamente gastó el dinero que recibió.
Al mismo tiempo que se contrataba a Rivera, el gobierno de Maduro había lanzado una ofensiva de encanto para ganarse el favor de la administración Trump. Inicialmente evitó criticar abiertamente al nuevo líder estadounidense e incluso donó 500.000 dólares a su comité inaugural a través de Citgo.
La nueva presentación judicial se basa en pruebas descubiertas recientemente por los abogados de PDV USA, incluyendo 18.000 mensajes de texto y WhatsApp del teléfono de Rivera y declaraciones que hizo durante una declaración de dos días en julio.
Rivera recibió sólo 15 millones de dólares de la cantidad original, pero la nueva presentación dice que gastó parte de esa cantidad en pagos inexplicables a un narcotraficante convicto y a una empresa que administraba yates en nombre de un magnate de la televisión venezolana buscado para ser arrestado por las autoridades estadounidenses.
“El Sr. Rivera nunca prestó ningún servicio a Citgo y, al parecer, nunca tuvo la intención de hacerlo”, según la presentación de PDV USA. “En cambio, el verdadero propósito del acuerdo era encubrir transacciones ilícitas”.
Rivera no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha mantenido su inocencia y ha contrademandado a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no haber pagado los 30 millones de dólares que dice que se le deben.
Según la demanda, en uno de los intercambios de mensajes con Raúl Gorrín -un informante de Maduro que es propietario de la mayor cadena de televisión privada de Venezuela- Rivera habló de intentar organizar una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la empresa petrolera estadounidense Exxon.
La nueva presentación cita un mensaje en el que Rivera y Gorrín se enviaron un mensaje de texto diciendo que “la entrada del concierto es de 15 dólares, no de 20, como dijimos anoche”, palabras que los abogados de PDV USA califican de “clara referencia a un soborno”.
“En la declaración, el Sr. Rivera no pudo explicar qué significaba este mensaje de texto, y testificó que no recordaba haber asistido a ningún concierto en ese momento”, declaró PDV USA en su presentación. No dijo a quién podía ir dirigido el soborno y la reunión nunca tuvo lugar.
Rivera había pedido al tribunal que protegiera sus comunicaciones con Gorrín, a quien Estados Unidos acusa de ser el cerebro de una conspiración para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA. Gorrín es abogado, aunque no tiene licencia para ejercer en Estados Unidos, y un juez dictaminó en junio que las comunicaciones de Rivera con él no cumplían el umbral del privilegio abogado-cliente y debían ser entregadas como parte de lo que se conoce como descubrimiento.
De los 15 millones de dólares que recibió Rivera, alrededor del 75% se transfirió a otros individuos, según la nueva presentación. Alrededor de 3,75 millones de dólares se transfirieron a una empresa de Miami, Interglobal Yacht Management. Rivera alegó que el dinero era un gasto por los servicios del contrato. PDV USA alega, en cambio, que se utilizó para pagar el mantenimiento de uno de los superyates de Gorrín.
Cantidades similares fueron a parar a Esther Nuhfer, descrita como una antigua asociada política de Rivera, así como a Hugo Perera, un promotor inmobiliario de Miami que se declaró culpable de fraude fiscal en un enorme caso de contrabando de drogas en la década de 1990 contra el temido Cártel de Cali.
Rivera testificó que los pagos eran honorarios de referencia y por la asistencia que recibió como parte del contrato de consultoría, según el relato de PDV USA. Pero la nueva dirección anti-Maduro alega que PDV USA nunca dio permiso a Rivera para subcontratar el trabajo, como exigía expresamente el contrato de consultoría.
Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA alega que Rivera creó “contratos falsos” con fecha anterior al 20 de marzo de 2017 -el día anterior a la entrada en vigor del acuerdo de consultoría-.
Interglobal se negó a firmar el contrato antedatado, diciendo que no había realizado ese tipo de servicio de subcontratación.
“En resumen, PDV USA no recibió nada de Interamerican a cambio de hacer pagos de 15 millones de dólares”, alegan los demandantes. “La mayor parte de esa suma se transfirió a terceras partes que están acusadas de ser fugitivas de la justicia o bajo investigación criminal en relación con esos pagos”.
La presentación también alega que otros pagos, deducidos como gastos por Interamerican, se movieron en realidad entre cuentas controladas por Rivera. Los nuevos archivos alegan que el propio contable de Rivera declaró en una declaración tras reunirse con investigadores penales del Servicio de Impuestos Internos que creía que su cliente había cometido fraude fiscal.
El contrato de consultoría tenía toda la pinta de ser una farsa, según PDV USA. La empresa Interamerican de Rivera sólo ganó 9.500 dólares el año anterior a la firma del multimillonario acuerdo.
La demanda alega que la empresa controlada entonces por los leales a Maduro contrató a Interamerican de la nada, sin la debida diligencia, y que Rivera nunca se reunió en persona con nadie de Citgo o de PDV USA mientras supuestamente trabajaba en su nombre. En cambio, presentó dos informes de progreso “deficientes e incoherentes” de los siete que debía presentar.
“El expediente escrito carece de cualquier prueba de que Interamerican realizara alguno de los servicios contratados”, argumenta PDV USA en los nuevos documentos. “No hay ni un solo correo electrónico, ni una sola presentación de PowerPoint, ni un solo esquema, ni un solo memorándum, ni una sola anotación en el calendario, ni nada que sugiera que Interamerican haya realizado alguno de los servicios”.
Rivera sirvió una sola legislatura en el Congreso, en 2011-2013, y durante ese tiempo honró a los exiliados venezolanos que huían del régimen socialista y copatrocinó una legislación que buscaba retener la financiación de la Organización de Estados Americanos hasta que se enfrentara al entonces presidente Hugo Chávez por la supuesta violación de la Constitución de Venezuela.
Mientras fue legislador estatal, compartió casa en Tallahassee con el actual senador Marco Rubio, que era entonces el presidente de la Cámara de Representantes del estado. Desde entonces, se ha visto envuelto en varias polémicas relacionadas con las elecciones, incluida la orquestación de la financiación encubierta de un oscuro candidato demócrata para que se enfrentara a su principal rival en las elecciones al Congreso del sur de Florida. El año pasado se le impuso una multa de 456.000 dólares por violar las leyes de financiación de campañas en relación con esa trama.
Lea también:
AP: Excongresista David Rivera contraataca desde Miami por su trabajo con el chavismo
Juez de EEUU dictaminó que demanda de PDV USA contra David Rivera puede continuar
David Rivera, el excongresista que habría cobrado una millonaria suma para ayudar a Maduro