Los retos para la nueva presidenta de Perú, entre la debilidad de las instituciones y la injerencia de México
“Para mí sigue siendo presidente (...) Está fortalecido porque sabe el apoyo que tiene justamente de la población, de las calles”. Quien habla es Betssy Chávez, ex primera ministra del Gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo.
Chávez, una de las personas más cercanas a Castillo durante su breve gobierno –16 meses de un periodo presidencial de cinco años–, estuvo junto al expresidente hasta el final. Distintos reportes de prensa la ubican en la misma sala en que Castillo leyó el mensaje que selló su suerte.
Sin embargo, en una entrevista publicada este viernes, dos días después del intento fallido de golpe de Estado lanzado por Castillo, Chávez dice que no tenía idea de lo que el entonces presidente pensaba hacer. “Recién leyó su mensaje, nos quedamos fríos. Terminó su mensaje, me acerqué a él y me dice el presidente: ‘Es una decisión compleja. Fortaleza’”, dice la expremier.
El testimonio de Chávez resulta bastante inverosímil. Como inverosímil es pensar que Castillo, un presidente cuya desaprobación superaba el 60% desde hace meses, cuenta ahora, preso y acusado del delito de rebelión, con el apoyo de “las calles”.
El miércoles, a las 11:48 de la mañana, hora de Lima, Castillo invocó el “reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país” para “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”. No tuvo que esperar mucho para comprobar que ese reclamo no existía y que nadie, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía ni siquiera sus ministros, estaba dispuesto a acompañarlo en la aventura.
Uno a uno, los miembros de su gabinete ministerial fueron bajándose del coche. La última fue Chávez, quien ahora dice que nunca supo lo que se traía entre manos el presidente. La soledad de Castillo es tal que incluso su mano derecha alega ignorancia cuando se le pregunta por lo que hizo el entonces presidente ante 33 millones de peruanos.
Otro expremier, Guido Bellido, que ostentó el cargo por poco más de dos meses en el inicio del Gobierno de Castillo, ha encontrado una forma aún más estrambótica de defenderlo. Primero, en una serie de tuits, Bellido señaló que “el estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades” y “hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución”.
El viernes, Bellido visitó a Castillo en la dependencia policial donde se encuentra recluido, y al salir dijo que el expresidente no recuerda siquiera haber leído el mensaje: “Yo le he consultado al presidente por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice: ‘No recuerdo, Guido’”.
Entre los muchos disparates que simpatizantes o allegados del ahora expresidente Castillo vienen enarbolando, pocos son más peligrosos que el lanzado desde el Gobierno mexicano, un país con estrechos vínculos con Perú, que de forma irresponsable ha decidido interferir en un asunto así de delicado.
El mismo 7 de diciembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó una serie de tuits donde lamentaba que “por intereses de las élites económicas y políticas se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad” en contra del expresidente Castillo, al punto de “llevarlo a tomar decisiones que han servido a sus adversarios para consumar su destitución”. No hubo aquí ni en sus palabras posteriores ninguna condena del quiebre del orden democrático intentado por Castillo.
Al día siguiente, López Obrador llegó al punto de negarse a reconocer a la nueva presidenta, Dina Boluarte, quien como primera vicepresidenta del Gobierno de Castillo asumió el puesto una vez fue destituido, siguiendo el cauce que dicta la Constitución peruana.
En paralelo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que su Gobierno viene realizando gestiones para ofrecer asilo al expresidente golpista, como si de un perseguido político se tratara. El disparate ha escalado a tal punto que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha tenido que citar y reconvenir al embajador mexicano en Perú, y a la vez poner por escrito que “las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos de Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”.
Este es el complejo contexto, interno e internacional, en que tendrá que gobernar la ahora presidenta Dina Boluarte. Es demasiado pronto para saber si será capaz de concitar el apoyo de la ciudadanía y el Congreso. Su gestión nace débil, como débil fue el mandato del expresidente Castillo, cercado por su propia inoperancia, múltiples escándalos de corrupción y un Congreso, aún más impopular que él, que nunca estuvo dispuesto a concederle la más mínima tregua.
Precisamente, en su discurso de toma de posesión Boluarte pidió “una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional” sin especificar a qué se refería con esto último. En los próximos días, cuando nombre su primer gabinete, veremos qué entiende la presidenta por “unidad”. Y si es capaz de vender esa visión al Congreso y la ciudadanía. Todo el país y la región aguardan expectantes.
Diego Salazar es periodista peruano, colaborador del 'Washington Post' y autor de varios libros. El último es '¿Y ahora qué?', sobre la campaña electoral en Perú.